La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la manera en que ese país investigó irregularidades cometidas al indagar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en setiembre de 2014. Esa evaluación cuestionada estuvo a cargo de la Procuraduría General mexicana.

La oficina criticó que en la investigación de la Procuraduría se identificaran “únicamente faltas leves, todas ellas calificadas de administrativas, sin que en su dictamen se proponga la apertura de alguna investigación penal”. Esto fue así pese a que organizaciones civiles y especialistas internacionales verificaron que en el marco de la investigación sobre los 43 se cometieron “graves violaciones de los derechos humanos” y a que hubo denuncias de que funcionarios de la Procuraduría “torturaron a personas procesadas, realizaron detenciones arbitrarias, transgredieron el debido proceso y quebrantaron el derecho a la verdad”, indica el comunicado.

En conferencia de prensa, el responsable de la oficina en México, Jan Jarab, recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió a la Procuraduría las pruebas que le permitieron verificar que se habían cometido esos abusos, pero estas no fueron consultadas. Lamentó que esta haya sido “una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso”.

Jarab también destacó que el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, dijo que era necesario que la Procuraduría atendiera las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre las cuales está la de investigar a fondo las irregularidades denunciadas y verificadas. “Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse” ante la sociedad, agregó el funcionario.

La Procuraduría mexicana respondió ante estos pronunciamientos de la ONU reafirmando en un comunicado la legitimidad de su investigación. Sin embargo, desde antes existían dudas sobre su veracidad. Este informe fue entregado después de que en diciembre el diario The New York Times diera a conocer una primera versión del documento, en la que sí se reconocía que se habían violado los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Tras esa filtración, la Procuraduría cambió el informe de manos, retiró al que era su autor, César Alejandro Chávez -que renunció a su cargo poco después-, y lo sustituyó por el inspector general de la Procuraduría.