El ex presidente catalán Carles Puigdemont anunció en Bruselas que permanecerá en la capital belga hasta que existan garantías de un juicio “justo” y “neutral”, en el marco de la denuncia que la Fiscalía presentó en contra de su destituido gobierno por rebelión, sedición y malversación de fondos. Unas horas después, la entidad confirmó que tanto Puigdemont como los funcionarios catalanes cesados deberán declarar mañana ante la Audiencia Nacional. Si no se presentan, podría ser solicitada su detención.

Apenas empezó la conferencia de prensa, Puigdemont dejó claro que no tiene intenciones de evitar sus responsabilidades judiciales en España. Sin embargo, advirtió que no regresará al país hasta que las autoridades le garanticen que tendrá un juicio “justo”, “neutral” y que asegure la “división de poderes”. Por el momento, tampoco lo harán tres de los cinco ex ministros catalanes que viajaron con él. Anoche, a última hora, los otros dos ex ministros regresaron a Barcelona.

Puigdemont explicó que trabajará desde Bruselas “para hacer evidente el problema catalán en el corazón de Europa y mostrar la politización del sistema judicial español”, y aseguró que el resto de su gobierno, con el ex vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, presentará una “oposición política” al artículo 155 de la Constitución activado la semana pasada por el gobierno del presidente Mariano Rajoy. El ex titular de la Generalitat dijo que la decisión de viajar a Bruselas fue tomada el viernes, después de recibir informaciones de que “el gobierno español planeaba una operación agresiva” contra el pueblo catalán y los funcionarios del gobierno cesado, en caso de oponer resistencia a la aplicación del artículo 155.

La primera cuota de esa “operación” llegó el lunes, cuando la Fiscalía presentó las denuncias contra Puigdemont, Junqueras, los ministros regionales cesados y los miembros de la mesa que dirige el Parlamento, por el proceso que culminó el viernes con la declaración unilateral de independencia. El ex presidente dijo ayer que la denuncia no se sustenta en argumentos jurídicos sino “políticos”. Todos los funcionarios catalanes acusados están citados a declarar mañana ante la Audiencia Nacional, y la Fiscalía insistió en que serán detenidos quienes no se presenten. No está claro qué pasará con Puigdemont y quienes permanecen junto a él en Bélgica.

Por otro lado, el ex mandatario defendió las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, convocadas por Rajoy al amparo del artículo 155, y a las que su agrupación, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDe- Cat), ya confirmó que se presentará. Así lo aseguró el lunes la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, quien defendió la decisión porque, a su entender, es “necesario” que las fuerzas independentistas concurran a estas elecciones para defender el trabajo hecho a lo largo de estos últimos años.

Horas antes, el otro gran partido independentista y socio de gobierno de Puigdemont, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), anunció que también participará en el proceso electoral. El portavoz del partido, Sergi Sabrià, afirmó que a su formación “no le dan miedo la urnas” y que sus integrantes ven en estas elecciones “una oportunidad más para consolidar la República” de Cataluña.

Ambos partidos consideran que las elecciones de diciembre son “ilegales”, pero insisten en que es necesario presentarse para “defender la República”. Lo que todavía no aclararon es si volverán o no a reeditar la coalición Junts pel Sí, que los llevó al gobierno en las elecciones de 2015. El martes es el último día para registrar las coaliciones electorales, según establece el artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Es decir que la decisión sobre si se renueva la alianza deberá adoptarse en estos días.

En tanto, la también soberanista Candidatura de Unidad Popular (CUP) dijo el domingo que la formación “no descarta” presentarse a las elecciones porque “no descarta nada”, pero que esto lo tiene que decidir la militancia. Al igual que los otros dos partidos, la CUP entiende que los comicios convocados por Rajoy son “ilegítimos”, pero reconoció que su participación es fundamental para que el bloque independentista tenga una mínima oportunidad de obtener mayoría parlamentaria en el Parlamento catalán.

Va a estar complicado. De hecho, una encuesta de Sigma Dos publicada este domingo por el diario El Mundo revela que, si llegaran a unirse, las tres formaciones independentistas sumarían 65 escaños, tres menos de los necesarios para obtener la mayoría parlamentaria absoluta. El partido más votado sería la ERC, con 26,4% de los votos, seguido por el PdeCAT, que obtendría 9,8%, y la CUP, que lograría 8,2% de los apoyos.

El sondeo muestra además que, mientras los independentistas caerían en intención de voto respecto de las últimas elecciones, las demás formaciones ganarían terreno. El partido no independentista más votado sería Ciudadanos, con 19,6% de los votos. Le seguirían el Partido de los Socialistas de Cataluña con 15,1% y Catalunya Sí Que Es Pot –coalición en la que participa Podemos–, que alcanzaría 11% de los votos. En el cuarto lugar quedaría el Partido Popular de Rajoy, que registraría 8,7% de respaldo.

Un dato a tener en cuenta: Sigma Dos realizó la encuesta un día antes de que el Parlamento catalán declarara la independencia de Cataluña y el gobierno español decidiera aplicar el polémico artículo.