Hoy se debatirán en la Cámara de Diputados de Argentina las reformas previsional y tributaria. El gobierno de Mauricio Macri hizo lo posible para que se acelerara su tratamiento parlamentario, que fue aprobado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja. En esa comisión, la discusión sobre la reforma jubilatoria provocó enfrentamientos entre los legisladores. Por su parte, organizaciones sociales se movilizaban ayer en rechazo a esta reforma, que si se aprueba, implicará que el aumento que perciban los jubilados en marzo será la mitad del que estaba previsto.

La principal modificación que aplica la reforma recae en la fórmula por la cual se calculan los aumentos de las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones familiares. Actualmente, se ajustan cada seis meses, y esos ajustes se rigen por dos factores: 50% por la evolución de los salarios formales y 50% por la recaudación del organismo de previsión social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Después de la aprobación de la reforma, el ajuste será trimestral y tendrá como base la inflación en 70% y la suba de los salarios formales en 30%. A esta fórmula se llegó debido a la presión de los justicialistas: la propuesta inicial del gobierno era que la fórmula fuera 95% de acuerdo a la inflación y 5% según la evolución del Producto Interno Bruto. Con esta modificación, la reforma fue aprobada en el Senado por 43 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones.

Algunas de las críticas que economistas afines al gobierno hacen a la reforma es que quedan desfasados el momento en el que se produce la variación de los indicadores y el ajuste de las prestaciones. Esto se debe a que en marzo de 2018 se aplicarán las subas considerando los valores del trimestre julio-setiembre de 2017, lo que implica un atraso de seis meses en una economía convulsiva como la argentina.

De esta forma, en marzo de 2018 el aumento que recibirán los jubilados no será de 12% sino de 5,7%. Con el planteo original del gobierno, el aumento hubiera sido de 5,2%. La reforma, si es aprobada, implicará para el gobierno un ahorro de 6.000 millones de dólares durante 2018, porque la proyección de aumento de los indicadores incluidos en la anterior fórmula es mucho mayor que los que se utilizarán ahora.

El texto incluye otras modificaciones. Una de ellas permite extender la vida laboral activa durante cinco años después de los 60 años para las mujeres o 65 para los hombres si el trabajador y la empresa están de acuerdo, y otra es que la empresa puede promover la jubilación de un trabajador que haya superado esa edad con el pago de una contraprestación. Por último, se garantiza que todos los jubilados reciban mensualmente 82% del salario mínimo, aunque tengan menos de 30 años de aportes, una modificación que no tiene un efecto importante en la realidad porque la jubilación mínima es de 81,8% .

La reforma jubilatoria avanza de la mano con la fiscal, que también fue acordada con los gobiernos provinciales, excepto el de San Luis. Esta segunda reforma básicamente cambia varios aspectos del modelo de coparticipación entre el gobierno nacional y las provincias. La intención del gobierno es que la reforma sea sometida a votación hoy mismo, y se prevé que sea aprobada gracias al apoyo de la bancada de Cambiemos y las que obedecen a varios gobernadores que se sumaron al acuerdo.

El gobierno ha defendido la reforma asegurando que es necesaria para que la Anses continúe funcionando a largo plazo, y que la vinculación directa entre las prestaciones y la inflación garantiza que, trimestre a trimestre, no haya pérdida de poder adquisitivo. “Los jubilados están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo”, aseguró el diputado oficialista Pablo Tonelli, y afirmó que “la mayoría de los países” usan fórmulas basadas en la inflación.

Por su parte, la oposición política y los movimientos sociales se oponen a la reforma argumentando que damnificará a un sector ya de por sí deprimido, como es el de los jubilados. Además, se criticó que en el debate de la reforma no se incluyó a organizaciones sociales que representan a jubilados y otros beneficiarios de programas que se verán afectados, como las asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo.

“Lo hicieron a prepo porque ya tienen el número [de plata que quieren ahorrar] y lo hacen ahora para quedar bien en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio”, aseguró la diputada opositora Victoria Donda.

La oposición también ha criticado lo que considera que es un aumento encubierto de la edad de jubilación, al considerar que lo que ahora parece ser una extensión opcional de cinco años se convertirá en una obligación, ya que las jubilaciones serán demasiado bajas. “Cuando veas que tu jubilación es muy poca, vas a seguir trabajando hasta los 70”, dijo el diputado del Frente para la Victoria Agustín Rossi. A su vez, el defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, dijo que no hay libertad “de elección cuando la tasa de sustitución –la diferencia entre lo que gana un trabajador activo y un jubilado– es de 50%. Nadie va a optar por seguir trabajando por voluntad, sino porque necesita seguir comiendo”.

También han surgido críticas desde organizaciones sociales, que ayer hicieron una movilización por la avenida 9 de Julio para protestar contra la reforma. Por su parte, la Confederación General de Trabajo convocó una marcha para hoy y un paro general de 24 horas para mañana en caso de que se apruebe la reforma.