En febrero, el Parlamento español aprobó por mayoría considerar una iniciativa legislativa promovida por las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General del Trabajo para establecer una prestación de ingresos de 426 euros para las familias sin recursos. Se estima que si es aprobado, el proyecto, que continúa a estudio del Poder Legislativo, beneficiaría a 2,4 millones de personas y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros, aproximadamente 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) español.

Los legisladores del gobernante Partido Popular, de derecha, y de Ciudadanos, de centroderecha, consideraron desde sus comienzos que esta es una iniciativa “inasumible”. El responsable de temas económicos de Ciudadanos, Toni Roldán, se opuso a la propuesta, dijo que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estaba “podemizando” sus políticas y consideró que la renta básica era un “caldo de cultivo perfecto para que emerja el populismo”.

En enero, el PSOE había tomado la iniciativa de pactar con los sindicatos la presentación en la cámara baja de esta propuesta –que había recogido la firma de 700.000 ciudadanos– y de esa manera le había robado el protagonismo a Podemos, de Pablo Iglesias, que de todas formas votó por tratar el proyecto a pesar de considerar que 426 euros “no es una cantidad suficiente para salir del umbral de la pobreza”.

Unidos Podemos-En Comú-En Marea también llevó al Congreso su “plan de choque” contra la pobreza, que se basa en transferencias monetarias dirigidas a todas las personas, sin ingresos o con ingresos insuficientes, con el objeto de que no exista en España nadie por debajo del umbral de la pobreza. Según el proyecto, el gobierno deberá poner en marcha, en coordinación con las comunidades autónomas y las organizaciones de la sociedad civil, un Plan de Garantía de Rentas dirigido a toda la población. El plan de Podemos destaca que la medida debe aplicarse hasta que el beneficiario salga de la situación de exclusión y es complementaria de los ingresos que pueda percibir esa persona.

Podemos defiende la idea de la renta garantizada, y en su programa electoral de 2015 se cuantificaba la transferencia en un entorno de 600 a 1.290 euros, en función del tipo de hogar. En la iniciativa parlamentaria no se especifica una cifra, sino que se señala que deberá ser una cantidad suficiente para no estar en situación de riesgo de pobreza.

Podemizados

Al mismo tiempo que dirigentes del PSOE acordaban con los sindicatos la presentación de su iniciativa en el Parlamento, el principal referente en temas económicos del PSOE, el economista Juan Carlos Díez, opinaba que la renta básica no era la solución para las personas cuyos puestos de trabajo están amenazados por la robotización. Además, Díez, habitué en programas de debates y tertulias, dio un paso más y consideró que si se aprobaba la renta básica, “los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda querrán venir todos aquí, [y] si pones una renta básica, no es que pongas el muro de [Donald] Trump, tendrás que poner francotiradores”.

El triunfo de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE trajo como novedad la salida de Díez de las tareas de coordinación de las propuestas económicas del partido y, más importante aun, la decisión de ir más allá en la propuesta de renta básica y fijar como sus destinatarios no sólo a los que no tienen ingresos, sino también a los que perciben los sueldos más bajos. De esta manera, aunque el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, expresó en la campaña que su deseo era ocupar el espacio de centro que a su entender dejó Ciudadanos al pactar con el PP, la extensión de la medida de la renta básica a más personas lo sitúa a él y al partido más cerca del electorado de izquierda.

A diferencia del proyecto de la “renta garantizada” que defiende el bloque Unidos Podemos, la iniciativa que impulsa Pedro Sánchez no se lleva a cabo mediante una transferencia monetaria, sino que se integra en el sistema fiscal. La propuesta del “nuevo” PSOE garantizaría una renta a los españoles sin ingresos y a quienes tienen bajos salarios, como un complemento salarial. Es decir que combina elementos del Ingreso Mínimo Vital y el subsidio de los salarios bajos. Este subsidio se iría reduciendo de manera progresiva, pero manteniendo incentivos para aceptar ofertas de trabajo.

Inicialmente, la transferencia de Hacienda se focalizaría en los españoles por debajo del umbral de pobreza, y luego se aumentaría y extendería.

Motor psico

El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la renta básica alerta acerca de la complejidad que tienen los sistemas de protección social actuales y destaca que su sustitución por una renta básica crearía un balance de ganadores y perdedores difícil de estimar. El documento dado a conocer la semana pasada indica que en algunos países este ingreso podría no contribuir a reducir la pobreza y en muchos casos incrementaría la desigualdad.

El informe señala que en Finlandia, el 20% más pobre recibe cuatro veces más transferencias que el 20% más rico, mientras que en Francia los dos extremos de la población reciben lo mismo. Pero en otro grupo de países, entre los que se encuentran España, Grecia, Portugal e Italia, el 20% más rico recibe tres veces más transferencias sociales que el 20% más pobre.

En este sentido, si los recursos que hoy se destinan a todas las prestaciones se sumaran y se repartieran en cantidades iguales a cada ciudadano, los más pobres de algunos países con fuertes sistemas de protección (por ejemplo, los nórdicos) saldrían perdiendo y empeorarían los indicadores de desigualdad.

Un argumento muy usado por los defensores de la medida es que si la renta básica sustituye a los programas de ayuda y prestaciones vigentes, podría tener un costo cero. Sin embargo, los cálculos de la OCDE señalan que para que esto sea así, la prestación sería en general de un monto inferior a los sistemas de rentas mínimas que ya están funcionando.

Para la OCDE, sin impuestos adicionales, una renta básica a costo cero “estaría muy lejos de erradicar la pobreza”, y una renta por encima del umbral de pobreza “sería muy cara”. El organismo concluye que la introducción de una renta básica debería ser paulatina y estar acompañada de un debate sobre cómo asumir una distribución más equitativa del crecimiento económico.

La revolución tecnológica que transforma el mundo del trabajo impulsa ahora la idea de una renta básica para todos los ciudadanos. Entre sus impulsores se cuentan organizaciones, partidos y personas de izquierda, pero también algunos empresarios. Los referentes de las empresas innovadoras globales –las de Silicon Valley, por ejemplo– están entre sus principales impulsores en tanto la ven como un Estado de bienestar propio del capitalismo. Desde estos sectores empresariales se percibe la renta básica como más simple o menos burocrática que los sistemas de protección social actuales, una especie de premio consuelo por quedar sobrantes.