La Comisión Europea aprobó el domingo las medidas propuestas por el gobierno italiano para liquidar los bancos Popolare di Vicenza (BPVi) y Veneto Banca por un monto inicial de casi 5.000 millones de euros y que podría alcanzar a 17.000 millones en garantías estatales.

Ese día, más temprano, el consejo de ministros del gobierno, encabezado por el primer ministro, Paolo Gentiloni, y el titular de Economía, Pier Carlo Padoan, había redactado y emitido un decreto por el que ambos bancos serían liquidados y absorbidos por Intesa Sanpaolo, el segundo más grande del país si se lo mide por sus activos. Esta institución fue la única que ofertó para hacerse cargo de ambos bancos a cambio del precio simbólico de un euro y con una fuerte contribución del financiamiento público destinada a ampliar el fondo de prejubilaciones por un valor de unos 1.200 millones de euros. Esa ampliación busca que unos 4.000 trabajadores de menos de 60 años (y más de 57) puedan jubilarse de manera anticipada y de esa forma reducir los costos operativos de las entidades. De acuerdo con la operación, Intesa Sanpaolo se quedará con los 20.000 millones de euros por los activos sanos de las dos entidades en quiebra, y además el Estado pondrá otros 5.200 millones de euros como anticipo de caja para Intesa.

Sin embargo, el propio ministro de Finanzas, Padoan, admitió que el fondo de garantía disponible podría llegar hasta los 17.000 millones, cifra que los analistas no dudan que terminará por alcanzarse en virtud de las reclamaciones que se espera que hagan los obligacionistas o tenedores de bonos que adelantaron dinero a la sociedad.

La medida ya es muy criticada por la oposición italiana, y se estima que tendrá costos políticos para el gobierno. Quien salió a defenderla fue el primer ministro. Gentiloni afirmó que este tipo de intervención era urgente y necesaria para evitar una “quiebra desordenada”. Destacó además que se protegerá a los titulares de depósitos y a los poseedores de obligaciones senior. La decisión tiene como principal objetivo proteger los ahorros de los clientes de ambas instituciones (al menos aquellos con depósitos inferiores a 100.000 euros) y evitar que se genere un efecto contagio en otros bancos que también se encuentran en riesgo.

La decisión del gobierno italiano, que contó con la aprobación de las principales autoridades de la Unión Europea, es bastante diferente del sistema usado en el caso del Banco Popular en España, una operación que precedió en unas semanas a la que se toma ahora en Italia. En el caso español, el Banco Santander también se quedará con una institución financiera por la simbólica suma de un euro, pero deberá ampliar el capital con 7.000 millones. Intesa Sanpaolo no sólo no lo hará, sino que recibirá dinero de los contribuyentes para atender reclamos de perjudicados y financiar el retiro de parte de la plantilla.

La intervención se precipitó después de la advertencia que hizo el viernes el Banco Central Europeo en cuanto a que BPVi y Veneto Banca estaban a punto de quebrar, y de que la Junta Única de Resolución Bancaria europea concluyera que en ninguno de los dos casos se justificaba un rescate europeo en nombre del interés público, por lo que las autoridades italianas eran las competentes para liquidar los bancos según su norma nacional de insolvencias. Las normas europeas prevén la posibilidad de que un Estado miembro solicite la autorización de ayudas públicas a la Comisión Europea para liquidar una entidad a fin de mitigar el impacto de su desaparición en la economía regional, un camino que sí transitó el gobierno español en el caso del Banco Popular. “Los que nos critican deberían decir qué alternativa mejor había. No la veo”, dijo Padoan en la conferencia de prensa posterior a la reunión del gobierno del domingo.

La banca italiana tiene problemas desde hace tiempo y se encuentra atrapada en un círculo vicioso de difícil recuperación de los créditos e incapacidad, por ende, de alimentar con nuevos créditos la inversión. Durante más de un año, las autoridades evitaron tomar medidas de fondo, apostando a que la recuperación del crecimiento económico, y el mantenimiento de una inflación moderada, permitieran la recuperación paulatina de los préstamos. Pero, tal como se evidencia ahora, el sistema financiero italiano no puede superar sus problemas a fuerza de un crecimiento modesto. Si bien el gobierno aplicó a lo largo de los últimos dos años una serie de reformas para reestructurar los créditos, fomentar la consolidación bancaria y facilitar la venta de los préstamos morosos, el agujero era demasiado grande.

Incluso si el rescate de estos dos bancos logra evitar un efecto contagio, no resolverá los conflictos de gobernanza en la banca italiana, algo contra lo que el Fondo Monetario Internacional ha advertido a los gobiernos del país desde hace años. Los vínculos entre empresas productivas y los bancos son muy estrechos, lo que no permite que el otorgamiento de créditos se guíe por criterios de rentabilidad y recuperabilidad, sobre todo en los casos de los bancos regionales. Esto se traduce en incapacidad de gestionar bien la morosidad. Y, como la historia de los sistemas financieros y sus crisis lo demuestra, una mala gestión de los créditos la pagan los ahorristas o los contribuyentes. Este último caso parece ser el italiano.