Miles de rusos participaron el domingo en una protesta contra la corrupción en el gobierno. Según algunos medios europeos, la manifestación reunió a decenas de miles de personas y fue la mayor que hubo en Rusia desde que Vladimir Putin asumió la presidencia en 2012; sin embargo, la agencia de noticias rusa Sputnik redujo la cifra a unas 7.000 u 8.000 personas.

El centro de la protesta fue el primer ministro, Dmitri Medvedev, a quien la oposición acusa de enriquecerse mediante el desvío de fondos públicos. Los organizadores planificaban partir de la plaza Pushkin, ubicada en el centro de Moscú, y luego avanzar hacia el Kremlin, que queda a unos dos kilómetros, por la principal avenida de la ciudad. Las autoridades de Moscú no habían habilitado el recorrido que proponían los organizadores y les ofreció dos alternativas que no fueron aceptadas. En un comunicado, el departamento de la Alcaldía de Moscú responsable de la seguridad informó que el recorrido propuesto por los organizadores hacía imposible garantizar la seguridad de los participantes. La insistencia de los convocantes en mantener el recorrido planificado fue calificada como una “provocación” por parte del Kremlin, y la alcaldía de la capital advirtió que se responsabilizaría a los convocantes por cualquier inconveniente que ocurriera.

Además de Moscú, la protesta se replicó en una decena de ciudades del país, así como las detenciones de los manifestantes. Según informó Sputnik, fueron detenidas 1.000 personas en todo el país, en la mayoría de los casos porque los manifestantes intentaron cortar las calles para detener el tránsito, lo que fue impedido por la Policía. Entre los detenidos estuvo la cara más visible de la convocatoria a la protesta: el opositor Alexei Navalni. Su detención se debió a que convocó a una movilización que no había sido autorizada y por negarse a trasladar la protesta a los lugares que sí habían sido habilitados. Estas detenciones fueron condenadas públicamente por la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos.

La mayoría de los detenidos fueron liberados ayer, pero unos 120 continuaban detenidos, informó la agencia de noticias AFP, que citó la página web OVD-Info, que monitorea las detenciones de activistas. Entre los que permanecían detenidos estaba Navalni. Fue llevado a la Justicia, que lo condenó a 15 días de prisión por desobedecer a la Policía cuando esta intentaba persuadirlo de que trasladara la movilización a otra zona. Además, el opositor fue multado por unos 350 dólares por convocar a la gente a una movilización que causó desórdenes públicos, básicamente por bloquear el tránsito.

En su comparecencia ante la Justicia, que fue pública, Navalni dijo que la movilización se hizo en ese lugar porque las autoridades le facilitaron las alternativas recién un día antes de la fecha fijada, sin que hubiera tiempo suficiente para cambiar los planes. Según las autoridades, las alternativas fueron planteadas cuatro días antes de la marcha.

“No admito mi culpabilidad. La gente está descontenta con la corrupción y por eso decidió participar en una manifestación pacífica”, dijo Navalni en el tribunal. Además, comunicó en Twitter que continuaban detenidos 20 trabajadores de la organización civil que dirige, denominada Fundación contra la Corrupción, y que la Policía fue a sus oficinas y requisó computadoras y documentos. La organización fue la que dirigió una investigación periodística según la cual Medvedev se adueñó de más de 1.000 millones de dólares en dinero y propiedades mediante una trama de compraventa de inmuebles que involucra a varios jerarcas y empresarios rusos. La investigación fue calificada de “propaganda electoral” por las autoridades rusas.

Navalni no es una figura nueva en la política rusa. En 2013 se postuló a las elecciones para la Alcaldía de Moscú y en febrero presentó su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018. Esta última fue rechazada por la Justicia electoral después de que fuera condenado por apropiación indebida en un controvertido juicio que, según la oposición, fue manipulado con el objetivo de impedir su candidatura presidencial y cuya condena él ya apeló.