El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó la solicitud presentada por un diputado chavista para determinar si hay razones que permitan llevar a juicio a la fiscal general, Luisa Ortega, que en varias oportunidades acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de atentar contra la democracia. Mientras tanto, continúan las protestas en todo el país, que en casi tres meses dejaron 75 muertos.

El pedido de un “antejuicio de mérito” contra la fiscal Ortega fue presentado el viernes por el diputado Pedro Carreño, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, y aprobado el martes por el TSJ. En ese documento Carreño acusa a Ortega de “atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa”, “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución” y “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”. A la vez, pide medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes.

En un comunicado, el TSJ basó su decisión en el artículo 279 de la Constitución, que establece que los “integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia”. El Poder Ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general. El tribunal máximo acordó convocar a una “audiencia pública” y notificar a Carreño, Ortega y los demás integrantes del Consejo Moral Republicano para que declaren ante los magistrados “y expongan lo que consideren pertinente”. También informó que las medidas cautelares solicitadas por Carreño “se encuentran en estudio”.

De ser aprobado, el juicio podría implicar el cese temporal de las funciones de Ortega, quien, al frente del Ministerio Público, ha intentado frenar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Maduro. No fue la única actitud que molestó al chavismo. La fiscal también solicitó la impugnación de la elección de 33 magistrados del TSJ por irregularidades en el proceso de elección, calificó de una “ruptura del orden constitucional” la decisión del tribunal de atribuirse las funciones del Parlamento en marzo y, en los últimos meses, llegó a condenar la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales.

En una entrevista radial, minutos después de que se diera a conocer el comunicado del TSJ, la fiscal dijo que la decisión de los jueces “es contraria al orden constitucional” y “al Estado de derecho”. Agregó que no tuvo acceso al expediente para preparar su defensa y consideró que el juicio es un mecanismo para castigar su trabajo en defensa de los derechos humanos. “Aquí está desmantelado el Estado de derecho; se ha venido abajo. Estamos en un estado de terror”, dijo Ortega.

La Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a la mayoría de la oposición venezolana, manifestó su respaldo a Ortega, quien, a su entender, “está siendo asediada por la dictadura” de Maduro.

El conflicto ocurre en el marco de una ola de manifestaciones a favor y en contra del gobierno que el lunes cumplió 80 días y que hasta ahora dejó 75 fallecidos, cientos de heridos y detenidos. La última víctima, un hombre de 17 años, murió el lunes luego de recibir un disparo en el tórax por parte de funcionarios de la Guardia Nacional que fueron detenidos, según informó ayer el Ministerio Público. Desde que empezó la ola de protestas, en abril, esta entidad emitió órdenes de captura contra 23 funcionarios de la Guardia Nacional por la muerte de manifestantes, pero ninguna se ha concretado. La oposición también denunció irregularidades en el accionar de las fuerzas de seguridad.

En medio de estas denuncias, Maduro anunció el martes la renovación de la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente comunicó en un acto televisado quiénes serán los nuevos titulares del Comando Estratégico Operacional, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana y la Milicia.

La mayoría de ellos enfrentan denuncias de diputados opositores, que los acusan de violar los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales. En los últimos días, circularon videos en los que se ve a funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana golpeando, disparando y robando a manifestantes. Los altos mandos militares se defendieron asegurando que son comportamientos exclusivos de “manzanas podridas”, que no representan el accionar regular de las fuerzas armadas.

Ayer, durante la última jornada de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que se desarrolló desde el lunes en Cancún, los representantes de Venezuela dijeron que “hay una obsesión” con su país. Acusaron a los demás miembros del organismo de echar “gasolina a la candela” en vez de promover la paz, y de hacer un “uso político y selectivo” del tema de los derechos humanos.