El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la confección de un nuevo plan de acción contra los indocumentados, después del golpe que le supuso el bloqueo judicial a su veto contra refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana. Ayer, el Departamento de Seguridad Nacional dio algunas pistas sobre cuáles serán las nuevas pautas del control migratorio en el país, no sin antes advertir que estas reglas no tienen la intención de provocar “deportaciones masivas”.

Del texto difundido, sin embargo, se desprende lo contrario. En primer lugar, porque establece que el gobierno estadounidense no sólo perseguirá a los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por crímenes violentos -como establecía la norma migratoria de Barack Obama-, sino que también irá detrás de aquellos que hayan sido acusados de delitos pero no condenados. También podrán ser deportados quienes hayan “abusado” de los beneficios públicos y quienes “puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional” según la consideración del “agente de inmigración”. En este último ítem puede entrar cualquiera que le parezca “sospechoso” al funcionario de turno.

El plan, que será liderado por John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, también propone acelerar y ampliar las llamadas “deportaciones inmediatas”, que ocurren apenas las autoridades dan cuenta de que la persona no tiene papeles. Hasta ahora, esta modalidad de expulsión se aplicaba a aquellos inmigrantes que hubieran pasado menos de dos semanas en el país y estuvieran a no más de 160 kilómetros de la frontera. Los borradores difundidos por el gobierno señalan que ahora se pretende anular los límites geográficos y extender su aplicación a todos aquellos que lleven hasta dos años en territorio estadounidense.

A esto se suma la devolución automática de los inmigrantes que son interceptados tratando de cruzar la frontera con México de forma ilegal y la persecución penal de aquellos padres que hayan pagado a traficantes para traer a sus hijos.

Por otro lado, el gobierno de Trump otorgará a las fuerzas de seguridad “autoridad completa para arrestar al extranjero que pueda haber violado las normas de inmigración” y permitirá que funcionarios de cada estado puedan sumarse a las tareas de control migratorio, llevadas a cabo hasta ahora por funcionarios federales. Finalmente, el documento firmado por Kelly establece la contratación de 10.000 nuevos funcionarios para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y 5.000 más para la Oficina de Aduanas y Fronteras.

Lo otro que confirman los borradores -y que, como tales, no son definitivos, aunque plantean las grandes directrices a seguir- es que los indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad (los llamados dreamers) “no se verán afectados” por las nueves órdenes.

El antecesor de Trump aprobó en 2012 un programa que permitió frenar la deportación de 750.000 dreamers, además de otorgarles un permiso de trabajo y una licencia de conducir. La semana pasada, Trump reconoció que “es uno de los temas más difíciles” con los que se enfrenta y aseguró que lo encarará “con corazón”, pese a que había prometido eliminar el programa durante su campaña electoral. El sábado, en un acto en Florida, el presidente explicó por qué le cuesta tanto: “Amo a esos niños. Yo mismo tengo hijos y nietos, y encuentro muy difícil hacer lo que las leyes ordenan. Y todos saben que la ley es dura”.