Los senadores mexicanos votaban ayer la Ley de Seguridad Interior, que dará un papel prioritario a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, con posiciones polarizadas y en medio de un fuerte operativo policial que buscaba contener la protesta afuera del edificio, donde dos consignas se repetían: “No al gobierno militar” y “Queremos escuelas y hospitales, no militares”.
El día anterior, las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos del Senado le habían dado luz verde a la iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre.
Los líderes de las comisiones dejaron claros los argumentos a favor y en contra que circulan en la interna de los partidos. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que era urgente darle viabilidad a la norma, ya que en la última década el país ha atravesado una crisis que la Policía ya no puede enfrentar, por lo que sería necesario continuar con la intervención de las Fuerzas Armadas. El también oficialista Ricardo Barroso Agramont, titular de la Comisión de Marina, agregó que las Fuerzas Armadas solicitaron un marco jurídico para servir mejor al país.
En tanto, Benjamín Robles Montoya, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que las normas vigentes son insuficientes y no generan ningún tipo de control adicional y extraordinario de supervisión de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. Los demás senadores que se manifestaron en contra –entre los que figuran legisladores del Partido de Acción Nacional– agregaron que esta ley busca encubrir el fracaso de una estrategia de seguridad, pretende regresar al país al “presidencialismo autoritario con facultades metaconstitucionales” y no garantiza la paz ni la seguridad ciudadana, ni brinda certezas jurídicas.
La respuesta de quienes la apoyan es que el proyecto no implica la militarización del país, como sostienen los detractores, sino el fortalecimiento de las acciones del gobierno con reglas claras para que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas de forma “caprichosa”. La presión de la oposición determinó que, al final del debate, el PRI propusiera modificaciones a nueve artículos, basándose en sugerencias de “gobernadores, defensores de derechos humanos y sociedad civil”.
Aun así, ayer, antes de que se reanudara la discusión, el PRD adelantó que planeaba enmendar “hasta el título de la ley” para forzar su votación por artículos.
En líneas generales, la ley establece que la seguridad interior es “una parte” de la seguridad nacional y que esta se entiende como el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados a garantizar la vigencia del orden constitucional. Esto habilita a los militares a intervenir. Sus artículos más controvertidos dan al gobierno mexicano, por ejemplo, el poder de “suspender o restringir” los “derechos humanos y sus garantías” en caso de “perturbación grave de la paz pública” o de que se “ponga en peligro” a la sociedad. También le permite “ordenar la intervención del Ejército y la Marina para implementar acciones de seguridad interior en zonas de conflicto”. No explicita cuáles serían esas áreas.
La ley fue rechazada por organizaciones civiles mexicanas y organismos internacionales. Todos coincidieron en que las enmiendas introducidas en el texto son “inútiles” y pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que frenara su aprobación. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum, dijo que las modificaciones “no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las Fuerzas Armadas en funciones policiales”.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron en un comunicado conjunto que, “en lugar” de aprobar la ley, se abra “un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.