La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió a última hora del jueves un fallo sobre la interpretación de un artículo de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Si bien las normas dicen que le corresponde al parlamento, la Asamblea Nacional, aprobar la creación de empresas mixtas y la designación de sus directores, el TSJ concluyó que en las actuales condiciones “no existe impedimento alguno” para que lo haga el Poder Ejecutivo. “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”, afirma el fallo. De este modo, despoja de sus funciones a una Asamblea Nacional en la que la oposición es mayoría.
El TSJ declaró a la Asamblea Nacional en situación de desacato en enero, cuando la institución les tomó juramento a tres diputados elegidos en el estado de Amazonas, donde la Justicia electoral investiga posibles irregularidades electorales. Desde ese entonces, el TSJ, alineado con el gobierno de Nicolás Maduro, considera que todas las decisiones tomadas en la Asamblea Nacional carecen de validez.
La decisión del TSJ desencadenó una serie de reacciones de rechazo tanto dentro como fuera de Venezuela. Los diputados opositores acudieron al TSJ a protestar por el fallo y advirtieron que no tendrá consecuencias, porque seguirán sesionando y tomando decisiones. La mayoría de ellos denunció que lo sucedido es un golpe de Estado -algunos lo compararon con el autogolpe de Alberto Fujimori en Perú- y llamaron a los ciudadanos a manifestarse.
Además, la oposición pidió la intervención de organismos regionales. El ex candidato presidencial Henrique Capriles exigió que se convoque de forma urgente al Consejo Permanente de la OEA. “La instancia más cercana que puede ser eficaz es la OEA. ¿Por qué insistimos con la OEA? Porque es una instancia de representación de gobiernos democráticos”, dijo. Además, Capriles pidió que la comunidad internacional reaccione y se preguntó: “¿Qué más pruebas necesita de que en Venezuela hay una dictadura?”.
También hubo pronunciamientos fuera del territorio venezolano, entre ellos el del secretario general de la OEA, quien dijo que en Venezuela hubo un “autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular”. En un comunicado emitido ayer, Almagro consideró que “es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente” para que se trate este tema. De acuerdo con el Reglamento del Consejo Permanente, las sesiones extraordinarias pueden ser convocadas por el presidente rotativo de este organismo -que actualmente es el embajador de Belice, Patrick Andrews, y a partir del sábado lo sustituirá el de Bolivia, Diego Pary-, cualquiera de los embajadores, el secretario general o la Asamblea General. Aun así, el mismo documento establece que las sesiones ordinarias del órgano se celebrarán el primero y el último miércoles de cada mes, por lo que debería sesionar el miércoles próximo.
En la región, Perú fue uno de los primeros países en reaccionar y el que tomó la medida más contundente. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decidió retirar a su embajador en Caracas e inició consultas en la OEA para solicitar la aplicación de la Carta Democrática. Ya en el Consejo Permanente del martes, Perú fue uno de los integrantes de la OEA que se mostraron más duros frente a esta situación. Ante esta reacción, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, tuiteó que Perú está actuando de manera “injerencista” y denunció un ataque de la “derecha regional”.
Por su parte, más de una decena de países manifestaron su preocupación por lo sucedido y algunos llamaron a tratar el tema nuevamente en el Consejo Permanente. México, que estaba reuniendo apoyos para la aprobación de un documento sobre Venezuela en la OEA, consideró que está en proceso un “grave deterioro del orden democrático”. Por su parte, la cancillería brasileña emitió un comunicado en el que “repudia” la sentencia del TSJ, a la que considera “una clara ruptura del orden constitucional”. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, opinó: “Esto lo único que hace es profundizar aun más esa crisis que vive Venezuela. Rechazamos esta no división de los poderes”. Otros países, como Chile, manifestaron su preocupación por esta escalada en la crisis, aunque nuevamente abogaron por el diálogo entre los venezolanos para buscar alternativas.
