El Tribunal Constitucional de Bolivia (TC) habilitó la candidatura de Evo Morales para las elecciones de 2019, en las que el presidente podrá buscar su reelección y seguir gobernando hasta 2025. La sentencia provocó reacciones en el oficialismo, que festeja, y en la oposición, que manifestó su rechazo.

Morales finalmente podrá ir tras su cuarto mandato consecutivo luego de que el tribunal respondió a un recurso planteado por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que buscaba que algunos artículos de la Constitución fueran declarados inaplicables y que se anularan otros de la Ley Electoral para permitir la candidatura del presidente. Podrá postularse, además, de forma indefinida.

El oficialismo se basó en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos para argumentar que debe respetarse el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo.

Los partidarios de Morales insistieron en buscar la validación de su nueva candidatura, a pesar de que la mayoría de los bolivianos rechazaron en un referéndum, en febrero de 2016, una reforma constitucional planteada por el oficialismo para permitir esta reelección. El MAS no reconoció los resultados de esa consulta, alegando que la población votó “engañada” por una “campaña de desprestigio” contra Morales promovida por la oposición.

El titular del TC, Macario Lahor, precisó el martes que la decisión fue unánime y aseguró que el tribunal actuó de acuerdo con lo establecido por la Constitución boliviana “y los convenios internacionales”. Además, explicó que la sentencia habilita también la reelección de otras autoridades como gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales que no podían postularse porque ya habían cumplido su segunda gestión consecutiva.

En una conferencia de prensa desde la sede presidencial, Morales dijo ayer que el fallo del constitucional “garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, la dignidad y el trabajo por la igualdad con nuestra identidad del pueblo boliviano”. En su opinión, la determinación del alto tribunal fue adoptada “en base a la Constitución, y sobre todo en base a un derecho internacional” que la respalda.

En las puertas del edificio de la presidencia, decenas de seguidores de Morales se aglutinaron para celebrar el fallo. Uno de los primeros en llegar fue el dirigente sindical José Domingo Vázquez, integrante de la Coordinadora por el Cambio Nacional (Conalcam), que agrupa a sindicatos de obreros, campesinos, indígenas y cocaleros afines al gobernante. Vázquez dijo a los medios bolivianos que la decisión del TC “es una muy buena señal para profundizar en la democracia en el país” y elogió que el fallo fuera “unánime”. La medida, agregó, habilita al pueblo boliviano “a que, de manera democrática, pueda elegir sin discriminación de ningún candidato”.

A pesar del optimismo del oficialismo, 75% de los bolivianos está en desacuerdo con que Morales pueda postularse a la presidencia de forma indefinida; según una encuesta publicada el jueves por el diario Página Siete, apenas 18% aprueba esa opción.

El TC tenía plazo hasta esta semana para pronunciarse sobre el recurso oficialista debido a que el domingo se celebrarán elecciones de las que saldrán los magistrados del Poder Judicial boliviano, incluidos los que integran el tribunal. De cara a estos comicios, los partidos opositores bolivianos llamaron a votar anulado para expresar el rechazo a un proceso que no consideran creíble, ya que los candidatos fueron preseleccionados en el Parlamento, donde el MAS tiene mayoría.

No tan contentos

La oposición también fue unánime, pero en el rechazo a la sentencia. Los principales líderes acusaron al TC de haber consumado un “golpe a la democracia” y de desconocer los resultados de la consulta de 2016. En declaraciones a la agencia de noticias Efe, el líder de la opositora Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, calificó de “ilegítima” la decisión del tribunal y lamentó que sea “la primera vez que un gobierno democrático desconoce el voto del pueblo”. También acusó al gobierno de Morales de operar “al margen de la Constitución y las leyes” por “querer eternizarse en el poder”.

Por su parte, el ex presidente Jorge Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano, dijo a los medios bolivianos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “no va a permitir que el artículo 23 de la convención que protege a los ciudadanos de los abusivos y autoritarios sea usado por uno de estos abusivos y autoritarios para buscar quedarse en el poder”. A la vez, llamó “sicarios serviles de Evo Morales” a los magistrados del TC y coincidió con Doria Medina en que “le han dado un golpe a la democracia”. Otro ex gobernante, Carlos Mesa, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, dijo en Twitter que el TC “ha destruido las garantías democráticas” y desconoció “la inalienable soberanía del pueblo” expresada en la consulta de 2016.

También la Central Obrera Boliviana (COB), que una vez fue cercana al gobierno, calificó de “grave traición” la habilitación del alto tribunal. “Preocupa bastante que se haya aprobado el tema de la repostulación, se está pisoteando la Constitución [...] Lo vamos a ver en las urnas”, dijo el líder del organismo, Guido Mitma. “Hay una desesperación totalmente política. Como COB decimos que no hay personeros imprescindibles. Se ha llegado a prostituir este proceso, no podemos hablar de cambio”, agregó.

El repudio también se trasladó a las calles. Luego de conocer el fallo, diferentes plataformas y colectivos iniciaron manifestaciones contra una sentencia que consideran que desconoce la voluntad del pueblo expresada en febrero de 2016. La primera movilización tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz el mismo lunes de noche, cuando decenas de personas salieron a la plaza principal para expresar que “no es no”, en referencia a los resultados de la consulta.

En La Paz, un grupo de personas llegó ayer de mañana a la llamada plaza Murillo para expresar su malestar por el fallo y fue inmediatamente desalojado por la Policía. La noche anterior, sin embargo, un grupo de militantes del MAS celebró la decisión en la misma plaza sin problemas, según Página Siete.

Durante la jornada de ayer, distintas organizaciones civiles hicieron circular por las redes sociales una convocatoria para salir en la noche a las principales plazas de cada ciudad para “pedir respeto” a los resultados del referéndum.

En la región, el primero en criticar el fallo fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. “En realidad, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, citado en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, no contempla el derecho a perpetuarse en el poder”, publicó en Twitter. “Además, la reelección presidencial fue rechazada en referéndum por voluntad popular”, agregó.

El ministro de Justicia boliviano, Héctor Arce, respondió enseguida: “Almagro tiene que conocer nuestra Constitución antes de inmiscuirse, como ya lo ha hecho anteriormente, en asuntos internos de nuestro país”.