El oficialismo ecuatoriano confirmó su división en la noche del martes, cuando la gobernante Alianza País (AP) sustituyó en su cargo de líder partidario a Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, y lo reemplazó con el ex canciller Ricardo Patiño. Los seguidores de Moreno y los del ex presidente Rafael Correa cruzaron declaraciones desde que se adoptó esa decisión, que afecta también al Parlamento. La crisis podría derivar en un regreso anticipado de Correa a Ecuador.

Parte de la Dirección Nacional de la coalición oficialista de Ecuador dispuso para Moreno “la pérdida inmediata de su dignidad como presidente del movimiento AP” y decidió designar en su lugar a Patiño. En la declaración que emitió el órgano de conducción del partido se llega a esta resolución después de enumerar varios artículos internos de AP que señalan los deberes de quienes pertenecen al movimiento. Entre otras cosas, se señala la obligación de “defender y respetar los principios y mecanismos democráticos establecidos en la Constitución de la República y las normas de AP”, y “mantener un trato respetuoso y fraterno con los demás adherentes”. Se menciona también que al comienzo de este gobierno se tendría que haber definido “la estrategia de relacionamiento con organizaciones políticas”, evaluado el “plan programático” y aprobado los “lineamientos políticos del período”, condiciones que no cumplió Moreno. Además, la dirigencia acusa al presidente de “manifestar públicamente criterios divergentes” de los de la coalición y “realizar actividades que atentan contra la unidad orgánica del movimiento”.

Adicionalmente, se decidió enviar la resolución al Comité de Ética e invitar al país al presidente vitalicio del movimiento, Correa, quien está en Bélgica, “para acompañar el proceso de fortalecimiento orgánico y la reestructuración de AP”.

La resolución de parte de la dirección del partido obedece a un escenario en el que el oficialismo está fragmentado entre quienes defienden el legado de Correa y quienes respaldan la gestión de Moreno y llegan a ser críticos con su antecesor. Estas diferencias se han profundizado en las últimas semanas, después de la detención de Jorge Glas por sospechas de corrupción, cuando Moreno lo suspendió en sus funciones y lo sustituyó con María Alejandra Vicuña. El sector correísta de AP recurrió esta decisión ante la Justicia.

Después del anuncio de la Dirección Nacional, Patiño calificó a Moreno de “enemigo de la Revolución Ciudadana”, el nombre que le han dado al proyecto político de AP los seguidores de Correa. Por otra parte, Patiño dijo que el ex presidente volverá al país.

Rápidamente la decisión fue respaldada por el propio Correa, que celebró que “por fin” la Dirección Nacional de AP reaccionara “atendiendo el clamor de la militancia”, y dijo que si se convoca una Convención Nacional del partido, él asistirá. Algunos partidarios de Moreno rechazaron públicamente la decisión de la Dirección Nacional y argumentaron que una modificación en la presidencia sólo puede aprobarse mediante la convención.

La decisión fue cuestionada también por otro órgano de AP, el Buró Político –encargado de la relación con el gobierno–, así como por el gabinete de Moreno. Por su parte, la nueva vicepresidenta ecuatoriana, Vicuña, dijo que los integrantes del Ejecutivo estaban reunidos cuando llegó la noticia y que la resolución les “ha causado risa”. Agregó que la decisión se tomó “en desconocimiento pleno de lo que dicen la bases”, “que respaldan al gobierno” y “de su presidente, del país y de AP”. Además, recordó que más de la mitad de los diputados de AP respaldan a Moreno. “Esos pronunciamientos no son consecuentes, responden a actitudes arbitrarias, antidemocráticas y contrarias a las normas que rigen nuestro movimiento”, añadió. Vicuña se presentó ante los medios acompañada por otros integrantes del gabinete y por figuras del movimiento que también criticaron la destitución de Moreno de la presidencia de AP.

Otra de las personalidades que manifestaron su respaldo al presidente fue el titular del parlamento, la Asamblea Nacional, José Serrano, quien también brindó una conferencia acompañado, en este caso por referentes del Parlamento y militantes de AP. Serrano calificó la resolución de “arbitraria, inconstitucional e ilegal” y criticó que no se haya convocado a Moreno a la instancia en la que se tomó la decisión. “No se le ha permitido el derecho a su defensa”, aseguró, antes de apuntar que se debería haber trasladado el caso a la Comisión de Ética para que tome una decisión. Además, Serrano dijo que el martes se hará una reunión de la bancada de AP para adoptar una postura sobre lo sucedido.