Reino Unido y la Unión Europea (UE) llegaron el viernes a un primer acuerdo sobre el monto que debe pagar el primero por las obligaciones financieras que adquirió en los 44 años en que fue miembro de la UE y sobre los derechos de los ciudadanos residentes. Según informó el gobierno británico al Parlamento, el desembolso que deberá hacer el país se sitúa entre 47.000 y 52.000 millones de euros. El acuerdo inicial establece, además, que los británicos y los ciudadanos de los países del bloque podrán “vivir, trabajar o estudiar como lo hacen actualmente”.

La primera ministra británica, Theresa May, publicó ayer una carta, dirigida a los ciudadanos comunitarios que residen en Reino Unido, en la que destaca que los tribunales británicos protegerán sus derechos una vez que se concrete la salida de la UE. En el comunicado, May repasa los principales puntos acordados la semana pasada con los representantes del bloque y destaca el papel que cumplen los ciudadanos europeos en Reino Unido: “Sé que nuestro país sería más pobre si lo abandonaras, y quiero que te quedes”.

“En un momento en el que estamos retomando el control de nuestras leyes, pueden confiar no sólo en que sus derechos estarán protegidos en nuestros tribunales, sino en que habrá una interpretación consistente de esos derechos”, afirma May, y dice a los europeos residentes en Reino Unido que sus derechos en materia de salud, pensiones y otras ayudas sociales “continuarán siendo los mismos que hoy”.

Según May, los europeos que hayan vivido más de cinco años en Reino Unido cuando se llegue definitivamente al brexit (algo que se prevé que ocurra el 29 de marzo de 2019) podrán optar al estatus de “asentado”, y aquellos que lleven menos tiempo allí podrán continuar en el país. “Así que, en este momento, no tienen que hacer nada en absoluto”, aseguró.

El acuerdo alcanzado el viernes, si bien es auspicioso, también es inicial y precario. Hay muchos detalles técnicos que no se han abordado y de los que dependen, por ejemplo, llegar a un acuerdo sobre un período de transición –de unos dos años después del brexit–, de manera de ofrecer a las empresas un poco más de certezas. Y es acerca de cómo funcionaría este período de transición que las certezas se diluyen en un mar de dudas.

Por ejemplo, la primera ministra británica aceptó que las normas y regulaciones actuales de la UE seguirían vigentes, pero insiste en que Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera antes de que comience la transición, justamente el día en que legalmente suceda el brexit. Pero la visión de los representantes de la UE es diferente. “Como saben”, dijo el mismo viernes el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, “Reino Unido pidió una transición de aproximadamente dos años, mientras permanece como parte del mercado único y la unión aduanera”. No sólo eso: Tusk aseguró que la aplicación de las normas y reglamentos de la UE seguirán siendo aplicables a Reino Unido durante una transición, lo que no sólo significa que el país debe respetar la totalidad de la legislación de la UE, sino que también debe aceptar las nuevas leyes que se aprueben sin tener voz ni voto en su implementación.

Asimismo, el Consejo Europeo entiende que Reino Unido deberá continuar respetando la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia durante la transición, sin tener un juez británico sentado en el tribunal.

Continúa sin resolverse cuál será el destino de los cientos de acuerdos comerciales con terceros países que se aplican a Reino Unido, únicamente porque es miembro de la UE. Estos acuerdos incluyen los de libre comercio, así como los muchos entendimientos en cooperación de todo tipo, en particular, en materia regulatoria. Cuando Reino Unido deje la UE ya no podrá aspirar a ser parte de ninguno de estos acuerdos y, dada la escasez de tiempo, es impensable que se renueven automáticamente.

En la medida en que aún son inciertos los pasos efectivos que se darán durante el período de transición, también lo es la futura relación que unirá a ambas partes una vez que se haya concretado el brexit. Pero esta, mucho más que una discusión legal, es un proceso de discusión política que depende, entre otras cosas, del apoyo político que tenga el gobierno de May (y los que vengan en el futuro). Para la mayoría de la UE, las conversaciones sobre la futura relación sólo pueden comenzar después del brexit, cuando Reino Unido se convierta en un tercer país. Mientras tanto, el gobierno de May espera que en esta materia se logren progresos más rápidos.

No te hagas la Margaret

En julio de 2016, cuando May preveía un mayor apoyo parlamentario a su gobierno en las elecciones que ocurrirían un año después, había dicho que “brexit significa brexit”, una frase tan dura e inequívoca que cualquier intento por matizarla hoy por hoy significa una claudicación. Esa expresión y su intención inicial continúan en la cabeza de los convencidos del brexit –muchos de los cuales son los apoyos parlamentarios de May–, pero desde hace tiempo se percibe en los círculos políticos europeos y británicos que es la UE la que lleva y va a llevar el timón de las negociaciones.

Cada uno de los anuncios generan temores en algunas empresas, y los miedos a partidas masivas siguen sobrevolando las decisiones de las autoridades británicas. Se estima que si para marzo de 2018 no hay un acuerdo base entre ambas partes sobre los principales temas comerciales, los nervios se trasladarán a la city financiera londinense.

Es probable que May ya se haya dado cuenta de que el brexit al que finalmente se llegue puede no resultar el que quiere el ala más conservadora de su partido, que seguramente tendrá más costos para su país que para la UE y que, si no es así, ese acuerdo no existirá. Por su parte, la UE sigue cerrando grandes acuerdos comerciales –con Canadá, con Japón, ¿con el Mercosur?–. De ninguno de ellos participará la isla, y sus otrora compañeros del bloque europeo se quedarán con las ventajas de las que antes disfrutaba.

“Niebla en el canal. El continente, aislado”, dice un festejado chiste ingles erróneamente atribuido a un parte meteorológico publicado por el periódico The Daily Mail. Más allá de su autoría, a la luz de la marcha de las negociaciones, la intención graciosa de la broma podría volverse de mal gusto para muchos británicos en el futuro cercano.