El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó el indulto navideño de este año, que tiene requisitos que permitirían la liberación de 37 de los 113 condenados por corrupción y delitos conexos por el juez de Curitiba Sérgio Moro. El indulto navideño es una tradición en Brasil, pero este fin de año las condiciones para conseguirlo son menos exigentes y más flexibles que en otros años.

Durante 2016, por ejemplo, los beneficiados por el indulto fueron personas condenadas por delitos cometidos sin violencia o amenaza a un máximo de 12 años de prisión, que no fueran reincidentes y hubieran cumplido un cuarto de la pena. Este año no se fija un máximo de años de condena para los beneficiados, que deben haber cumplido sólo un quinto de su pena y no ser reincidentes. Además, el indulto se extiende sobre las condenas al pago de multas, algo que estaba expresamente excluido en los decretos publicados en los últimos años. Lo que sí se repite es que se aplica sólo a personas condenadas por delitos cometidos sin violencia o amenaza, como corrupción o lavado de dinero.

El indulto es un decreto que está en vigor durante todo el año y establece las condiciones que deben cumplir quienes quieran pedir el beneficio, que se obtiene mediante un proceso judicial. En algunas ocasiones ha beneficiado a personas condenadas por corrupción, como en 2015, cuando obtuvieron el indulto ex diputados condenados por el escándalo de corrupción conocido como mensalão, el esquema de pagos a legisladores a cambio de su voto para determinadas leyes.

Debido a los recurrentes escándalos de corrupción que se vienen descubriendo en Brasil, el órgano que asesora al gobierno para la aprobación del indulto, el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, había pedido a Temer que excluyera expresamente a las personas condenadas por corrupción en el decreto. El fiscal Deltan Dallagnol, que coordina la investigación en torno al caso Petrobras, dijo que este veto había sido pedido en una resolución del órgano que contó con 20 votos a favor y tres en contra. El mismo pedido fue presentado mediante una carta de los fiscales que trabajan en la investigación de la corrupción en Petrobras, que manifestaron que el indulto convertiría la corrupción en “un crimen de bajísimo riesgo en Brasil”. Sin embargo, la solicitud no fue atendida.

Dallagnol utilizó su cuenta de Twitter para criticar el indulto, al que calificó de “una gran feria de Navidad para corruptos”. El fiscal tuiteó: “Continúa abierta la temporada de corrupción. ¡Vengan, roben, llévense todo! Ese es el mensaje”. Además, consideró que con este indulto “Temer prepara una salida para sí mismo” por si es condenado por corrupción, una posibilidad que está descartada hasta que deje la presidencia, el 1º de enero de 2019, ya que la Cámara de Diputados impidió que la Suprema Corte de Justicia tratara las dos denuncias en su contra.

El fiscal también manifestó que como el decreto reduce la pena a un quinto de lo establecido por la Justicia, desmotiva los acuerdos de delación premiada, por los cuales se confiesan delitos, se delata a otros involucrados y se obtiene una reducción de la pena. Por esto, calificó al indulto de “un tiro mortal al corazón” de las investigaciones sobre corrupción en Brasil.

En una columna publicada en el sitio de noticias UOL, Dallagnol señaló que ya el año pasado el indulto de Temer benefició a personas condenadas por corrupción, pero no a la mayoría, porque sus penas eran superiores a los 12 años y eso los excluía, algo que desaparece en la nueva edición del decreto.

Otra fiscal brasileña, Monique Cheker, también utilizó Twitter para opinar que el indulto “es un mensaje de que la corrupción no es un crimen grave” y una “ofensa” para el Ministerio Público, que busca combatirlo. Por su parte, el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima dijo en Facebook que el indulto “es un insulto al pueblo brasileño” y “una barbaridad”.

El indulto también fue criticado por la organización Transparencia Internacional, cuyo responsable en Brasil, Bruno Brandão, señaló que debería servir “como un instrumento de política humanitaria” y este uso lo “deslegitima”, convirtiéndolo en “un instrumento de impunidad”. En un comunicado, la organización señaló que este indulto “refuerza la percepción de que, con frecuencia, los corruptos y poderosos pueden encontrar maneras de escapar de la Justicia, sin importar la gravedad de sus crímenes”.

Las críticas hicieron que el ministro de Justicia, Torquato Jardim, saliera a defender la decisión. Jardim dijo que Temer consideró que Brasil vive un “momento político adecuado” para adoptar una visión “más liberal” del indulto en el derecho penal. Además, consideró que excluir a los condenados por corrupción de los beneficiados sería “arbitrario” y “un regreso al régimen militar”.