Sucedió el jueves 13 de abril en la Universidad de Madan, al noroeste de Pakistán. Todavía no anochecía. Una multitud de hombres vestidos con túnicas blancas se congregó para expresar su furia contra un estudiante de periodismo muy activo en las redes sociales y conocido por sus posturas sobre temas de derechos humanos, que supuestamente había insultado a Mahoma, el profeta del islam. Los hombres se dirigieron hacia la habitación del supuesto blasfemo, lo arrastraron hacia afuera, lo desnudaron, lo golpearon hasta desfigurarlo y le pegaron un tiro. Una vez muerto, los hombres lo pisaron, lo patearon y lo siguieron golpeando. Los momentos siguientes fueron confusos. Hombres corriendo, algunos con la cabeza gacha o mirando para un costado, otros gritando. De repente, aparecieron en escena un par de funcionarios policiales, y fin. Todos los videos sobre el linchamiento de Mashal Khan terminan ahí.

Unas horas después, esos mismos funcionarios que aparecen en los videos -caminando, vale destacar- declararon que ellos eran “pocos” y “no pudieron hacer nada” para frenar a una muchedumbre “incontrolable”.

Khan fue víctima de la interpretación que muchos clérigos y sus seguidores hacen de las leyes sobre la blasfemia en Pakistán, que son usadas indebidamente para hacer justicia por mano propia. En Pakistán, el islam es “la religión del Estado”. 94% de la población es musulmana, y la intolerancia religiosa está profundamente arraigada tanto en la ciudadanía como en el aparato estatal.

La muerte de Khan tuvo aristas inéditas, porque despertó protestas ciudadanas y motivó que el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, condenara lo ocurrido, aunque haya tardado dos días en pronunciarse. Esto contrasta con otros asesinatos por blasfemia en los que nadie lamentó o condenó esas muertes.

Sin embargo, el contraste es sutil. Por ejemplo, el imán del pueblo donde fue enterrado Khan el viernes 14 de abril se negó a realizar los rituales funerarios. El día después, su funeral fue interrumpido por dos hombres que con altoparlantes insultaban al joven por haberse metido con el profeta del islam.

Después del asesinato colectivo, la universidad inició una investigación sobre la supuesta blasfemia del alumno y no sobre su asesinato. Rápidamente, el rector dio marcha atrás, asegurando que el informe había sido “un error administrativo”. Probablemente se le hayan entreverado los papeles. Es que, después del linchamiento, trascendió que la universidad le había prohibido a Khan y a otros dos estudiantes la entrada en el campus mientras un comité investigaba unas acusaciones que había recibido contra ellos por “actividades blasfemas”. Estos dos compañeros fueron brutalmente golpeados el día que murió Khan. Uno de los profesores del estudiante asesinado aseguró a medios locales que la acusación de blasfemia era en realidad una pantalla para cubrir una “venganza política” porque, tres días antes, Khan había criticado ante un canal paquistaní la gestión de la administración de la universidad.

Por el momento, 41 personas fueron arrestadas por estar involucradas en el asesinato, incluidas seis que forman parte del personal de la universidad. La mayoría es acusada de “asesinato y atentado a la autoridad del Estado”. Entre los detenidos se encuentra Bilal Bakhsh, uno de los encargados de la seguridad en la universidad y que supuestamente fue “el que incitó a la turba y pidió la muerte de Mashal Khan”, según dijo a la agencia de noticias Efe Mian Saeed, un oficial de la Policía de Mardan. “Es uno de los principales acusados detrás del linchamiento”, agregó Saeed, quien explicó además que Bakhsh alentó a la gente a “torturar y matar” al joven, asegurándoles que “la Policía no haría ningún tipo de investigación” sobre lo sucedido. Uno de los últimos arrestos tuvo lugar el martes de la semana pasada, cuando un joven confesó ser el autor del disparo que dio muerte a quien era su compañero de clase.

De otra época

El asesinato de Khan demuestra cómo las leyes contra la blasfemia de Pakistán a veces son utilizadas como pretexto para agredir o matar por intereses personales, políticos, económicos o incluso por venganza. Y el fenómeno ha ido in crescendo. Las leyes antiblasfemia fueron diseñadas originalmente bajo el gobierno colonial británico en el siglo XIX para “evitar choques religiosos”. Sin embargo, durante la década del 80, varias reformas auspiciadas por el entonces dictador, Mohamed Zia ul Haq, endurecieron esta norma. Desde entonces, afloraron miles de acusaciones por blasfemia, un delito que se castiga con penas de cárcel e incluso con la pena de muerte.

Aunque hasta la fecha no se aplicó nunca la pena de muerte, muchas personas han matado en Pakistán para hacer justicia por mano propia. Se estima que desde 1990, 65 personas fueron asesinadas en este país por acusaciones de blasfemia. El hecho de que la legislación no contemple penas disuasorias por hacer acusaciones falsas promueve casos como el de Khan. Las leyes paquistaníes violan el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, según denuncia Amnistía Internacional.

