“El actual gobierno está decidido a destruir la Funai, por dentro y por fuera”, dijo la semana pasada a la revista CartaCapital el viceprocurador general de Brasil, Luiciano Mariz Maia, quien tiene a su cargo el departamento del Ministerio Público dedicado a las cuestiones indígenas. “Por dentro, reduciendo sus recursos y el número de funcionarios de tal manera que inviabiliza el proceso de demarcación de tierras indígenas. Por fuera, permitiendo que los ruralistas la ataquen directamente”, agregó.

El ruralismo es muy fuerte en la política brasileña. En el Congreso cuenta con el Frente Parlamentario de la Agropecuaria, integrado por diputados y senadores, de todos los partidos, que tienen intereses en ese sector o cuyas campañas fueron financiadas por empresarios del agronegocio. Desde ese frente, los ruralistas se dedican a promover el agronegocio, intentando reducir a su mínima expresión los esfuerzos por demarcar las tierras indígenas o por promover la agricultura familiar. Sus presiones también pesaron en el gobierno de Dilma Rousseff, que fue el que demarcó la menor cantidad de tierras indígenas desde la Constitución de 1988, en la que se estableció que todos estos territorios tenían que estar delimitados en un período máximo de cinco años. Ahora, con un gobierno de Temer que necesita cada uno de los apoyos con los que cuenta para poder aprobar sus impopulares reformas en el Congreso, el sector ruralista encontró el momento justo para adueñarse de la política indígena y agrícola.

La primera señal en este sentido fue la designación del ministro de Agricultura, Blairo Maggi, un magnate de la soja que es un referente del lobby del agronegocio y que figura entre quienes impulsan en el Congreso la ley que traslada a este órgano -donde los ruralistas tienen mucho más poder que los indigenistas- la responsabilidad de demarcar las tierras indígenas, que actualmente es de la Funai. Otra señal fue la decisión de Temer de someter a evaluación las demarcaciones de tierras que Rousseff había hecho al final de su mandato. En enero intentó extender esa medida para abarcar un período mayor, pero finalmente no lo hizo debido a los rechazos que generó.

Temer dejó claro desde el comienzo de su gobierno que las cuestiones indígenas no eran prioritarias en su gestión: tardó seis meses en designar a un presidente para la Funai y durante el año que ha estado en el gobierno no firmó ningún decreto de demarcación de tierras.

El cargo de titular de la Funai fue motivo de controversia. A la presión ruralista se sumaron las cuestiones de cuota partidaria, y por eso la designación debía ser acordada entre el Partido Social Cristiano y la bancada ruralista. Los primeros dos nombres manejados pertenecían a militares, y el tercero fue el de Antônio Costa, un pastor y dentista que, según el gobierno, tiene una amplia trayectoria en temas indígenas porque ejerció su profesión en zonas rurales durante 25 años. Costa se estrenó en el cargo generando polémicas con sus declaraciones: dijo que los indígenas debían sumarse al modelo productivo del país y “explotar los recursos naturales de sus tierras”, y que la Funai debe “enseñarles a pescar”, porque se terminó “el asistencialismo”. Ex presidentes de la Funai y conocedores de temas indígenas señalaron que esas declaraciones muestran una gran ignorancia. Por dar un ejemplo, las leyes brasileñas prohíben que las tierras ancestrales sean explotadas comercialmente, ya que son destinadas a la preservación ambiental.

A las declaraciones de Costa se sumaron las del titular del Ministerio de Justicia -en cuya órbita está la Funai-, Osmar Serraglio, quien integró el Frente Parlamentario de la Agropecuaria. El ministro dijo que es hora de “parar con esa discusión sobre las [demarcaciones de] tierras, porque la tierra no llena la barriga de nadie”.

Mientras tanto, el gobierno de Temer aprobaba en varios decretos la eliminación de cargos de la Funai -ya son más de 500 los que desaparecieron sólo entre enero y abril- y la reducción de su presupuesto -el de este año equivale a 60% del que tuvo en 2016-, al punto de que el órgano ha tenido que cerrar algunas de sus sucursales en el Brasil rural. Según personas especializadas en el tema, la fundación está funcionando con una cuarta parte del personal que necesita, lo cual detiene, de hecho, su trabajo en la demarcación de tierras.

Pero el problema para Costa no llegó por sus declaraciones o la lenta desaparición del organismo que dirige, sino porque no siguió las “recomendaciones” de la bancada ruralista y de Serraglio para designar a tres coordinadores regionales en el interior del país. Costa recibió esas recomendaciones cuando ya había acordado con algunos grupos indígenas los nombres a designar. Amagó con dar marcha atrás, pero eso tensionó la relación con estas comunidades, que amenazaron con ocupar oficinas de la Funai. Finalmente, Costa optó por mantener los nombres acordados.

Los medios brasileños informaron días atrás que Temer había decidido destituir a Costa por pedido de Serraglio, pero que lo había postergado para esta semana porque el 19 fue el Día del Indio. La decisión se haría pública esta semana, por lo cual Costa ya empezó a despedirse de los pocos funcionarios que quedan dentro de la Funai.