Activistas feministas y organizaciones sociales de Brasil, Colombia, Paraguay y Perú denuncian el accionar de grupos que operan en las esferas del poder a favor de los valores de la “familia tradicional” y contra los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Las organizaciones consideran que la embestida actual –que, coinciden, empezó en 2016– se debe en parte al contexto político que vive la región. Identifican a los grupos que promueven esta “arremetida”, en general vinculados con corrientes religiosas cristianas, como “fundamentalistas”.

Los fundamentalismos religiosos existen desde el origen de las religiones, aunque el término haya sido acuñado en el siglo XX. Lo novedoso es el impulso que tomó el fenómeno en los últimos meses en América Latina, en forma de campañas, proyectos de ley y otras iniciativas que vulneran, en especial, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI.

Las razones que lo explican son varias. Para algunas expertas feministas, la arremetida conservadora se produce en el marco de un “debilitamiento de la democracia” que se vive en muchos países de la región. Para otros analistas, puede estar vinculada a la “vuelta” de los gobiernos neoliberales y de derecha.

En líneas generales, estos grupos fundamentalistas se proponen combatir lo que llaman “ideología de género”, una expresión que surgió a principios de los años 90, en las esferas católicas, para referirse al conjunto de prácticas que, consideran, atentan contra los valores de la familia tradicional al promover la igualdad de género y la diversidad sexual.

Los fundamentalismos pueden transformarse en movimientos ciudadanos o en partidos políticos, y desparraman su influencia tanto en los parlamentos como en los medios de comunicación, las escuelas e incluso en los gabinetes.

En cualquiera de los casos, no hay que perder de vista que son una “fuerza política”, tal como advirtió Verônica Ferreira, militante brasileña de la plataforma Articulación Feminista Marcosur, durante el 14º Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (EFLAC), que tuvo lugar a fines de noviembre en Montevideo.

En Brasil el fundamentalismo se convirtió en una fuerza política “muy organizada”, que “actúa muy fuerte en el Parlamento”. La activista brasileña dijo que además de operar en el universo de los diputados y senadores, el lobby fundamentalista “amplió su poder y su presencia” en los medios de comunicación, multiplicó el número de iglesias neopentecostales en todo el país y fundó sus propios partidos políticos. Sostuvo que el fenómeno ya existía pero se “agravó” con el “golpe” que en agosto de 2016 destituyó a la presidenta Dilma Rousseff y “debilitó” la democracia.

Para Ferreira, estos grupos mantienen el poder político en Brasil con sus constantes amenazas a los derechos reproductivos de las mujeres –sobre todo mediante campañas contra el aborto–, apropiándose de algunas políticas públicas –por ejemplo, las de combate contra las drogas– y con sus acciones contra la “ideología de género” en los centros educativos.

Un ejemplo de esto último es el movimiento Escuela sin Partido, que, si bien data de 2004, empezó a ganar terreno durante el último año. Entre otras cosas, el grupo aboga por una “educación sin adoctrinamiento” y por “una ley en contra del abuso de la libertad de enseñar”.

Seis días antes de que Rousseff fuera destituida, más de 370.000 brasileños votaron en una consulta publicada en la web del Senado sobre un proyecto de ley que, inspirado en las premisas de Escuela sin Partido, prohibía a los profesores “aprovecharse de la audiencia cautiva de los alumnos para promover sus propios intereses, opiniones, concepciones o preferencias ideológicas, religiosas, morales, políticas y partidarias”. La propuesta no prosperó, pero funcionó como termómetro.

Hace dos meses, Escuela sin Partido obtuvo un primer triunfo en el municipio de Jundiaí, en San Pablo, cuando los concejales aprobaron una propuesta de enmienda a la Ley Orgánica del Municipio, que buscaba “prohibir la aplicación de la ideología de género en las escuelas municipales”.

Desde el Estado

El contenido de la currícula escolar también fue cuestionado en Paraguay, aunque en este caso el debate fue promovido por el propio gobierno y terminó, en octubre, con la prohibición de material con “ideología de género” en centros educativos por parte del Ministerio de Educación. La resolución del ministerio prohíbe, concretamente, la difusión y utilización de materiales impresos y digitales referentes a la “ideología de género” en las instituciones educativas públicas.

Una semana antes de publicar la resolución, el ministro de Educación, Enrique Riera, había adelantado que descartaría aquel material que promoviera la “ideología de género”, porque la Constitución del país reconoce “una familia tradicional, de valores tradicionales”, conformada por “papá, mamá e hijitos”. En la misma conferencia de prensa, el ministro lamentó que en las escuelas del país se enseñe todavía que “el género es una construcción social y que el hombre y la mujer no nacen así, sino que son identidades que se construyen”, y responsabilizó de estos contenidos a un acuerdo firmado entre el ex presidente Fernando Lugo, destituido en 2012, y el colectivo Somos Gay.

