En la víspera del paro general convocado para hoy, la Cámara de Diputados de Brasil, dominada por el oficialismo, aprobó la reforma laboral propuesta por el gobierno de Michel Temer, que es rechazada por los sindicatos.

A grandes rasgos, la reforma brinda mayores beneficios a los trabajadores tercerizados, promueve las contrataciones zafrales y permite la precarización de las condiciones laborales, según denuncian los trabajadores. En el texto se establece que los sindicatos y las empresas pueden acordar condiciones laborales que violen el Código del Trabajo; por ejemplo, una jornada laboral de 12 horas o la eliminación de los días libres durante un período determinado. Además, se extiende el tiempo durante el cual puede ser contratado un trabajador zafral -que está en condiciones más precarias y no cuenta, por ejemplo, con derecho al seguro de paro-; cuando comenzó el gobierno de Temer, el plazo era de 90 días, y si la reforma se aprueba será de 120, y se podrá prorrogar por hasta 360. Otro pilar de la reforma refiere a los trabajadores tercerizados. Se establece que deberán contar con algunos servicios que sí tienen los empleados y que antes eran opcionales para ellos. Por último, la reforma elimina la contribución sindical obligatoria, que era el equivalente a un día de salario por año.

Esta reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados por todos los partidos que respaldan a Temer, excepto Solidaridad, que representa a la organización Fuerza Sindical. El proyecto pasará al Senado, donde se prevé que sea aprobado rápidamente.

El Congreso trata esta reforma, así como la del sistema de seguridad social, mientras su impopularidad crece con rapidez.

La reforma laboral, en particular, fue tramitada en el Congreso de una forma que despertó sospechas: el martes 18 de abril el gobierno sometió a votación la posibilidad de que se tratara de forma urgente, pero no contó con los votos necesarios, que sí logró reunir apenas 24 horas después. Entre esas dos votaciones el gobierno tomó una peculiar medida: se comprometió a entregar dinero a diputados y senadores que consiguieran que se hablara bien de las reformas del gobierno en medios de comunicación o plataformas digitales como Youtube. Esta decisión se adoptó mientras el gobierno de Temer cuenta con la aprobación de sólo 4% de los brasileños, según la última encuesta del instituto Ipsos.

Con este escenario de fondo, decenas de sindicatos convocaron a un paro general para hoy, que se espera que cuente con una adhesión masiva. Varios sectores anunciaron en las últimas horas que harán paros, entre ellos docentes, trabajadores de empresas petroleras y transportistas. Una de las instituciones que se sumaron al paro es la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil. Los obispos están llamando a sus seguidores a adherir a la medida y las escuelas que administran también pararán.

Temer anunció ayer que descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro, algo que no suele suceder en el sector público en Brasil y que es interpretado como un intento de reducir el impacto de la convocatoria. Después de que el presidente lo anunciara, el departamento del Ministerio Público dedicado a asuntos laborales emitió un comunicado en el que recordó que el derecho a huelga “es un derecho fundamental” de los trabajadores, y destacó “la legitimidad de los intereses que se quieren defender por medio del paro general anunciado”.