Todos los partidos políticos españoles con representación parlamentaria, excepto el gobernante PP, acusaron al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a la cúpula de la Fiscalía de obstaculizar las investigaciones judiciales de corrupción que pesan sobre el oficialismo. Catalá compareció el martes en un debate del Congreso tras el cual se votó una moción de reprobación en su contra, por iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Así se convirtió en el primer ministro desde el regreso de la democracia en pasar por esta situación. También fueron reprobados el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.

En el debate, Catalá aseguró que tiene la intención de “seguir trabajando por una Justicia independiente y una Fiscalía autónoma con toda la ilusión y la energía”. Sin embargo, los portavoces de los distintos parlamentarios lo acusaron de confabular para proteger a los acusados de corrupción. “Usted ha actuado como abogado defensor de los acusados de corrupción de su partido”, dijo la diputada socialista Isabel Rodríguez. “Pone en riesgo el Estado de derecho y no puede seguir ni un minuto en su cargo”, agregó. Por su parte, la portavoz de Esquerra Republicana, Ester Capella, sostuvo que “las pruebas de la existencia de la unidad de acción entre el gobierno y la Fiscalía son evidentes”. A su turno, el portavoz del PP, Carlos Rojas, afirmó: “Este gobierno jamás ha dado órdenes a la Fiscalía. Ustedes están faltando el respeto a los fiscales”.

Después de que fuera aprobada la moción de reprobación, Catalá dijo a la salida del Congreso que él fue nombrado por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y que no dejará su cargo porque sigue teniendo su confianza. A diferencia de otros países, en España una reprobación parlamentaria no implica la destitución automática. Tampoco los fiscales dejarán sus cargos, pese a que fueron designados con el aval del Congreso y ahora se les retira la confianza. El propio Rajoy confirmó ayer, en una comparecencia ante el Congreso, que todos seguirán en sus cargos porque él mantiene su “plena confianza” en ellos. “Yo no esperaba otra cosa de usted, ¿cómo va a hacerles dimitir o va a cesarles si están haciendo lo que usted quiere que hagan, que es parar la avalancha de corrupción que se les está viniendo encima?”, dijo en el Parlamento el portavoz del PSOE, Antonio Hernando. Otros portavoces opositores también criticaron la ratificación de los tres jerarcas.

Entre el martes y el miércoles también se conocieron dos informes de la Guardia Civil que vinculan a la actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, así como a sus dos antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre, con la financiación irregular del PP en esa comunidad autónoma. Los investigadores consideran que está probado que el PP recibió financiamiento ilegal en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, y que Cifuentes y González estuvieron involucrados en esas prácticas antes de convertirse en presidentes de la Comunidad de Madrid, y Aguirre mientras ocupaba el cargo.

González está en prisión, junto a otros ex jerarcas, desde abril, pero por otro caso de corrupción, conocido como Lezo, en el que se investigan desvíos de dinero de una empresa pública. En la situación de González se centran algunos de los principales cuestionamientos contra Catalá y los fiscales. El ministro le mandó un mensaje de texto cuando ya estaba detenido, en el que le dijo: “Ojalá se cierren pronto los líos”. A su vez, González pidió al fiscal general que designara a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción para que ayudara a resolver sus problemas judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción descartó el martes que Cifuentes esté vinculada con el presunto financiamiento irregular del PP en Madrid. En el mismo sentido se manifestó el juez del caso, Eloy Velasco, por lo que, en principio, no habrá repercusiones de la investigación de la Guardia Civil, con la que Cifuentes fue muy crítica. La presidenta madrileña aseguró que el informe es un “juicio de valor sin fundamento jurídico alguno”, y anunció que va a estudiar si puede iniciar acciones legales contra el organismo. Además de Cifuentes, la Guardia Civil señala al consejero de Medio Ambiente de la alcaldía de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, como otros de los responsables de maniobras ilegales. Tras ser imputado, el despacho de Ruiz fue allanado y él renunció a su cargo ayer.

Cifuentes fue, en simultáneo, presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid y de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, vinculada al PP. Según la investigación de la Policía, utilizó ese cargo para adjudicar mediante el Congreso madrileño la gestión de servicios a empresas que hicieron donaciones irregulares al PP durante las campañas electorales.

Con estas nuevas investigaciones de Cifuentes por corrupción, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, llamó al PSOE y a otros partidos opositores a retirar su rechazo a la moción de censura que su partido quiere presentar, en el legislativo madrileño, contra Cifuentes. Iglesias dijo que los informes revelados por la Guardia Civil “revelan la necesidad imperiosa de presentar una moción de censura”, que podría derivar en la destitución de la presidenta de la Comunidad de Madrid.