–Su visita a Uruguay se produce un poco antes de que Rajoy llegue al país. ¿Esto es una coincidencia?
-No lo sé, estamos viendo que allí a donde vamos después va el ministro de Relaciones Exteriores u otra autoridad, como el propio Rajoy. También hay presiones de la embajada de España para que no nos reciban; esto está pasando en muchos lugares del mundo y ha pasado también acá.
–¿Podría contarnos de algún caso en particular, en Uruguay?
-Prefiero no dar detalles. Este es un país que tiene un compromiso clarísimo con la libertad, la democracia y el derecho a la autodeterminación, y que ha demostrado una gran capacidad de solidaridad, especialmente con el País Vasco. Me ha sorprendido que alguna autoridad haya cedido a estas presiones de la embajada, pero puedo comprenderlo sabiendo hasta qué punto presiona el gobierno español, que puede ser muy insistente. En la mayoría de los países no consiguen resultados, pero acá sí. Tuve una docena de encuentros y un par, importantes, fueron cancelados. Sin embargo, tengo que agradecer que en nuestra anterior visita, en 2015, pudimos dirigirnos a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados y que nos recibiera el entonces presidente de la cámara baja [Alejandro Sánchez].
–En cuanto a las últimas noticias sobre Cataluña, ¿qué opinión le merece la inhabilitación del ex presidente Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau?
-Es una muy mala noticia para España que el Tribunal Constitucional haya decidido inhabilitar a tres políticos por haber permitido que el pueblo se exprese democráticamente. Esto se suma a unos 400 casos judiciales abiertos contra políticos catalanes elegidos en las urnas. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, va a ser juzgada en las próximas semanas -y probablemente también sea inhabilitada- por haber permitido un debate sobre la independencia después de las elecciones de 2015. Es interesante, porque el debate lo permitió la Mesa del Parlamento con los votos de cinco de sus siete miembros, pero sólo son perseguidos los cuatro que son claramente independentistas. Al quinto, que es miembro de Podemos -que defiende el referéndum pero no ha dicho si votaría sí o no- no se lo va a juzgar. Otro caso paradigmático es el de un edil de Vic, Joan Coma, de la Candidatura de Unidad Popular, quien hablando de la situación política en el legislativo local utilizó la frase “Para hacer una tortilla es necesario romper un huevo” -se refería, básicamente, a que para crear un nuevo sistema constitucional tienes que superar el presente- y se lo llevaron detenido a Madrid, donde le preguntaron hasta cuatro veces si para romper un huevo es necesario hacer uso de la violencia. En el fondo lo que parecen estar buscando es inestabilidad social, e incluso la excusa de la violencia, para evitar hablar de política, como hicieron en el conflicto vasco.
–¿En este nuevo gobierno de Mariano Rajoy se ve algún cambio?
-No, para nada. Yo diría que incluso se siente reforzado, porque tres de los cuatro grandes partidos españoles están totalmente alineados con su posición: el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista [en referencia al Partido Socialista Obrero Español, PSOE], que es una sombra de lo que era. Históricamente el Partido Socialista había reconocido que las naciones constituyentes de España -Cataluña, Euskadi y Galicia, principalmente- tienen derecho a la autodeterminación, pero ahora se ha olvidado completamente de esto y está siguiendo la línea del Partido Popular. El único que acepta el derecho a la autodeterminación es Podemos, que cuenta con 70 diputados. Si se suman los 30 de las minorías catalana y vasca, llegamos a 100 de 350 diputados, y es histórico tener 100 diputados en el Congreso que apoyen el derecho de autodeterminación de Cataluña, pero estamos muy lejos de tener mayoría y mucho más lejos de poder reformar la Constitución. Para eso se necesitan dos tercios de ambas cámaras, elecciones anticipadas, dos tercios de las nuevas cámaras y un referéndum en toda España.
–¿Los cambios que ha atravesado el PSOE, en España en general y en Cataluña en particular, han perjudicado la causa soberanista?
-Hoy el Partido Socialista no acepta que se hable de política o de la posibilidad de que Cataluña vote. Y aquí se ha adherido también el Partido Socialista de Cataluña [PSC]: hace tres años aceptaba la posibilidad del referéndum, pero hace un año cambió su posición y ahora está en contra del referéndum. No sé si esto ha perjudicado la causa soberanista, pero sí se han aclarado las cosas. Es una lástima que hayamos perdido al PSC, que era un partido comprometido con el autogobierno de Cataluña y que tuvo un papel clave en la historia de la Cataluña posfranquista, pero este PSC es una sombra de lo que fue.
–¿En qué etapa está ahora el proceso soberanista?
-Ahora se está planteando en Madrid que ya existe un mandato a favor de la independencia, porque las elecciones de setiembre de 2015 dieron como resultado un Parlamento que tiene mayoría independentista y mayoría absoluta favorable a la autodeterminación si se suma a Podemos, que está a favor del referéndum pero no se pronuncia con respecto a la independencia. Esa mayoría todavía no implementó medidas, porque estamos pidiendo, por vigésima vez, la posibilidad de organizar un referéndum pactado. Si la respuesta es “no”, el gobierno catalán no se va a quedar con los brazos cruzados, no puede traicionar al mandato democrático al punto de renunciar a la convocatoria del referéndum. Si no se autoriza, el referéndum se va a organizar igualmente antes de finales de setiembre. Ante eso surgió la respuesta agresiva del Estado en forma de juicios penales contra centenares de políticos catalanes.
–¿Ustedes consideran que la Justicia no está actuando de forma independiente?
-La separación de poderes brilla por su ausencia. Contamos con un Tribunal Constitucional que no cumple con su rol de árbitro, sino que está actuando como una tercera cámara, limitando cada día más el autogobierno de Cataluña. Y tenemos un Ministerio del Interior que, por intermedio de los fiscales, aplica una estrategia política, clarísima, que no tiene nada que ver con investigar casos de corrupción o buscar la verdad. Ahí hay otro interés espurio, que es ensuciar a un movimiento democrático y pacífico, y desincentivar a la gente en torno a este proceso. Por eso decimos que no hay una separación de poderes clara en España.
–Uno se imagina que si el gobierno catalán avanza hacia la independencia volverán a surgir obstáculos judiciales. ¿Cómo se prevé esquivarlos?
-Van a intentar frenarlo, y el gobierno catalán va a seguir adelante. Rajoy ha dicho que va a hacer lo necesario para que el referéndum no se lleve adelante. No sabemos qué significa “lo necesario”, pero el gobierno de Cataluña está comprometido a abrir colegios electorales y disponer las urnas para que el pueblo vote, y eso se va a hacer. Si el gobierno español lo quiere evitar, va a tener que mandar a alguien para que cierre esos colegios electorales y mande a la gente a su casa.
–¿Ese alguien podría ser, por ejemplo, las fuerzas de seguridad?
-Pueden ser las fuerzas del orden. Hay que ver si consiguen frenarlo. Hay 2.500 colegios electorales en toda Cataluña y cinco millones de personas con derecho a voto. Puede haber resistencia pasiva. No sé hasta qué punto está dispuesto a llegar el gobierno. La historia indica que está dispuesto a hacer barbaridades, pero afortunadamente la España actual poco tiene que ver con la España del pasado. Quiero pensar que si se adoptan medidas desmesuradas, como mandar a la Policía a cerrar colegios electorales, habría una reacción de la propia población española, porque sería la “erdoganización” de España; en lugar de acercarse a democracias consolidadas, España está cada vez más cerca de Turquía.
