En diciembre la constructora brasileña Odebrecht reconoció ante la Justicia estadounidense que sobornó en 12 países para asegurarse licitaciones de obras públicas. Estas revelaciones generaron investigaciones en varios países, pero es en Perú donde la Fiscalía parece moverse con más rapidez. De hecho, Perú es uno de los pocos países -además de Brasil- en los que Odebrecht firmó un acuerdo para colaborar con la Justicia, según se confirmó la semana pasada.
En Perú ya están en prisión preventiva varios ex integrantes del Ejecutivo de Alan García (2006-2011) que, según la Fiscalía, recibieron más de ocho millones de dólares de la empresa brasileña a cambio de otorgarle la construcción de una línea del metro de Perú.
Pero la información respecto a Toledo se refiere a otra obra, la de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú con Brasil. De acuerdo con el diario El Comercio y la agencia de noticias Reuters, el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, se prepara para formalizar hoy mismo una investigación preparatoria y un pedido de detención preventiva contra el ex presidente Toledo. Tal como lo indica su denominación, la investigación preparatoria es aquella que se lleva adelante para verificar si hay indicios de delito. Además, Castro pediría la captura internacional de Toledo, que viajó a París junto a su esposa para un encuentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y, según medios peruanos, actualmente se encuentra en Israel, país que no tiene acuerdo de extradición con Perú y en el cual podría solicitar la ciudadanía.
En base a la declaración de fiscales peruanos y brasileños y de información bancaria, el diario peruano La República informó el sábado que Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht que fueron pagados entre 2005, cuando ya estaba terminando su mandato, y 2008. El dinero, informa el diario, fue transferido a través de cuentas offshore manejadas por el empresario Joseff Maiman, socio y amigo personal del ex presidente. La Fiscalía peruana no confirmó esa información, pero sí ordenó un allanamiento de la casa de Toledo que se extendió durante varias horas.
El diario La República también informó que el acuerdo para el pago de esa coima fue alcanzado en Río de Janeiro, en un encuentro en el que el entonces gobierno peruano pidió 35 millones de dólares.
Desde el extranjero, Toledo negó haber cometido ningún delito en una comunicación telefónica con una periodista de El Comercio.
“Estoy muy dolido por estas noticias del ex presidente Alejandro Toledo. Es una traición al pueblo peruano y a sus colegas, que se esforzaron tanto”, dijo ayer el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que fue titular de Economía y primer ministro durante la administración de Toledo. En diálogo con la colombiana W Radio, dijo que él no estaba al tanto de estos actos de corrupción y que, si lo hubiera sabido, habría renunciado. Además, exigió a Toledo que regrese al país para responder a las preguntas de la Fiscalía. El presidente recordó que ninguno de los funcionarios de su gobierno es investigado por sospechas de este tipo.
A fines de enero, Kuczynski dijo públicamente que Odebrecht tiene que dejar el país y vender las obras que todavía no terminó. La empresa respondió que va a hacerlo y agregó que va a seguir colaborando con la Justicia.
Los actos de corrupción de Odebrecht en torno a las obras públicas peruanas son objeto de otra polémica, en este caso entre el Ministerio Público y el Congreso. En enero el Parlamento formó una comisión para investigar la corrupción y desde ese entonces ha exigido a la Fiscalía que le facilite toda la información con la que cuenta, algo a lo que el fiscal anticorrupción Castro se ha negado, argumentando que es una investigación reservada y que las filtraciones pueden frustrar sus avances.
La comisión convocó, en su último encuentro, al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien interrogó sobre el acuerdo que había firmado Odebrecht para colaborar con la Justicia. Sánchez confirmó la existencia de ese acuerdo pero se negó a revelar su contenido porque es un proceso en curso.
Además, Castro fue citado en dos ocasiones para comparecer ante la comisión pero no asistió en ninguna de ellas. En el segundo caso, a su ausencia se agregó una nota de la Junta de Fiscales Supremos en la que se informaba que se había prohibido a Castro asistir a la citación porque estaba llevando adelante una investigación reservada y no podía informar sobre su contenido o sus avances. Esta decisión de la Junta multiplicó las críticas de los diputados a Sánchez, máxima autoridad de ese organismo, e incluso una veintena de diputados de distintos partidos pidieron que sea destituido. Horas más tarde, el fiscal de la Nación respondió en Twitter: “Está claro que hay muchos interesados en bloquear la investigación por el caso Odebrecht. No los dejaremos. La sociedad debe saber de los políticos corruptos que han engañado al pueblo y robado al país. Ni a mí ni a los fiscales que estamos empeñados en esta tarea nos van a quebrar”.