Precisamente, la abogada y politóloga paraguaya Line Bareiro, cofundadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, dijo en el EFLAC que la “calidad de la democracia” cambió y las instituciones se “debilitaron” en el país desde el “golpe” contra Lugo. Bareiro mencionó como otro ejemplo del avance de los fundamentalismos el caso de la llamada Ley de Protección Integral a las Mujeres, aprobada en diciembre de 2016 por el Parlamento paraguayo. La abogada explicó que, antes de votar la normativa, el Parlamento aprobó una resolución para que se retirara la palabra “género” del texto. ¿El argumento presentado? Que el término genera “ambigüedades” y las personas trans podrían “valerse” de eso, según el senador que pidió la enmienda, José Manuel Bóbeda, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos.

Desde la Justicia

De la mano del colectivo conservador Padres en Acción, la campaña fundamentalista de Perú también puso en tela de juicio el programa que se brinda en las escuelas. En setiembre, la Justicia peruana falló a favor de este colectivo al declarar “nulo”, de forma parcial, el apartado del Currículo Nacional de Educación Básica que refiere a la “igualdad de género”. Según la sentencia, el Ministerio de Educación no consultó a la “sociedad” para elaborar el texto educativo, que está vigente desde el 1º de enero. El Estado apeló esta decisión, y el caso se encuentra pendiente de resolución.

Lo que buscaba Padres en Acción era que el ministerio continuara aplicando la currícula escolar de 2016, porque considera que la que empezó a aplicarse este año es “sesgada” e incurre en el “adoctrinamiento de niños con ideología de género”. La organización argumentó, además, que el texto era “ilegítimo” porque no fue “consultado con los padres de familia” durante el proceso de elaboración.

Mientras la Justicia lo resuelve, el Ministerio de Educación precisó la semana pasada que el enfoque de género se mantendrá como un eje transversal de la currícula escolar peruana, aunque se modificarán ciertos aspectos. En ese sentido, el ministro de Educación, Idel Vexler, precisó que su cartera trabaja en el punto referido a la sexualidad de los alumnos.

Para la directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, “promover el terror” en los padres y madres es uno de los ejes de la campaña fundamentalista en Perú, que también busca “criminalizar el aborto” y “estigmatizar” a las mujeres defensoras de los derechos humanos, según aseguró en el EFLAC.

La feminista peruana considera que la corriente fundamentalista simplemente “dio contenido a cosas que ya existían” pero, al hacerlo –precisó–, “hizo retroceder al país de cinco a diez años”, especialmente, porque “afectó políticas” públicas, eliminó el enfoque de género en instituciones como la Policía e incluso intentó aniquilar el Ministerio de la Mujer.

Por partes

La coordinadora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia, Beatriz Quintero, dijo en el encuentro feminista que en su país la fecha inicial de la arremetida fundamentalista se remonta a 2008, cuando Alejandro Ordóñez asumió como Procurador General de la Nación –cargo que ocupó hasta 2016–. Según las organizaciones sociales colombianas, Ordóñez fue “el mayor enemigo de los derechos de la comunidad LGTBI, al poner freno a temas como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, las leyes contra la discriminación o el reconocimiento de la identidad de género en el documento de identidad”, según se lee en la convocatoria a una marcha que se llevó a cabo en julio.

Quintero identificó tres momentos de esta corriente fundamentalista en Colombia. El primero, explicó, tuvo lugar en agosto de 2016, cuando empezaron a circular en algunas escuelas unos folletos en los que aparecían dos hombres desnudos en una cama. Los sectores conservadores responsabilizaron al Ministerio de Educación, que desmintió rápidamente que los volantes formaran parte del material educativo oficial. De todas formas, se hizo una marcha para “rescatar los principios” de la familia y repudiar “el adoctrinamiento hegemónico en identidad de género”, y la presión terminó en la renuncia de la ministra de Educación, Gina Parody.

El segundo momento que identificó Quintero tiene que ver con el plebiscito del 1º de octubre sobre los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según las organizaciones feministas colombianas, que se impusiera el “No” en la consulta se debió, en parte, a la intensa campaña de desprestigio que afirmaba que el documento “tenía encriptada la ideología de género”. La campaña, promovida por el partido Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe, junto con el Partido Liberal, el propio Ordóñez y líderes de iglesias evangélicas caló hondo en la población, por medio de afirmaciones como que en el acuerdo final se promovía la homosexualidad y el aborto.

Finalmente, ubicó el tercer momento en la discusión para permitir la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. A fines de 2016, la senadora del Partido Liberal Viviane Morales propuso convocar un referéndum para que el pueblo se pronunciara sobre la inclusión de un párrafo en el artículo 44 de la Constitución que afirmara que la adopción quedaba restringida a parejas constituidas “por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho”. En mayo de este año, el proyecto fue rechazado por el Parlamento colombiano. Sin embargo, dejó al descubierto la voluntad de un amplio sector de la población.