En dos acciones casi simultáneas, los edificios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio del Interior de Venezuela fueron atacados el martes por un grupo de personas que argumentó que defendía la libertad y la democracia. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó esas acciones, a las que calificó de “terroristas” y “golpistas”. Pese al ataque, el TSJ emitió ese día dos sentencias que atribuyen a la Defensoría del Pueblo facultades que eran exclusivas de la Fiscalía.

El presidente de Venezuela encabezaba un acto por el Día del Periodista en la sede presidencial cuando tuvo que interrumpir su discurso para informar lo que estaba sucediendo en dos puntos de Caracas. En primer lugar, reportó que el Ministerio del Interior había recibido 15 disparos mientras se desarrollaba un evento social. Después dijo que a los pocos minutos cuatro granadas impactaron en la sede del TSJ, donde estaban reunidos algunos de sus jueces. “[Los responsables] pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos, una tragedia”, agregó Maduro.

Más tarde, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, confirmó en cadena nacional que no hubo heridos y que los dos ataques se llevaron a cabo desde un helicóptero que, según dijo, fue “hurtado” a la Policía Científica. También identificó al responsable como Óscar Alberto Pérez, uno de los inspectores de la división de transporte aéreo de la Policía Científica. Villegas dijo que estos atentados forman parte de “una escalada golpista contra la Constitución y sus instituciones”, y agregó que Pérez era investigado por sus vínculos con la CIA y la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Pérez, de 36 años, también tiene una corta carrera como actor.

Varios medios venezolanos, como el canal NTN24, difundieron imágenes en las que se ve a Pérez agitando desde el helicóptero una pancarta con las palabras “Libertad” y “Artículo 350”. Este último es el que, en la Constitución de Venezuela, concede a las personas el derecho a oponerse a un gobierno que no brinde garantías democráticas.

Un poco antes de que se informara sobre los ataques, Pérez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que avisaba que se estaba haciendo un “despliegue aéreo y terrestre” para “devolver el poder al pueblo democrático” y así “hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional”. En el video, el inspector aparece de pie, vestido con un uniforme militar y con la cara descubierta, rodeado por cuatro hombres armados y encapuchados. “Este combate [...] es contra el gobierno nefasto, contra la tiranía”, dice Pérez mientras lee un papel. Asegura que forma parte “de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra de este gobierno transitorio y criminal”, y aclara que no siguen ninguna “tendencia político partidista”. En cambio, los presentó como “nacionalistas, patriotas e institucionalistas”.

En el acto por el Día del Periodista, Maduro condenó los ataques, prometió que los responsables serían capturados “más temprano que tarde” y afirmó que, en las últimas semanas, las fuerzas de seguridad impidieron al menos otros diez incidentes similares. “Este es el tipo de escalada armada que he venido denunciando. He activado a la Fuerza Armada Nacional para defender el derecho a la tranquilidad”, dijo, antes de exigir a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática y a los demás sectores políticos que condenen lo sucedido.

Lejos de sumarse a la condena, la oposición denunció que, también el martes pero más temprano, grupos civiles armados atacaron el Parlamento, luego de un choque entre algunos diputados y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Por este enfrentamiento resultaron heridas dos diputadas, según denunció en una entrevista radial el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges. Algunos videos publicados en redes sociales muestran que los grupos armados lanzaron pirotecnia y otros artefactos en el interior de la sede legislativa. El diputado agregó que quienes se encontraban adentro permanecieron encerrados por cuatro horas. El incidente obligó a que se interrumpiera la sesión del Parlamento, en la que se iba a votar un proyecto contra el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas públicas.

De acuerdo con Borges, el incidente en el Parlamento responde directamente a un llamado que hizo Maduro en un acto en Caracas, en el que advirtió: “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”.

“Parece una cosa de película”, dijo Borges acerca de los ataques contra el TSJ y el Ministerio del Interior. “Hay gente que dice que es un peine [una trampa], hay gente que dice que es una cuestión real, hay gente que dice que son efectivos policiales que realmente están hartos”, agregó, según citó la agencia de noticias Reuters.

En la tarde de ayer, el vicepresidente Tareck el Aissami informó que el helicóptero utilizado en los ataques fue localizado cerca de Caracas, en el estado de Vargas, y manifestó que todavía no había detenidos por esas acciones. “A pesar de las condiciones climáticas adversas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha localizado el helicóptero que fue empleado el día de ayer en dos ataques terroristas a instituciones del Estado venezolano”, dijo El Aissami al canal estatal VTV.

Poderes reasignados

Pese al ataque, esa noche el TSJ emitió dos sentencias que le otorgan a la Defensoría del Pueblo –cuyo cometido es garantizar el respeto a los derechos humanos– facultades que eran exclusivas de la Fiscalía, como la de participar en investigaciones penales. Esto ocurre cuando el defensor del pueblo es un oficialista, Tarek William Saab, mientras que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, se ha convertido en una de las voces críticas con el gobierno.

Según uno de los fallos, la Defensoría del Pueblo “puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras”.

Ayer Ortega dijo que desconocerá esas sentencias emitidas por “unos ilegítimos magistrados” del TSJ y que defenderá la Constitución: “Quiero jurar hoy delante de ustedes, lo juro, defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida”. En una conferencia de prensa pidió que esas sentencias sean anuladas y consideró que esos fallos, “además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, les entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos”. Agregó: “¿Ustedes creen que puede haber una investigación penal seria e imparcial en los términos establecidos en esta sentencia?”.

Más tarde el defensor del Pueblo pidió “a todos los operadores de Justicia” que investiguen y sancionen según las leyes “todos los delitos que se han cometido en los últimos meses en el marco del llamado a [dar un] golpe militar y desestabilización de las instituciones democráticas”, inclusive el ataque con helicóptero al TSJ y el Ministerio del Interior.