La Policía Federal de Brasil recibió la orden de detener a cinco de los siete integrantes del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro bajo la sospecha de que forman parte de una red de corrupción que involucra al Ejecutivo de ese estado y que también podría implicar a la Asamblea Legislativa estadual.

Además, el titular de ese parlamento, Jorge Picciani, fue conducido ayer por la Policía a declarar por este caso. Este dirigente pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente de Brasil, Michel Temer, y es padre del ministro de Deportes, Leonardo Picciani.

Según la investigación de la Policía y la Fiscalía, operó en Río de Janeiro una red de corrupción en la que funcionarios recibían sobornos de empresas a cambio de contratos con organismos públicos. Los sobornos podían ascender hasta la quinta parte del valor del contrato, por eso la operación lanzada ayer, que involucró a 150 policías, fue denominada “Quinto de oro”, en referencia a un impuesto de 20% que los mineros de oro tenían que pagar a Portugal en los tiempos de la colonia.

Los investigadores de la Fiscalía y la Policía sospechan que algunos miembros del Tribunal de Cuentas, entre los que se encuentra su presidente, Aloysio Neves, también fueron sobornados para que aprobaran las cuentas y los contratos irregulares de la administración de Río. A su vez, como los informes del tribunal son enviados a la Asamblea Legislativa, también se investigan complicidades de legisladores.

Los integrantes del Tribunal de Cuentas son elegidos por los gobernadores. De los cinco que fueron detenidos, tres habían sido nombrados por el ex gobernador Marcello Alencar, quien ocupó el cargo en tres períodos, el último de 1995 a 1999, y que pertenecía al Partido de la Social Democracia Brasileña. Los otros dos fueron designados por Sergio Cabral, quien gobernó de 2007 a 2014 y pertenece al PMDB.

Según informó la agencia de noticias Efe, los investigadores piensan que la red de sobornos operó por décadas pero creció durante el gobierno de Cabral, cuando existieron oportunidades de aprobar contratos de obras millonarios para preparar a Río de Janeiro para el Mundial de Fútbol de 2014 -como la reforma del estadio Maracaná- y para los Juegos Olímpicos de 2016. En noviembre del año pasado, esta investigación motivó la detención de Cabral, que está en prisión preventiva desde entonces. Es acusado de ser el “cabecilla” de una “organización criminal” y de haber desviado decenas de millones de dólares.

Esta investigación tuvo su origen en la confesión de otro integrante del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, Jonas Lopes, que a su vez había sido acusado por un alto cargo de la constructora Odebrecht de haberle pedido un soborno a cambio de aprobar una concesión de obras para el Mundial y otra para una línea de metro. El testimonio del representante de Odebrecht surgió en el marco de la investigación sobre corrupción en Petrobras, pero puso en evidencia que había otra trama propia de Río de Janeiro.