Desde que el gobierno de Mauricio Macri asumió, en diciembre de 2015, ha buscado el modo de destituir a la jefa de los fiscales argentinos, Alejandra Gils Carbó, que fue designada en 2012 por la presidenta Cristina Fernández y a la que identifica con el kirchnerismo. Sin embargo, la procuradora general de la Nación se mantuvo en su puesto hasta ayer, cuando presentó una carta de renuncia.

En ese texto, Gils Carbó manifestó que con su salida busca desactivar planes del gobierno de modificar el sistema de justicia. “Estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, escribió. Más adelante en su carta, la funcionaria insistió sobre este punto y manifestó su “esperanza” de que su dimisión, que se hará efectiva el 31 de diciembre, “disuada reformas” que “rompan con el equilibrio que debe regir en el sistema de administración de justicia”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, había anunciado que el gobierno planeaba modificar las normas que hoy regulan la remoción de los fiscales. Según recordó Página 12, en una entrevista reciente Gils Carbó manifestó su temor de que se generara una “distorsión de lo que establece la Constitución” acerca de la independencia de la Fiscalía respecto de los tres poderes del Estado, y había dicho a ese diario: “El gobierno quiere quitarle autonomía a los fiscales. A todos. No sólo a mí como procuradora”.

Los intentos del gobierno de desplazar de su cargo a Gils Carbó se tropezaron con una resolución judicial según la cual esto sólo es posible mediante un juicio político. A esto se sumaron intentos de acortar el mandato del titular del Ministerio Público y Fiscal, y llamados a que dejara el cargo. También se sumaron señales políticas que no convenían al gobierno de Macri. Una fue el gesto del papa Francisco de recibir a la funcionaria. Otra fue la comparación que hizo la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega (enfrentada con el gobierno de su país, que la desplazó del cargo), entre su caso y el de Gils Carbó. “Se da una situación similar, con procedimientos inconstitucionales”, en los intentos de destituirlas, consideró.

Finalmente, el jueves 12, Gils Carbó fue procesada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por supuestas irregularidades en la licitación pública para la compra de un inmueble para la Fiscalía. “Toda la administración de justicia sabe que soy una persona honesta”, dijo entonces la fiscal, que ayer le presentó al presidente argentino su dimisión.