La ex presidenta Cristina Fernández fue procesada por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado por el juez Claudio Bonadio, a raíz de la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman antes de morir. El procesamiento de Fernández fue dispuesto con prisión preventiva, por lo que Bonadio solicitó el desafuero, que de acuerdo con las primeras señales tiene pocas posibilidades de ser aprobado. Fernández aseguró que este fallo busca callarla, asustarla y disciplinarla antes de su ingreso al Senado, previsto para el lunes.

El memorándum de entendimiento firmado por el gobierno de Cristina Fernández con Irán, en 2011, nunca entró en vigor y no tuvo consecuencias para la causa AMIA, pero sí las tuvo para quienes lo gestionaron. Varias personas involucradas en las negociaciones fueron procesadas ayer por Bonadio. La ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el sindicalista Luis D’Elía, el referente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Yussuf Khalil y el dirigente social y político Fernando Esteche fueron procesados con prisión preventiva, domiciliaria en el caso de Timerman. Esas medidas dispuestas por el juez se aplicaron ayer mismo, excepto en el caso de Fernández, ya que sería necesario su desafuero, que Bonadio ya solicitó.

También fueron procesados, pero sin prisión, el entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Óscar Parrilli, y el diputado Andrés Larroque, que estuvo vinculado con las negociaciones.

Bonadio dijo en el fallo que los ex jerarcas, “aprovechando sus cargos públicos, traicionaron a la Nación formando una relación con autoridades de la República Islámica de Irán [...] para tejer un acuerdo delictivo”. Además, pidió su prisión preventiva por “la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena”, porque se teme que “eludan la acción de la Justicia” y porque “los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo usados en perjuicio de la investigación penal”.

Espada de Damocles

Durante la tarde la ex presidenta brindó una conferencia de prensa en la que, haciendo gala de su condición de abogada, señaló que la firma del memorándum fue un acto de política exterior, por lo tanto no es judiciable, y que como nunca entró en vigor, el procesamiento refiere a “hechos que nunca se produjeron, que no tuvieron lugar, que no existieron”. Aseguró que se trata de “un despropósito, un verdadero exceso”, y que estas medidas “no solamente violan el Estado de derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias y sus ideas”.

Fernández ejemplificó el “disparate jurídico” señalando que para poder acusarla de traición a la patria Bonadio calificó los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 como atentados de guerra, no terroristas. Además, apuntó que en su fallo Bonadio pone en duda “la imparcialidad” del entonces secretario general de la Interpol, el estadounidense Robert Noble.

La ex presidenta aseguró que el presidente Mauricio Macri es el “verdadero y máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”. También acusó al gobierno de hacer “un manejo de medios, redes y recursos del Estado para perseguir y disciplinar a la oposición”, y afirmó que existe un “cronograma judicial y mediático” que es “planificado y obsceno”. Como ejemplo, mencionó que la detención de Zannini estuvo acompañada de cámaras de televisión pese a haber ocurrido entre las 2.30 y las 3.00, en Río Gallegos.

El procesamiento, aseguró Fernández, es “una gran cortina de humo” que tiene cuatro objetivos: “intimidar y asustar a la población y a la dirigencia política, social y sindical” para “disciplinarla”; “tapar” el hecho de que las políticas económicas “están fracasando”; también “provocar una reacción política que tal vez pudiera ser utilizada para reafirmar ese relato de construcción de enemigos internos”; y, por último, evitar que su voz se escuche en el Senado, dijo, haciendo referencia a que el lunes asumirá la banca para la que fue electa en octubre. “La próxima semana ingreso como senadora; me quieren ver callada y con la espada de Damocles sobre el cuello”, sentenció.

Fernández dijo que no será acallada, asustada ni disciplinada, y terminó diciendo que no cree que los argentinos crean que es una traidora a la nación y, dirigiéndose al gobierno, agregó: “La campaña electoral terminó en octubre. Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tienen hoy millones de argentinos”. Al ser consultada por los medios de comunicación sobre si recurrirá a algún tribunal internacional, Fernández respondió con un escueto “posiblemente”.

Cientos de personas se movilizaron ayer en la Plaza de Mayo, en respuesta a una convocatoria de organizaciones civiles, para respaldar a Fernández, con carteles que pedían el fin de la persecución política y muchísimas banderas de Argentina.

Algunos de los argumentos utilizados por Fernández también fueron mencionados por el juez Daniel Rafecas en su comparecencia ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde es cuestionado por haber desestimado la denuncia de Nisman. “Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría”, aseguró, antes de explicar que desestimó la acusación sin investigarla porque “no había delito para investigar”, debido a que el memorándum no entró en vigor. Además, Rafecas recordó que su decisión fue avalada por la Cámara Federal y el fiscal de la Cámara de Casación, Javier de Luca, pese a lo cual esta última cámara revocó su fallo y ordenó que la denuncia fuera investigada, momento en el que llegó a manos de Bonadio.

Los otros

Uno de los primeros políticos no kirchneristas en posicionarse sobre el pedido de Bonadio fue el líder del bloque del Partido Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto. El senador dijo que el tema probablemente empiece a analizarse en febrero y adelantó que su bancada no respaldará el desafuero. “Entendemos que no corresponde el pedido de prisión preventiva, porque la ex presidenta ha estado siempre ajustada a derecho; acaba de asumir un cargo institucional en el Senado y no creemos que haya presunción de fuga”, agregó. Además, Pichetto repitió su postura de que los desafueros deberían aprobarse exclusivamente cuando hay una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia, y no antes, y citó como ejemplo el caso del también ex presidente Carlos Menem, quien fue condenado por venta ilegal de armas en junio.

En el gobierno no hubo respuestas oficiales ni al fallo judicial ni a las acusaciones de la ex presidenta. Citando fuentes oficiales que pidieron no ser identificadas, la agencia de noticias Télam y el diario La Nación informaron que en el Ejecutivo el fallo fue considerado “sorpresivo” y el pedido de desafuero y detención de Fernández, excesivo. El periódico agrega, citando las mismas fuentes, que el gobierno respalda la posición de Pichetto de que los desafueros deberían ser concedidos únicamente cuando hay una sentencia firme, lo que excluye el caso de Fernández.