Pegasus es un software que se puede instalar en los celulares para espiar los datos de los teléfonos y a sus dueños, mediante los servicios de ubicación, los micrófonos o incluso las cámaras. El software fue vendido, por lo menos, a tres dependencias del gobierno mexicano, y fue encontrado en los celulares de decenas de periodistas y activistas mexicanos, así como en los de varios políticos.

El caso se empezó a conocer el 19 de junio a raíz de una investigación de The New York Times, que reveló que varios activistas y periodistas habían sido espiados con este software. La última de las confirmaciones llegó ayer, mediante Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto que investiga cuestiones vinculadas con la tecnología, en particular la seguridad digital, y que hasta ahora documentó 93 ataques con Pegasus. Este laboratorio canadiense confirmó ayer que tres políticos del opositor Partido Acción Nacional fueron víctimas de intentos de espionaje con este software. Se trata del presidente del partido, Ricardo Anaya, su portavoz, Fernando Rodríguez Doval, y el senador y ex presidente de la cámara alta, Roberto Gil.

Según Citizen Lab, el software también había sido utilizado para espiar a la periodista Carmen Aristegui y su equipo, al presentador de noticias Carlos Loret de Mola, al director del Centro Pro de derechos humanos, Mario Patrón, y a los activistas anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad Juan Pardinas y Alexandra Zapata.

Pegasus es producido por la empresa israelí NSO Group, que lo vende únicamente a gobiernos que se comprometen a utilizarlo para evitar acciones criminales, en especial las vinculadas con el terrorismo, pero no tiene forma de garantizar o comprobar que los gobiernos cumplan con su compromiso. En México el software fue adquirido por la Procuraduría General de la República y dos organismos que dependen del Ejecutivo: la Secretaría de la Defensa y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional.

Después de que esta información viera la luz, el presidente Enrique Peña Nieto negó que su gobierno tuviera algo que ver con este espionaje.

Por su parte, las víctimas ya recurrieron a la Justicia. El lunes el titular de la fiscalía encargada de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, anunció que se solicitará a las personas que denunciaron el espionaje que entreguen sus celulares para que se les haga un “análisis forense”.