Un informe de esta organización publicado en diciembre de 2016 denuncia justamente cómo las leyes sobre la blasfemia en Pakistán se utilizan contra las minorías religiosas y otras personas que son objeto de falsas acusaciones. “Hay pruebas abrumadoras de que las leyes sobre la blasfemia de Pakistán violan los derechos humanos y alientan a las personas a hacer justicia por mano propia. Cuando se acusa a una persona, esta queda atrapada en un sistema que le ofrece pocas garantías, la presupone culpable y no la protege de personas dispuestas a utilizar la violencia”, afirmó Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales en Amnistía Internacional.

De acuerdo con el documento, las personas acusadas de blasfemia en este país se enfrentan a una “dura lucha” para demostrar su inocencia e incluso cuando son absueltas de los cargos su vida todavía corre peligro. El informe señala que cuando se formula una acusación de blasfemia la Policía puede detener a la persona acusada sin verificar si los cargos tienen sentido y sin examinar las pruebas. De hecho, la propia Corte Suprema de Pakistán reconoció que “la mayoría de los casos de blasfemia se basan en acusaciones falsas”, impulsadas por otras motivaciones. A esto se suma que, una vez que la persona fue acusada, tiene que esperar en la cárcel a un juicio que generalmente es largo y sin las debidas garantías.

La última modificación de la ley amplió el rango de lo que se puede considerar como “acto blasfemo”. De esta forma, está prohibido desde “profanar un lugar de culto” o un “objeto sagrado” a “ultrajar los sentimientos religiosos”. Profanar el Corán puede encerrar en la cárcel al culpable por el resto de su vida, y difamar a Mahoma se pena con la muerte.

El caso más conocido es el de Asia Bibi, una mujer cristiana condenada a muerte en 2010 porque supuestamente insultó a Mahoma durante una discusión en un pozo de agua. Bibi, madre de cinco hijos, todavía espera en una prisión de Sheikhupura a que la Corte Suprema estudie su apelación. La última fase de este proceso estaba agendada para octubre de 2016, pero la cita se aplazó unos días antes, de forma indefinida.

Salmaan Taseer, gobernador de la provincia de Punjab y crítico de las leyes contra la blasfemia, expresó su apoyo a Bibi en 2011 y fue asesinado unas semanas después. Su asesino, Mumtaz Qadri, fue ejecutado en febrero de 2016. A su funeral asistieron miles de personas que lo recordaron como un “héroe” y que después se manifestaron en las calles de la capital paquistaní, Islamabad, en Lahore y en Karachi, contra una ejecución que consideraron “injusta”.

Otro caso es el de Rashid Rehman, un abogado de derechos humanos que representaba a personas acusadas de blasfemia. En mayo de 2014, Rehman fue asesinado a tiros en su estudio por dos hombres armados que nunca fueron identificados. El día después de su asesinato, su barrio se llenó de panfletos que decían que el abogado había encontrado su destino al tratar de “salvar a una persona blasfema”. Un mes antes de morir, Rehman había sido amenazado de muerte en una sesión pública por una persona, que nunca fue interrogada por quienes después investigaron las circunstancias de su muerte.

En el mismo año, varias organizaciones internacionales denunciaron el asesinato de Shama y Shahzad Masih, una pareja cristiana que fue linchada y quemada viva por decenas de vecinos, ante la mirada de sus tres hijos, porque supuestamente prendieron fuego algunas páginas del Corán. Según los familiares del matrimonio, la Policía llegó una hora tarde y arrestó a más de 100 personas. Por este caso, la Justicia condenó finalmente en noviembre de 2016 a cinco hombres, que fueron ejecutados.

Desde arriba

El funcionamiento de la Justicia y, en general, el accionar de las instituciones públicas muestran que el gobierno paquistaní, lejos de hacer un llamado a la tolerancia religiosa, promueve la persecución a los “blasfemos”. Sin ir más lejos, el primer ministro, Sharif, anunció en marzo una campaña para eliminar y bloquear los “contenidos blasfemos” en las redes sociales, “tomar medidas para garantizar que no se publicarán en el futuro” e identificar a sus autores para que sean juzgados según la ley antiblasfemia. De acuerdo con fuentes oficiales, el gobierno pidió ayuda a Facebook y Twitter para esa tarea, aunque se desconoce cuál fue la respuesta.

En un comunicado, Sharif explicó que los contenidos supuestamente ofensivos son una “nefasta conspiración” cuyo objetivo es el de “herir los sentimientos religiosos” de la comunidad musulmana de todo el mundo. Una semana antes, el ministro del Interior, Nisar Ali Khan, había amenazado con bloquear permanentemente a los usuarios de las redes que no colaboraran con esa campaña.