Unos 750 militares argentinos están encarcelados por delitos de lesa humanidad pero sin tener una condena firme, ya que apelaron las sentencias emitidas en su contra. Según informó ayer el diario La Nación, los equipos de abogados que los asesoran y las entidades militares que los respaldan están expectantes por la eventual aplicación en sus casos de la Ley 24.390, que establece el beneficio conocido como “2x1”, que computa dos años de pena cumplida por cada uno de prisión preventiva, o sin condena firme, a partir del tercero. La Corte Suprema de Justicia argentina determinó el miércoles que este beneficio es aplicable a Luis Muiña, un ex represor de la dictadura condenado por delitos de lesa humanidad.

“El impacto principal [del fallo] es político, porque muestra una apertura que podría cambiar la tendencia que predominó en la Justicia durante los 12 años del gobierno kirchnerista”, dijo a La Nación una fuente cercana a las entidades militares que acompañan a los ex represores que están encarcelados.

Esta fuente interpretó que en la misma línea de esa “apertura” judicial está el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Felipe Jorge Alespeiti, un militar con problemas de salud condenado por delitos de lesa humanidad. “Los tribunales inferiores comenzarán a aplicar estos nuevos criterios”, consideró la fuente.

Según las cifras manejadas por La Nación, son 762 los militares que están en prisión sin tener una condena firme y 120 de ellos están en esta situación desde hace diez años, que se computarían por 18 si se aplicara el beneficio del 2x1.

Ayer el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, salió a criticar la decisión judicial, aunque aclaró que no quería “opinar sobre fallos de la Corte”. En entrevista con la radio La Red, Garavano criticó el beneficio 2x1 “en todos los casos” porque fue “uno de los peores engendros jurídicos” en la historia argentina. Consideró que este es un claro ejemplo de que en el país se hacen “experimentos normativos” sin analizar “las consecuencias de las leyes que se dictan”.

En el año 1994 el gobierno de Carlos Menem impulsó la aprobación de la Ley 24.390 con el objetivo de que los tiempos judiciales se aceleraran a fin de que los condenados no se vieran beneficiados por el 2x1. A la vista de que no dio resultado, en el año 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa optó por derogar la norma.

Prisión pendiente

El número de represores de la dictadura argentina presos aumentó ayer con la detención del ex subjefe de Inteligencia del Ejército, José Osvaldo Riveiro, que estaba prófugo. De acuerdo con el diario La Nación, fue detenido cuando trataba de recibir atención médica en el hospital militar Cosme Argerich, donde lo identificaron y constataron que había un pedido de captura internacional pendiente. La había emitido en 2010 la Justicia de Francia, que lo condenó en ausencia en una causa que investigaba la desaparición de cuatro ciudadanos franceses a manos de las dictaduras de Chile y Argentina. Además, Riveiro, quien ayer fue diagnosticado con demencia senil, era investigado por un juzgado de Mendoza.