Desde su llegada a la Casa Blanca, hace cuatro meses, Donald Trump dejó clara su intención de recortar gastos en áreas como medioambiente, diplomacia, vivienda, ayudas a otros países y educación, con el principal objetivo de aumentar el presupuesto en defensa y seguridad. El presidente estadounidense justificó este incremento en ocho palabras: “Tenemos que empezar a ganar guerras otra vez”.

El Congreso estadounidense tiene en sus manos desde marzo el presupuesto de la administración Trump para el año fiscal 2018, que empieza en octubre. Hasta entonces, los congresistas deberán evaluar y votar la propuesta presupuestaria del presidente, que en febrero anunció que solicitaría un incremento “histórico” en el gasto en “seguridad pública y en seguridad nacional” para que Estados Unidos vuelva a ganar guerras. “Soy el primero que querría ver al mundo sin armas, pero no podemos quedarnos detrás de ningún país, aunque sea amigo. Nosotros tenemos que estar a la cabeza de la manada”, dijo entonces.

El aumento será de 10% en el caso del Departamento de Defensa, es decir, unos 54.000 millones de dólares. Así, el ministerio que nuclea a las fuerzas de seguridad estadounidenses y las agencias de inteligencia, entre otras entidades, contaría con un presupuesto total de 574.000 millones de dólares. Esos fondos que se suman ayudarían a mejorar las capacidades de respuesta rápida en conflictos y a aumentar el número de militares y municiones para programas de armamento, según explicó la Casa Blanca. Otro de los objetivos es acelerar la ofensiva contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria. “Esta solicitud permitirá al Departamento de Defensa perseguir una estrategia integral para acabar con la amenaza que supone EI para Estados Unidos”, dijo Trump en marzo, cuando todavía nadie veía venir la intervención directa de Washington en Siria.

El texto también prevé un aumento presupuestal de 6% para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de proteger las fronteras del país. Una parte sustancial de este incremento será destinado a la construcción del muro en la frontera con México -estimado en 8.000 millones de dólares-, así como a la contratación de 15.000 nuevos funcionarios de seguridad fronterizos, dos puntos fundamentales de la política migratoria de Trump.

Para solventar el aumento del gasto militar, Trump confeccionó una batería de recortes en distintas áreas. Uno de los más criticados fue el que planteó para el Departamento de Estado, de más de 30%, impulsado por la filosofía de Trump de “Estados Unidos primero”.

“Vamos a gastar menos dinero afuera, y más en casa”, dijo al respecto un funcionario del gobierno consultado por los medios locales, antes de aclarar que la gran mayoría de la reducción será para los programas de ayuda internacional y asistencia al desarrollo. Esta medida fue repudiada, entre otros, por 120 generales retirados que defendieron que el trabajo de los diplomáticos y sus agencias de cooperación es tan necesario como el de las tropas para el mantenimiento del orden y la paz.

A principios de mes, Estados Unidos dio su primer paso en ese sentido cuando anunció que cortaba toda financiación al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo encargado de prestar servicios de planificación familiar y salud reproductiva en todo el mundo y especialmente en países que sufren crisis humanitarias. Para justificar la decisión, la administración Trump alegó que el UNFPA, al desarrollar misiones en China, apoyaría un programa de abortos forzados en este país. Sin embargo, reconoció que “no hay pruebas” de que lo haga. La organización negó la acusación en un comunicado y explicó que “todo su trabajo promueve los derechos humanos de individuos y parejas para que tomen sus propias decisiones, libres de coacción o discriminación”. La decisión se suma a otra tomada por Trump una semana después de asumir la presidencia, que prohíbe el uso de fondos del gobierno para subvencionar a grupos que practiquen abortos en el extranjero o brinden asesoramiento al respecto.

En los próximos meses vendrán otros recortes a organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los que Trump reducirá en 40% su apoyo económico, según anunció.

Más que números

En su primer proyecto de presupuesto, el presidente estadounidense también propuso drásticos recortes de gastos en materia de ciencia y medioambiente. Respecto de esto último, Trump, escéptico del cambio climático, pretende cortar en 30% la ayuda a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y terminar allí con 3.000 puestos de trabajo. Además, el plan presupuestal del gobierno elimina la partida para la Iniciativa Global de Cambio Climático -un plan para incentivar la inversión en energías renovables que fue dotado con 350 millones de dólares- y los aportes adicionales al Fondo Climático Verde de la ONU. Estos dos programas son coordinados por el Departamento de Estado, uno de los más afectados por los recortes de Trump.

