El gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, impidió a una veintena de organizaciones civiles participar en la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que comienza el domingo en Buenos Aires. Para las entidades afectadas, la decisión constituye un “papelón internacional” y es “antidemocrática”.

Están involucradas, en total, 26 organizaciones repartidas en 17 países. Todas planeaban participar en la cumbre de la OMC que se desarrollará en los próximos días en la capital argentina y ya tenían la acreditación correspondiente. Sin embargo, durante el fin de semana, recibieron un correo del jefe de Relaciones Exteriores de esa organización, Bernard Kuiten, que informaba, literalmente, que “las autoridades argentinas encargadas de la seguridad” habían decidido “denegar su acreditación”.

En su mensaje, el funcionario atribuye toda la responsabilidad de la medida al gobierno argentino. “Hemos preguntado [a las autoridades argentinas] reiteradamente cuál es la razón de este hecho imprevisto, pero tenemos muy pocas esperanzas, por no decir ninguna esperanza, de que pueda encontrarse una solución”, afirma Kuiten. Incluso, aclara que estas organizaciones “participan habitualmente” en estos encuentros para hacer oír su voz disidente. Las organizaciones denunciaron, además, que fueron denegadas las visas de entrada al país a personas acreditadas para participar en la conferencia o en actividades relacionadas.

El diario argentino Página 12 tuvo acceso al texto que la cancillería envió a las embajadas y consulados en el mundo para que rechacen las visas de representantes de organizaciones de la sociedad civil. En el documento, la cancillería explica que está cumpliendo órdenes del Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Investigaciones. El ministerio menciona a la fundación Grupo Efecto Positivo, Global Justice Now, Oxfam y Amigos de la Tierra Internacional, entre otras organizaciones. En la lista no sólo figuran organizaciones civiles, sino también entidades profesionales y especialistas internacionales, asegura el diario.

Las organizaciones interpretaron las “razones de seguridad” antepuestas como un intento de “impedir la participación de voces críticas” con las políticas que el gobierno de Macri “y otros más” buscarán diseñar en la conferencia, según señala una carta del colectivo Confluencia Fuera OMC enviada el fin de semana al presidente. Los representantes del colectivo mencionan algunas de esas cuestiones a las que se oponen, como “la posible firma de un acuerdo mal llamado de ‘libre comercio’ entre la Unión Europea y el Mercosur”, la “cesión de soberanía y control sobre áreas de importancia estratégica como las compras gubernamentales”, la “agricultura ecológica”, las finanzas y “el comercio electrónico de los datos personales”. A su entender, todas están siendo negociadas “en secreto”.

El texto, que fue respaldado por organizaciones argentinas defensoras de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia y Madres de Plaza de Mayo, agrega que “la actitud del gobierno contraviene la práctica diplomática regular para las conferencias internacionales de los organismos multilaterales”. Esto porque “al ofrecerse como país anfitrión de la conferencia ministerial [número] 11, el gobierno de Argentina ha acordado permitir la participación en la reunión al conjunto de participantes registrados por la organización internacional, incluyendo a los delegados de los países, la prensa, representantes de organizaciones no gubernamentales”. La prohibición, agregan, es “inadmisible” y desconoce “las décadas precedentes y los mecanismos oficiales establecidos y aceptados por Argentina como país anfitrión”. Desde el espacio Fuera OMC-Construyendo Soberanía señalaron que la “censura” se aplica a las delegaciones que “no son afines al modelo neoliberal”.

También mostró “suma preocupación” Amnistía Internacional, que el lunes llamó al gobierno argentino a que “remueva las trabas administrativas y garantice la participación amplia de las personas en los espacios de debate de política pública, de manera plural y sin imponer limitaciones discriminatorias en las labores de activistas y personas defensoras de los derechos humanos”. La organización explicó que “les fueron canceladas las acreditaciones y se les ha denegado las visas de entrada a Argentina” a organizaciones que habían sido “debidamente autorizadas a participar” en la reunión y que acuden a estos espacios como “práctica habitual y corriente”.

Para Michelle Kissenkoetter, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, “esta actuación” supone “una restricción indebida en el ejercicio de la libertad de expresión y en la labor de defensa de derechos humanos que estas organizaciones sostienen”.

Todas las organizaciones que se pronunciaron al respecto pidieron a la OMC, finalmente, que “cancele y traslade” la conferencia ministerial a otro país si la “problemática” no se resuelve. Por el momento, no ha habido respuestas.

La semana pasada, el canciller argentino, Jorge Faurie, dijo al presentar los contenidos de la cumbre que su país trabaja para “fortalecer el sistema multilateral de comercio”. A la vez, recordó que en las dos últimas conferencias ministeriales –Bali, en 2013, y Nairobi, en 2015– hubo “algunos pasos”, como un acuerdo de facilitación de comercio y la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas, y que se espera “lograr pequeños avances” en ese sentido.

Faurie agregó que Argentina, en particular, espera que en la cumbre se adopten algunas medidas “adicionales que limiten los subsidios agrícolas y que haya una mayor liberalización del comercio agrícola”. Y adelantó otros temas de la agenda, como los subsidios a la pesca, las regulaciones sobre el comercio de servicios, la integración de las cadenas de valor, la inserción comercial de las pequeñas y medianas empresas, y la facilitación de inversiones.

Un antecedente de esta decisión del Ejecutivo de Macri fue la cancelación de la cumbre social del Mercosur. El encuentro de presidentes del bloque se desarrolló en julio en Mendoza, pero el de organizaciones sociales no pudo llevarse a cabo porque según el gobierno argentino no estaban dadas “las condiciones de seguridad”.