Empezaron a surgir las primeras reacciones al anuncio que hizo el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, que propuso hacer recortes de 54.000 millones de dólares en agencias gubernamentales para gastar ese dinero en defensa y seguridad.

La respuesta que más llamó la atención fue la de 120 generales retirados, que ayer enviaron una carta a los líderes del Congreso y a miembros del gabinete de Trump para alertar sobre el peligro de recortar fondos, especialmente al Departamento de Estado. El documento está firmado por figuras populares en Estados Unidos como el antiguo director de la CIA David Petraeus, el ex director de la Agencia de Seguridad Nacional Keith Alexander y John Allen, quien lideró a las tropas estadounidenses en Afganistán.

“Muchas crisis a las que se enfrenta nuestro país no tienen solamente una solución militar”, dice la carta, que insiste en la importancia de la diplomacia. “Las Fuerzas Armadas lideran el combate contra el terrorismo en el campo de batalla, pero necesitan socios civiles fuertes contra los impulsores del extremismo: la falta de oportunidad, esperanza e inseguridad”, agrega.

Según los firmantes, el trabajo de los diplomáticos y sus agencias de cooperación es necesario para el mantenimiento del orden y la paz, por lo que piden que el presupuesto para estas entidades siga “en línea con el aumento de las amenazas globales” que afronta Estados Unidos. “No es tiempo de una retirada”, concluye la carta. Entrevistado ayer en el canal CBS, Allen fue más allá y dijo que recortar el presupuesto del Departamento de Estado en 30%, como contempla la propuesta de Trump, directamente condenará al país a la guerra.

En filas republicanas, la opinión sobre el nuevo plan presupuestario está dividida. Los detractores critican que el proyecto no contemple recortes en salud y seguridad social, algo en lo que el Partido Republicano viene insistiendo desde la era Obama. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, y otros líderes evitaron hablar sobre esta cuestión cuando fueron consultados por el diario The Washington Post, y alegaron que quieren esperar a que el presidente presente la propuesta completa. Pero Ryan defendió durante mucho tiempo cambiar los dos programas, argumentando que están “en quiebra”, como dijo en 2012, durante un debate presidencial en el que participó como compañero de fórmula de Mitt Romney.

Los demócratas también criticaron el proyecto de Trump, que se debatirá en el Congreso este mes. El líder de la bancada del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo ayer que probablemente se verán afectados programas “claves” de política nacional. Afirmó: “Un recorte de esta índole casi ciertamente significa recortes a las agencias que protegen a los consumidores de los excesos de Wall Street, y protegen el aire y el agua”. Por su parte, Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes, afirmó que “el presidente está entregando el liderazgo de Estados Unidos” en materia de “innovación, educación, ciencia y energía renovable”.

El presidente intentó calmar las aguas ayer, al explicar que “cree” que los fondos para el incremento del gasto militar provendrán de “una economía acelerada”, consecuencia de su plan de estímulo fiscal de menores impuestos y mejora de la confianza, según explicó a la cadena Fox.

Con ejemplos

Trump tenía la oportunidad de aclarar esas y otras cuestiones a última hora de anoche, en su primer discurso ante el Congreso. Estaba previsto que el mandatario aprovechara esa instancia para ampliar los detalles sobre el aumento del gasto militar, su plan de reforma de la ley de salud del ex presidente Barack Obama (Obamacare) y la explicación de cómo pagará la reconstrucción de carreteras y puentes que prometió. También iba a dar los lineamientos fundamentales de su “gran” reforma fiscal y de la estrategia que elegirá para renegociar varios acuerdos comerciales internacionales. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, adelantó que los legisladores escucharían además “mucho sobre inmigración”.

La presentación ante el Congreso, que tradicionalmente sirve al presidente para exponer las prioridades de su mandato, se produce la misma semana en que el portal Real Clear Politics situó su nivel de aprobación en 44%, una cifra relativamente baja para un nuevo mandatario.

Los invitados especiales del presidente -que tenían reservados los lugares al lado de la primera dama, Melania Trump- ya daban algunas pistas sobre los temas que recorrería su discurso. Tres de ellos eran familiares de personas asesinadas por inmigrantes indocumentados, según una lista publicada por la Casa Blanca. Se trata de Jessica Davis, viuda del policía Michael Davis, y Susan Oliver, viuda del alguacil Danny Oliver. Los esposos de las dos murieron en 2014 mientras trabajaban.

El otro invitado era Jamiel Shaw Sr., padre de Jamiel Jr., que murió a tiros en 2008 cuando tenía 17 años, también a manos de un inmigrante indocumentado.

Otro asiento reservado anoche era para Maureen McCarthy Scalia, la viuda del juez de la Corte Suprema de Justicia Antonin Scalia. Su muerte, hace un año, provocó una batalla política que resultó en el bloqueo por parte de los republicanos de la elección de un reemplazo para el magistrado por parte de Obama. Hace unas semanas, Trump finalmente nombró al juez conservador Neil Gorsuch para sucederlo.

Las otras dos invitadas del presidente fueron Megan Crowley, una joven diagnosticada de niña con un raro trastorno genético, y Denisha Merriweather, que fue la primera integrante de su familia, en varias generaciones, en obtener un título universitario.

Por el otro lado, los demócratas tenían planeado llevar como invitados al Congreso a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños -los llamados dreamers-, para mostrar la importancia del programa que impulsó Obama en 2012, que logró frenar su deportación y que corre riesgo de disolverse bajo el gobierno de Trump.

A la vez, los miembros del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes invitaron a una decena de personas representantes de comunidades afectadas por “las políticas draconianas e imprudentes del gobierno de Trump”, según un comunicado. Entre ellos, se encontraban hijos de inmigrantes recientemente deportados y la abogada de inmigración e hija de refugiados palestinos Fidaa Rashid.

Tanta agua

Donald Trump ordenó ayer a la Agencia de Protección Ambiental que “revise” una norma que da autoridad al gobierno para limitar la polución en las distintas superficies de agua de Estados Unidos, desde ríos a lagos y pantanos. El mandatario argumentó que la regla extiende la regulación “a prácticamente cada charco, a cada zanja en la tierra de un agricultor o a donde decidieran”, lo que la convierte en “una extralimitación de poder masiva” por parte del gobierno.