El Congreso peruano decidía anoche si destituía o no al presidente Kuczynski

La destitución del mandatario requería el voto de al menos 87 congresistas, de un total de 130. Ese número se podía alcanzar con legisladores de las bancadas de Fuerza Popular, Frente Amplio y Alianza para el Progreso. Medios peruanos, como el diario La República, estimaron que eran “seguros” 78 votos. Al cierre de esta edición, la bancada frenteamplista todavía no se había definido, y se desconocía si algunos de sus diez congresistas aportarían los nueve votos que faltaban.

La Constitución peruana establece que, en caso de destitución del presidente, corresponde que lo reemplace el primer vicepresidente, en este caso Martín Vizcarra, y si esto no fuera posible, la segunda vicepresidenta, Mercedes Araoz. Sin embargo, Kuczynski dijo el miércoles que ninguno de los dos aceptaría formar parte de un gobierno “antidemocrático”. Si esta situación se presentara, sería el titular del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, quien tendría que asumir la presidencia de manera transitoria y convocar a unas elecciones que deben celebrarse en el plazo máximo de un año.

El debate en la sede legislativa duró más de siete horas y comenzó con la intervención de los legisladores de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, que tiene la mayoría parlamentaria. Los fujimoristas insistieron, en cada una de sus intervenciones, en que la decisión de destituir a Kuczynski se basó en “motivos políticos” y no por los delitos en lo que haya podido incurrir el presidente en torno al caso Odebrecht. “El presidente no llegó a esta instancia por las maniobras corruptas, sino por mentirle al país”, resumió el congresista César Segura. Por eso es que, para sacarlo del poder, los opositores alegaron “incapacidad moral permanente”, un argumento que se suele presentar para sancionar “faltas éticas”.

Los demás partidos opositores se manifestaron en el mismo sentido, aunque la postura del Frente Amplio fue matizada. El congresista Hernando Cevallos, por ejemplo, manifestó: “Estamos juzgando al presidente por no tener capacidad moral, pero la mayoría de acá no la tiene, si no veamos la cantidad de denuncias que hay en la comisión de ética”. Si bien dijo que Kuczynski “ha demostrado no ser idóneo para el cargo”, agregó que su salida “no va a cambiar nada”, porque la corrupción está enraizada en el sistema político. Propuso, en cambio, modificar la Constitución, para crear una que “dignifique a la población y le corte las uñas a la corrupción”.

Por su parte, los legisladores del gobernante Peruanos por el Kambio aseguraron que la oposición no respetó el debido proceso al exigir la destitución de Kuczynski porque, entre otras cosas, “lo condenaron sin que pudiera defenderse”, según cuestionó el legislador Salvador Heresi. Además, el oficialismo denunció la “intencionalidad” y el “sesgo político” con el que trabaja la comisión parlamentaria que investiga el pago de sobornos por parte Odebrecht en Perú.

Modo escudo

Antes de que comenzara el debate, Kuczynski y su abogado, Alberto Borea, comparecieron en el Congreso para presentar la defensa ante el pedido de destitución que presentó la oposición. “Si uno revisa el pedido de vacancia [destitución], descubre que esta se sustenta fundamentalmente en una supuesta mentira”, empezó el político. A continuación, pidió a los congresistas que “actúen en consecuencia, pues está en sus manos salvar la democracia o hundirla por mucho tiempo”. Según consideró, lo que estaba en juego no era su “permanencia en el cargo”, sino “la estabilidad democrática”. Y agregó: “No soy corrupto, no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa o persona durante mi gestión como ministro de Energía y Minas, de Economía o como primer ministro, tampoco lo he hecho desde que soy presidente”.

Hay que recordar que la moción para destituirlo llegó después de que, la semana pasada, la comisión parlamentaria que investiga las ramificaciones del caso en Perú recibió un documento de la firma brasileña que da cuenta de varios pagos realizados a la empresa Westfield Capital, propiedad de Kuczysnki. El entonces presidente quedó en evidencia ya que, en el pasado, había negado de manera tajante haber hecho negocios con la constructora.

Kuczynski explicó el fin de semana que mientras ocupó cargos públicos se desligó de la gestión de su empresa, que quedó a cargo del empresario chileno Gerardo Sepúlveda. También aseguró que esos pagos –que suman 782.000 dólares– no formaron parte de un soborno, sino de un servicio de consultoría brindado por la firma. En la sesión de ayer, varios congresistas aseguraron que es “imposible” que el ex mandatario no estuviera al tanto de los asuntos que manejaba Sepúlveda en el país en el que él mismo era ministro.