El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo anunciaron que investigarán lo sucedido ayer, cuando decenas de personas irrumpieron en la Asamblea Nacional y agredieron a diputados opositores. Todo comenzó después de un acto encabezado por el vicepresidente, Tareck el Aissami, organizado para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia venezolana.

El Aissami sorprendió al hacer este acto en un salón del Palacio Legislativo, al que llegó rodeado de una multitud de militantes chavistas. “Estamos en las instalaciones de un poder del Estado que ha sido secuestrado por la misma oligarquía que traicionó a Bolívar”, dijo el vicepresidente antes de llamar a sus seguidores a “forjar la independencia en las calles”.

Al cierre del acto, una treintena de personas ingresó a la sesión del Parlamento, donde diputados opositores también conmemoraban el aniversario de la independencia y además se disponían a votar la convocatoria a un referéndum el 16 de julio para definir la continuidad del gobierno y de la Asamblea Constituyente. El grupo irrumpió por la fuerza en el hemiciclo y agredió a algunos diputados. Según la oposición, los militantes oficialistas hirieron a cinco de los legisladores.

Finalmente el personal del Poder Legislativo logró sacar a ese grupo, y los diputados continuaron con la sesión, en la que aprobaron la convocatoria al referéndum. “No pudieron impedir el objetivo. Los diputados defendimos el Palacio, logramos que sacaran a estos delincuentes y mantener la sesión”, celebró el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara. Después, el edificio de la Asamblea Nacional estuvo rodeado durante varias horas por chavistas que buscaban imitar los piquetes que el martes había hecho la oposición en las principales avenidas del país.

Lo sucedido en la Asamblea Nacional no evitó que se cumpliera con la agenda oficial de actos. En uno de ellos, el presidente Nicolás Maduro dijo que condena los hechos de violencia y exigió “que se haga justicia”.

Anoche el Mercosur condenó lo sucedido y denunció un “avasallamiento” del Poder Ejecutivo sobre el parlamento por haber organizado una actividad en el Palacio Legislativo. “Exhortamos al gobierno de Venezuela a poner fin inmediatamente a todo discurso y acciones que incentiven una mayor polarización”, dijo en un comunicado.

Terceros incómodos

El enfrentamiento no ocurre sólo entre el oficialismo y la oposición. En los últimos días se sumó una nueva protagonista: la fiscal general, Luisa Ortega.

Desde los polémicos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se atribuían funciones del Poder Legislativo, la posición de la fiscal fue cada vez más distante de la del gobierno, hasta que la semana pasada lo acusó de cometer terrorismo de Estado y recurrió al TSJ en un intento de detener la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

A medida que Ortega se fue oponiendo cada vez más al gobierno, comenzaron a surgir denuncias judiciales y administrativas en su contra. Por un lado, el Frente de Profesionales Patriotas, un grupo afín a Maduro, la denunció ante la Contraloría General de la República por una presunta malversación de fondos públicos. Por otro, el diputado oficialista Pedro Carreño la acusó de cometer “faltas graves” en el desempeño de sus funciones. Por esta última denuncia hubo una audiencia el martes, y el TSJ va a decidir esta semana si empieza o no un proceso judicial.

Estas tensiones también se reflejaron en la designación del vice fiscal general, número dos de Ortega, quien asumirá su lugar si ella es destituida. En principio ella había elegido para ese cargo a Rafael González, pero el TSJ invalidó esa decisión y designó a su propia candidata, Katherine Harrington.