El gobernante Partido Popular de Camboya (CPP) inició a principios de año una campaña de presión para afianzar su poder, que incluyó la persecución a líderes opositores, y el cierre de 15 medios de comunicación y tres organizaciones civiles.

El último golpe de Hun tuvo lugar hace tres semanas, cuando el Ministerio del Interior solicitó al Tribunal Supremo la disolución del CNRP en base a la nueva Ley de Partidos. El gobierno modificó esa norma en febrero para sancionar a las organizaciones políticas que, de alguna manera, no cumplieran con lo establecido en la Constitución. Entre otras cosas, la nueva ley proscribe a los partidos políticos cuyos líderes hayan sido condenados por la Justicia.

Y, precisamente, el presidente del CNRP, Kem Sokha, fue detenido después de haber sido acusado de traición por “conspirar junto a fuerzas extranjeras” contra el gobierno camboyano. Ese delito se castiga con entre 15 y 30 años de prisión. El gobierno asegura que tiene un video y otras pruebas que muestran que Kem Sokha participó en un plan para derrocar al primer ministro junto a Estados Unidos y otros países.

Kem Sokha fue designado al frente del partido en febrero, cuando el entonces titular del CNRP, Sam Rainsy, fue condenado por difamación y tuvo que renunciar a su cargo para evitar que esa organización fuera disuelta por la nueva ley. Después, abandonó el país.

Si bien el máximo tribunal todavía no se pronunció sobre la solicitud del gobierno, el primer ministro ya dio por hecho que los magistrados fallarán a su favor y, al hacer el anuncio, llegó a detallar cómo serán repartidos los escaños del partido opositor “cuando sea disuelto”.

El Parlamento fue más allá y, hace dos semanas, aprobó cuatro enmiendas a la ley electoral que decidirán el reparto de los escaños del CNRP. En las elecciones de 2013, este partido obtuvo 55 de los 123 escaños del Parlamento camboyano. Estos cargos serán distribuidos, según definieron los legisladores, entre todos los partidos minoritarios. Una vez que el Parlamento aprobó las enmiendas, Hun dijo que su país es un “oasis para los partidos políticos”, y agregó: “Cuando un partido es disuelto, otros cinco toman su lugar”.

El reparto de escaños, además de ser desigual, es injusto en cuanto ignora lo que los camboyanos decidieron en las urnas hace cuatro años. Por ejemplo, partidos como el Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa, una formación monárquica en vías de extinción, dirigida por el príncipe Norodom Ranariddh, ganará 41 diputados a pesar de haber recibido 3,6% de los votos.

La decisión de disolver el CNRP llegó días después de que se filtrara una encuesta, encargada por el CPP, que predecía el triunfo de la formación opositora en las elecciones del año que viene.

El dato no sorprende, si se tiene en cuenta que en las últimas municipales el oficialismo perdió un tercio de los municipios que controlaba. Según los cálculos del diario camboyano Phnom Penh Post, gracias a la prohibición del CNRP, el oficialismo se quedará con todos los gobiernos locales menos uno.

Tras la detención de Kem, el primer ministro advirtió que otros en su partido serían acusados por el mismo delito. Desde ese entonces, más de la mitad de los 55 diputados del CNRP huyeron del país, incluyendo la histórica opositora feminista Mu Sochua, una de las tres vicepresidentas del partido. “Ya no me siento segura en mi país”, dijo a la agencia de noticias Reuters la activista, una vez en Bangkok.

La oposición también sufrió la pérdida como líder del titular del Partido del Poder Jemer, Sourn Serey Ratha, que a fines de agosto fue condenado a cinco años de cárcel por criticar a Hun Sen.

En estas circunstancias, el CNRP confía en que sus votantes se abstengan en las próximas elecciones, aunque están seguros de que ni siquiera eso impedirá una nueva victoria de Hun.

“Somos incapaces de hacer nada, dado que nuestros miembros, desde la cúpula hasta la base, están bajo amenaza”, dijo la hija del líder opositor y vicedirectora general de Asuntos Públicos del partido, Monoviyhya Kem, al portal Asian Correspondent. “Sólo podemos pedir a quienes nos apoyan, incluida la comunidad internacional, que se pongan del lado de la democracia”, agregó.

El jueves, Hun Sen volvió a echar leña al fuego cuando calificó al CNRP de “grupo terrorista” y advirtió que “cortará los brazos y piernas” de la formación para frustrar la “revolución” que, según aseguró, los opositores planean contra su gobierno.

No sólo adentro

Las condenas al gobierno de Hun también se hicieron sentir fronteras afuera de Camboya. El viernes 13 de octubre, el grupo Parlamentarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático por los Derechos Humanos (APHR, por las siglas en inglés), condenó la tentativa de Camboya de eliminar la oposición de cara a las futuras elecciones generales. “Estos nuevos desarrollos amenazan con consolidar el poder efectivo de un partido en el marco legal y niegan a los camboyanos su derecho fundamental a elegir libremente sus líderes”, dijo el presidente de la APHR, Charles Santiago, en un comunicado.

A la vez, el político malasio consideró que la denuncia contra Kem Sokha es una farsa que “revela las intenciones del gobierno para eliminar la oposición a toda costa” y afecta directamente la credibilidad del próximo proceso electoral. “Es una bofetada para el 44% de camboyanos que apoyaron al CNRP en las elecciones de 2013 y que merecen ser representados por los miembros electos”, dijo Santiago.

En tanto, el congresista filipino Tom Villarin, quien también integra la APHR, instó a la comunidad internacional a que aumente la presión contra Hun y compañía para “restaurar la democracia” en el país. “Desde 2013, Hun Sen ha desmantelado las frágiles instituciones democráticas de Camboya en un claro uso del sistema legal para subvertir el imperio de la ley”, agregó.

También el asesor legal de la Corte Internacional de Justicia en Bangkok, Kingsley Abbott, acusó a las autoridades camboyanas de tergiversar el “Estado de derecho” para “silenciar” a la oposición y de someterla a estricta vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad. Abbott recordó que Camboya se comprometió a respetar la democracia y la pluralidad política cuando firmó en 1991 los Acuerdos de Paz de París, que iniciaron la reconciliación nacional tras 13 años de guerra civil –un conflicto que Hun amenazó con reavivar si en julio de 2018 no logra la reelección–.

El experto anunció que pedirá a los países firmantes de ese acuerdo de 1999, incluidos Australia, Estados Unidos y Reino Unido, que exijan a las autoridades camboyanas el cumplimiento de sus compromisos para preservar la democracia.

Por su parte, la organización estadounidense Human Rights Watch denunció la “campaña de intimidación contra representantes de la sociedad civil” en Camboya.