El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil empezó ayer la etapa final del proceso contra la fórmula presidencial que en las elecciones de 2014 estuvo integrada por Dilma Rousseff y el ahora presidente Michel Temer. Este proceso judicial fue iniciado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que después de perder en las elecciones acusó al oficialismo de cometer irregularidades durante la campaña electoral. En particular, se acusa a la fórmula de haber cometido abuso de poder económico y político durante la campaña –recibiendo financiamiento ilegal y utilizando espacios gubernamentales para promover su candidatura–.

Las denuncias han tenido varias idas y vueltas hasta que esta semana llegaron al pleno del TSE, que tiene previsto dedicar cuatro sesiones a este tema –una anoche, dos hoy y una cuarta mañana– en las cuales los siete ministros darán a conocer sus votos hasta que se llegue a una decisión. El tribunal que juzga a la fórmula está integrado por tres miembros del Supremo Tribunal Federal, dos del Supremo Tribunal de Justicia y dos abogados propuestos por la Presidencia y designados por el STF.

El protocolo establece que en esta etapa lo primero es la presentación del parecer del magistrado informante, el que llevó adelante la investigación, que en este caso es Herman Benjamin. Después presentarán sus argumentos los cuatro abogados: uno acusador, uno por cada acusado y un cuarto representando al Ministerio Público. Tras esta presentación de argumentos, seis de los siete magistrados votarán con respecto a las conclusiones presentadas por Benjamin.

Durante el proceso, Rousseff ha negado haber recibido ningún tipo de aporte ilegal durante la campaña, mientras que Temer ha argumentado que su financiamiento y el de Rousseff eran separados, por lo cual pide que se los juzgue de forma independiente, una solicitud que probablemente el TSE no acepte.

Después de escuchar a los abogados y votar, los jueces pueden decidir absolverlos a ambos o condenarlos a dejar de sus cargos –algo que a esta altura sería válido sólo para Temer– y que pierdan sus derechos políticos durante ocho años, lo que implicaría inhabilitarlos. También pueden tomar decisiones mixtas, como absolver a uno y condenar al otro si consideran que tiene más responsabilidad en los supuestos hechos delictivos.

Si la Justicia decide que Temer sea cesado en su cargo, este puede presentar apelaciones y mantenerse como presidente durante varios meses. Sin embargo, es probable que si recibe una condena, el presidente de Brasil pierda gran parte de su apoyo parlamentario.

La fecha del juicio contra la fórmula que ganó las últimas elecciones es considerada clave desde hace más de dos semanas, cuando se supo que Joesley Batista, uno de los dueños de la empresa JBS, había grabado a Temer avalando el pago de sobornos para bloquear una investigación de corrupción en su contra.