Tras el revuelo nacional e internacional que generó el presidente estadounidense, Donald Trump, al firmar una orden ejecutiva que suspende temporalmente el ingreso al país de todos los refugiados y la concesión de visas a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana -Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen-, el gobierno intenta suavizar el impacto de la medida. Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, insistió ayer en que se trata de “una pausa temporal” y no de “una prohibición de viaje”, que permitirá a su departamento “revisar el sistema de examen de refugiados y visas”.
En la misma conferencia de prensa, el director en funciones de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo, Kevin McAleenan, informó que el gobierno de Estados Unidos hará una excepción a la orden ejecutiva y, sólo esta semana, permitirá la entrada al país a 872 refugiados.
El anuncio de la excepción se produce un día después de que Trump despidiera a quien ocupaba de forma interina la titularidad del Departamento de Justicia y se desempeñaba como fiscal general, Sally Yates, por haber ordenado a los fiscales que no defendieran en los tribunales el veto del mandatario a refugiados e inmigrantes. Yates envió a sus subordinados una carta en la que decía no estar “convencida” de que la orden ejecutiva del presidente para luchar contra el terrorismo fuera “legal” o “consistente con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto”. El documento fue filtrado a los medios de comunicación y, unas horas después, Yates fue despedida. La Casa Blanca dijo en un comunicado que ella “traicionó al Departamento de Justicia al rehusarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”, y describió sus acciones como políticas.
Una hora después, Trump también relevó de su cargo a Daniel Ragsdale, el director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia responsable de las deportaciones. En este caso, la Casa Blanca no especificó los motivos y se desconoce si su despido está relacionado con el de Yates. Tanto Ragsdale como Yates eran sobrevivientes de la era Obama.
Por otra parte, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, presentó el lunes una demanda contra la orden ejecutiva de Trump, convirtiéndose así en el primer estado en dar ese paso ante la Justicia. “Somos un país construido en el imperio de la ley. En un tribunal, no es la voz más fuerte la que prevalece. Es la Constitución”, dijo el demócrata Ferguson en una conferencia en Seattle. La demanda es contra el propio presidente, el Departamento de Seguridad Nacional y varios altos cargos de la administración. Ferguson señaló que si el proceso se resuelve a su favor, la orden presidencial quedaría anulada en todo el país.
La nueva política migratoria impuesta por Trump generó rechazo en varios países y obligó a algunos a tomar medidas. El canciller de Francia, Jean-Marc Ayrault, anunció ayer que su país va a duplicar el número de visas que otorga a Irán, en respuesta al veto del presidente estadounidense, que consideró “inoportuno, preocupante” y “discriminatorio”.
En tanto, el Parlamento británico debatirá el 20 de febrero si decide vetar la visita que Trump tiene previsto realizar a Reino Unido tras la invitación que le extendió la primera ministra, Theresa May, después de que más de 1,6 millones de personas se hayan opuesto a su llegada en una petición online publicada en la web del gobierno.