La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile rechazó el proyecto de reforma de la educación que envió al Parlamento el gobierno de Bachelet. En la comisión, de 13 integrantes, el proyecto recibió seis votos a favor y seis en contra, por lo que no contó con la mitad más uno necesaria para avanzar.
Este rechazo fue posible no sólo por los votos en contra de los partidos de derecha, que se oponen a la gratuidad en la educación incluida en la propuesta, sino también por la abstención de la diputada del Partido Comunista -que integra la coalición de gobierno- y ex dirigente estudiantil Camila Vallejo. “Lo tengo que rechazar, pero como no votaré con la derecha, me abstengo”, dijo la diputada ante los periodistas que le habían preguntado cuál sería su postura. Vallejo agregó que el proyecto la “frustra y decepciona”. Otro de los diputados chilenos que llegaron al Parlamento tras liderar el movimiento estudiantil en 2011, Giorgio Jackson, votó en contra del proyecto en la comisión. Jackson pertenece a la coalición opositora de izquierda Frente Amplio.
El proyecto de reforma es rechazado en bloque por el movimiento estudiantil chileno. Sus integrantes consideran que el texto no garantiza los tres pilares que, a su entender, debe tener la educación pública chilena: la gratuidad, la calidad y la ausencia de fines de lucro.
Con el objetivo de manifestar su rechazo a la iniciativa, los movimientos de estudiantes se movilizaron el martes en contra de la reforma. La Confederación de Estudiantes de Chile considera que los cambios que propone Bachelet son insuficientes y que no eliminarán las falencias del sistema actual. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Daniel Andrade, advirtió al gobierno: “No se puede legislar sin escuchar a los movimientos sociales”. Las dos organizaciones estudiantiles se quejan también de que el gobierno no las consultó antes de redactar la iniciativa, y le exigen que la retire para sustituirla con otra en la que se incorporen sus reclamos.
La reforma de la educación universitaria, la parte central de la reforma educativa que impulsa Bachelet, amplía la gratuidad pero la condiciona al crecimiento económico del país. Los movimientos estudiantiles pretenden que esa gratuidad sea total y que no esté atada a ningún indicador. A su vez, el texto gubernamental prohíbe el lucro en la educación, aunque algunos critican que la forma en que lo hace no es suficiente.
Después del tropiezo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el martes, el proyecto iba a ser votado ayer en el plenario, pero esa instancia se postergó hasta el lunes. Si el proyecto es rechazado en esa votación, no podrá tratarse ninguna iniciativa similar en lo que queda de 2017, que es el último año del gobierno de Bachelet.
Los diputados surgidos del movimiento estudiantil manifestaron sus esperanzas de que en este período tengan lugar diálogos con el gobierno para reformular el proyecto de ley. “Queremos que haya reformas, pero queremos que salgan bien direccionadas. Todos tenemos que ser responsables y trabajaremos para restablecer ese acuerdo”, dijo ayer Vallejo, que fue criticada por otros diputados oficialistas por haber rechazado la iniciativa en la comisión. En el mismo sentido, Jackson dijo que espera que el gobierno “acerque posiciones con el movimiento estudiantil” para que surja un nuevo proyecto. “Me encantaría poder votar a favor”, afirmó.
A su vez, Bachelet lamentó que la comisión rechazara la reforma. “Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero lo que no se puede hacer es retroceder”, dijo. En tono conciliador, agregó: “Algunos querrán ir más rápido o hacerlo todo de una vez. Otros querrán que nada cambie. Nosotros, como gobierno, queremos avanzar para asegurar que los nuevos derechos sean sustentables y no tengan retroceso”.