El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una reforma fiscal que generó las primeras reacciones de rechazo apenas horas después de su presentación, cuando el jueves agrupaciones de jubilados salieron a manifestarse en las calles de París.

La reforma, que fue incluida en el presupuesto para 2018 que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, implica una reducción de impuestos, así como un recorte en el gasto público. El gobierno argumenta que es necesario aliviar la carga tributaria de las empresas con el objetivo de crear puestos de trabajo y revigorizar la economía francesa, que todavía no terminó de recuperarse de la crisis económica y financiera que empezó a afectar a la Unión Europea (UE) en 2008.

En su presupuesto, el gobierno prevé que el crecimiento económico de este año sea de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB), que el de 2018 sea de 1,7% y que los de 2019 y 2020 sean superiores. A su vez, buscará que el déficit fiscal, que actualmente es de 3,4% del PIB, baje en 2018 a 2,9%, el tope máximo fijado por la UE para los países de la zona euro.

La estrategia del gobierno de Macron para cumplir con estos objetivos es disparar una serie de medidas dirigidas a generar un crecimiento de la economía y recortar gasto público para que se produzca un aumento del PIB que haga que el déficit se reduzca comparativamente.

Por una parte, las medidas dirigidas a disminuir los impuestos implicarán que Francia recaude 10.000 millones de euros menos en 2018; por otra, las que buscan una reducción del gasto llevarán a que este sufra un recorte de 16.000 millones de euros, lo que representa una caída de un punto porcentual del PIB de 55,1% a 54%. Estos recortes se harán mayoritariamente mediante la eliminación de 1.600 puestos de trabajo público, del congelamiento de proyectos de infraestructura, la reducción del subsidio al transporte público y, en menor medida, con la disminución de las ayudas a las familias con menos ingresos.

En cuanto a los impuestos, una de las pocas medidas que se conoce es que el que rige sobre la riqueza dejará de aplicarse sobre el capital y se mantendrá sólo sobre el patrimonio inmobiliario, con el objetivo de fomentar la inversión empresarial. Otra medida implica reducir los impuestos que rigen sobre las empresas de 33% a 25% en los próximos cinco años.

Se desconoce qué otras iniciativas impositivas comprenderá esta política, pero el gobierno de Macron aseguró que beneficiará a 80% de las familias francesas directa o indirectamente. No está claro cómo lo hará, ya que los tributos que se prevé reducir son aquellos que se aplican sobre el capital, según el ministro de Economía de Macron, Bruno Le Maire. “Bajamos la fiscalidad que pesa sobre el capital para liberar la capacidad de crecimiento de las empresas francesas. Antes de redistribuir riqueza, hay que producirla”, dijo. El presupuesto fue definido como “ofensivo” y “al servicio del crecimiento y del empleo” por el ministro, que viene de las filas de Los Republicanos, el partido de derecha del ex presidente Nicolas Sarkozy, así como el ministro de Presupuesto, Gérard Darmann, quien dijo que el presupuesto para 2018 está “destinado a mejorar el poder adquisitivo de los franceses”.

También defendió el presupuesto el portavoz del gobierno, Christophe Castaner, quien aseguró que el único objetivo del Ejecutivo es “invertir la curva del gasto público”, porque ”pensar que se puede gastar más de un año para el otro es un error contra el que hace falta luchar”.

Voces en contra

Las críticas no tardaron en llegar. Las primeras lo hicieron desde la izquierda, que acusó a Macron de estar haciendo un “regalo a los ricos” para extender la “luna de miel” del actual Ejecutivo con el sector empresarial que todavía lo respalda. La aprobación del presupuesto se sumó a otra medida poco popular adoptada por el gobierno: la reforma laboral, que ya fue rechazada por los sindicatos y los partidos de izquierda.

Además, la presentación del presupuesto fue el empujón final para que el partido La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, empezara a articular con sindicatos y otras organizaciones de izquierda para convocar a una gran marcha en conjunto para rechazar los primeros lineamientos de la política económica del gobierno de Macron.

El presupuesto, que debe ser aprobado en el Parlamento antes de fin de año para entrar en vigor, no es más que la puntada final a una serie de anuncios en materia económica que causa malestar en grandes sectores franceses. El jueves fue el turno de los jubilados para manifestarse, en su caso por lo que consideran una contradicción: por un lado, el gobierno baja los impuestos a las empresas, pero, por otro, les aumenta la contribución social que pagan ellos, 1,7%, cuando las pasividades crecerán sólo 0,8%: 7,6 millones de jubilados perderán entre 150 y 250 euros mensuales por estos cambios.