A la vez, el nuevo gobierno estadounidense planea recortes en los Institutos Nacionales de Salud, el Departamento de Energía, el Servicio Geológico y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Cuando la Casa Blanca presentó el borrador del proyecto, un grupo de científicos estadounidenses acusó públicamente a la administración Trump de carecer de una estrategia global para financiar el amplio campo de la investigación científica y su divulgación. También convocaron a una protesta en Boston, que reunió a cientos de investigadores, estudiantes y otros colectivos contra la postura de Trump sobre el cambio climático y el menosprecio a la actividad científica. Otra convocatoria, esta vez más masiva, la Marcha por la Ciencia, tuvo lugar el 22 de abril en 294 ciudades de Estados Unidos.

La tijera de Trump pasaría además por la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), cuyos fondos podrían reducirse en 1%. Si bien parece un recorte menor, la medida limitará los fondos destinados a la división de la agencia que se ocupa de las ciencias de la Tierra, que se vería obligada a cancelar cuatro misiones espaciales. A su vez, cancelaría la Asteroid Redirect Mission -una misión robótica que recién está dando sus primeros pasos- y dejaría en cero el presupuesto destinado a la oficina de educación de la NASA, que concede becas y ofrece oportunidades de empleos a jóvenes interesados en la investigación científica.

Por otro lado, Trump propuso suprimir la financiación a los Programas Nacionales para las Artes y las Humanidades, lo que supondría un fuerte golpe a museos y organizaciones culturales en Estados Unidos. El plan presupuestario para 2018 incluye además la eliminación de fondos para la Corporación de Medios Públicos, que incluye la radio y la televisión públicas, y para las bibliotecas. Se trata de la primera vez que un gobernante propone poner fin a estos programas, creados en 1965 por el presidente demócrata Lyndon B Johnson para impulsar las artes, las humanidades y la actividad cultural en el país.

Lo básico

Otra rama perjudicada por el nuevo presupuesto es la de seguridad social. Especialmente, todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, ya que la administración Trump planea hacer un recorte de 6.200 millones de dólares al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Esto equivale a una reducción de 15%. La propuesta pide eliminar categorías enteras de ayuda para el alquiler a muchas familias de pocos recursos o en situación de vulnerabilidad.

De esta forma, quedarían eliminadas las subvenciones globales para el desarrollo comunitario, el Programa de Sociedades para la Inversión de Vivienda, el Programa de Autoayuda para Oportunidad de Vivienda Propia y varios otros programas que tiene el departamento. Como resultado, más de 200.000 familias, ancianos y personas con discapacidades que se benefician de la ayuda quedarían en riesgo inmediato de desamparo, según advirtió Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos.

A esto se suman los recortes previstos en el Departamento de Agricultura, específicamente a los programas que proporcionan ayuda para el alquiler a las familias rurales.

El presidente estadounidense también tiene pensado eliminar un programa de comidas en escuelas del que se beneficiaron 40 millones de niños en todo el mundo, conocido como el plan McGovern-Dole de Alimentos para la Educación. El argumento del gobierno es que “no hay pruebas fehacientes de que esté siendo implementado de manera efectiva para reducir la inseguridad alimentaria”.

El programa, iniciado por el fallecido senador George McGovern y el ex senador Bob Dole, cuesta 182 millones de dólares y ayudó a promover la estabilidad política, económica y social en varios países pobres.

Varias agencias de la ONU y otras organizaciones civiles describieron el programa como “extremadamente importante” y un “catalizador” para ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a asistir a su propio pueblo. “Nos preocupa cualquier indicio de recortes presupuestarios en ayuda alimentaria, en especial en una época en la que ya hay una hambruna confirmada y otras tres más en perspectiva”, explicó por su parte Jon Brause, director en Washington del Programa Mundial de Alimentos. Según Brause, el proyecto McGovern-Dole ayuda a salvar la brecha que hay entre la ayuda humanitaria y el desarrollo, y tiene un impacto importante en la asistencia de las niñas a la escuela.

La eliminación de este programa también recibió el rechazo de muchos congresistas demócratas y republicanos, que lo describieron como una política que “cambia vidas”. El diputado demócrata Jim McGovern, que integra el subcomité de nutrición de la Cámara de Agricultura, dijo al diario The Guardian: “A menudo ese es el único alimento que un niño recibe en todo el día”. Agregó: “He visto cómo el programa McGovern-Dole ayudó a cambiar vidas, mejorar la nutrición, promover la asistencia en las escuelas, en especial de las niñas, y fortalecer los colegios, las familias y las comunidades”. También el senador republicano Jerry Moran -director del subcomité de Agricultura del Senado- criticó la decisión de Trump y prometió “seguir trabajando para priorizar los fondos que garantizan el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra el hambre en el mundo”.

El presupuesto, que levantó varias voces de rechazo, todavía tiene que ser aprobado por el Congreso, algo que se espera que ocurra a fines de junio.