Una investigación internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), en la que trabajaron durante un año más de 380 periodistas de 67 países, reveló ayer un complejo sistema para evadir las obligaciones fiscales por parte de multimillonarios y empresas multinacionales.
El trabajo periodístico, que se conoce como Paradise Papers, incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos firmas de abogados dedicadas a proveer servicios offshore: Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Los periodistas también se basaron en los registros mercantiles de 19 “jurisdicciones opacas”, o territorios considerados paraísos fiscales, repartidos en distintos rincones de Asia, el Caribe, Europa, Oceanía y Medio Oriente. Los documentos fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Además de personas ricas y empresas multinacionales –entre las que se destacan Apple y Nike–, en la lista de involucrados también figuran más de un centenar de políticos.
Para empezar, los archivos dejan al descubierto vínculos entre funcionarios del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y Rusia, que podrían contribuir a la investigación sobre la “trama rusa”. Uno de los involucrados es el actual secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien utilizó una red de sociedades en las islas Caimán para mantener ocultos sus intereses en la naviera Navigator. En 2016, Ross controlaba 31,5% de la compañía, entre cuyos clientes se encuentra la petrolera Sigur, propiedad de Kirill Shamalov, el yerno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Gennady Timchenko, un oligarca del sector de la energía muy relacionado con el gobernante. Más allá de revelar los nexos entre Ross y Rusia, los documentos muestran las relaciones comerciales entre la compañía del mismísimo secretario de Comercio de Estados Unidos y una empresa del sector de la energía, lo que plantea un grave conflicto de intereses.
El escándalo también salpica –apenas– al secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, quien fue director de Marib Upstream Services, una compañía de las Bermudas creada para trabajar en el sector energético de Yemen. Según el diario The New York Times, no hay evidencias de que Tillerson haya hecho algo “ilegal”.
La cosa está un poco más complicada para el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, que recibió en 2015 una inversión de 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner, cofundador de un fondo alimentado por el banco público ruso VTB Bank, utilizado como herramienta financiera del Kremlin y sobre el que pesan sanciones en Estados Unidos.
Por otra parte, la investigación coordinada por el ICIJ expone los negocios de Stephen Bronfman, mano derecha y financiador del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En concreto, los archivos muestran sus movimientos de dinero en un fondo de las islas Caimán, que le habrían permitido eludir el pago de millones de euros en impuestos en Canadá, Estados Unidos e Israel durante más de 25 años.
En América Latina, en los documentos aparece, por ejemplo, el ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, a quien relacionan con un fondo de inversión de Miami con ramificaciones en las islas Caimán. Revelan, además, que hasta que asumió como ministro también era el director de Alto Global Fund, un fondo dedicado a inversiones de alto riesgo. Consultado sobre el tema por el diario argentino La Nación, que colaboró con el proyecto periodístico, Caputo dijo que “una vez que entró a formar parte del gobierno de Argentina se deshizo de sus participaciones en la sociedad y en el fondo” y aseguró que “las rentas que recibió de Global Fund las declaró al fisco argentino”.
En tanto, en Brasil, los nombres de los ministros Henrique Meirelles, de Hacienda, y Blairo Maggi, de Agricultura, se leen entre los vinculados con sociedades offshore.
Meirelles creó un fondo fiduciario en las Bermudas para gestionar su herencia, según divulgó el medio brasileño Poder360, que también contribuyó con la investigación. Los documentos muestran que el contrato de ese fondo fue registrado a finales de 2002 a partir de una donación de 10.000 dólares realizada por el propio Meirelles, quien poco después asumió como presidente del Banco Central hasta noviembre de 2010. En su defensa, Meirelles dijo que ese fondo todavía no recibió activos y que será depositario de parte de su herencia cuando fallezca.
Por su parte, Maggi aparece como el beneficiario de una compañía abierta en las islas Caimán en 2010 por la sociedad montada entre una de sus empresas y el gigante holandés Louis Dreyfus. Sus abogados dijeron a Poder360 que Maggi jamás recibió dinero directamente de la firma offshore, aunque admitieron que es un beneficiario indirecto.