El Poder Judicial brasileño no podrá detener a personas para declarar ante los tribunales de forma forzosa, una práctica que se conoce como conducción coercitiva y que es utilizada de forma recurrente en la operación Lava Jato; fue aplicada, entre otros, sobre el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ayer el magistrado del STF Gilmar Mendes aceptó un pedido presentado por el Partido de los Trabajadores y por la Orden de Abogados de Brasil que pedía terminar con esta práctica.
La decisión de Mendes, que tiene carácter de orden para todos los tribunales judiciales, es provisoria, ya que deberá ser ratificada o rechazada por los demás jueces del STF, pero eso será en una sesión que se haga ya el año que viene, porque ayer comenzó el receso del máximo órgano judicial de Brasil.
En su fallo, Mendes argumentó que la conducción coercitiva viola dos derechos fundamentales: la libertad de movimiento y la presunción de inocencia. Esta es una herramienta prevista en el Código del Proceso Penal de Brasil, pero también está limitada: puede emplearse solamente si el acusado no acude a las instancias judiciales. En la operación Lava Jato ha sido utilizada de forma reiterada por el juez de Curitiba Sérgio Moro: ordenó 225 conducciones coercitivas y 111 prisiones temporales –mecanismo que incluye la detención por hasta cinco días con el objetivo de que se preste declaración–, informó la cadena O Globo.
Este no es el primer cuestionamiento sobre este procedimiento. En otras ocasiones tanto Moro como los fiscales que trabajan en la causa Lava Jato han señalado que si se cita a los sospechosos para que comparezcan ante la Justicia –mecanismo previsto para los casos habituales en el Código del Proceso Penal– estos pueden acordar entre sí qué declarar, mientras que la conducción coercitiva elimina esa posibilidad. Por ejemplo, en una de las etapas de la investigación de Petrobras se descubrió un esquema de sobornos sobre una serie de obras y, después de terminar con la etapa inicial de la investigación, Moro emitió 110 órdenes judiciales: 67 de allanamiento, 28 de conducciones coercitivas, 11 de prisión temporal y cuatro de preventiva.
Otros desacuerdos
El dictamen de Mendes será el que más afecte las prácticas cotidianas de la Operación Lava Jato, pero otras decisiones adoptadas antes del receso ponen límites a Moro y a los fiscales.
Ayer el STF decidió quitar de las manos de Moro las investigaciones sobre una “cuadrilla” formada en la Cámara de Diputados por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenece el presidente Michel Temer, para desviar dinero. El STF indicó que la causa no está vinculada con la corrupción en Petrobras, argumento que presentó Moro para mantenerla bajo su órbita, y que ocurrió en Brasilia, por lo que debe ser tratada por un tribunal de esa ciudad.
En otra serie de decisiones, Mendes y el pleno del STF optaron por archivar las investigaciones por presunta corrupción contra tres diputados y un senador, sustituir la prisión preventiva por medidas cautelares contra tres empresarios acusados de pagar coimas al ex gobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral, y brindarle la prisión domiciliaria a la esposa de Cabral, argumentando entre otras cosas que tiene dos hijos de 11 y 14 años.
Dos fiscales de la força-tarefa de la operación Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima y Deltan Dallagnol, criticaron las decisiones del STF y de Mendes en las redes sociales. El primero de ellos escribió en Facebook: “Hoy Gilmar Mendes encarnó a Papá Noel. Una pena que el regalo no fue para la población brasileña”; por su parte, Dallagnol tuiteó: “Es el viejo sistema de Justicia mostrando las garras de la impunidad”.