Un juez de Brasilia ordenó ayer que se suspenda el aumento del impuesto al combustible, que fue decretado el viernes por Temer, mientras investiga la legalidad de la medida. El juez Renato Borelli argumenta que, si bien el gobierno puede modificar los impuestos, la Constitución establece que debe transcurrir un período de 90 días entre la adopción de la medida y su entrada en vigor, pero en este caso se aplicó de inmediato. Estos argumentos estaban comprendidos en el recurso que un abogado presentó contra la medida y que fue aceptado por Borelli. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, autor e impulsor del aumento de los combustibles, anunció que el gobierno apelará la suspensión, y que si la Justicia impide la suba del impuesto, el aumento se hará por otra vía.

El aumento del impuesto sobre los combustibles fue anunciado el jueves por un gobierno que, aunque asegura que la situación económica está mejorando, sigue utilizándola como justificación para aprobar medidas poco populares. En este caso, la suba del impuesto anunciada el jueves implica que el precio de los combustibles aumente hasta 10%.

El mismo jueves también se anunció un nuevo recorte del gasto público, esta vez de casi 2.000 millones de dólares –totalizando unos 15.500 millones de dólares en lo que va del año–.

Las medidas fueron definidas como “absolutamente necesarias” para “la preservación del ajuste fiscal” en un comunicado emitido en forma conjunta entre los ministros de Hacienda y Planificación. Las carteras manifestaron que con estas medidas esperan garantizar el cumplimiento de la meta fiscal, establecida en 2% del Producto Interno Bruto para este año. Estas disposiciones se adoptan después de que en junio el gobierno anunciara que disminuirá nuevamente su perspectiva de crecimiento para este año, que ya bajó de 1% a 0,5% en abril.

A estas medidas se sumó, ayer, el anuncio de que se lanzará un programa de retiros incentivados para los trabajadores del sector público y otro para quienes deseen reducir la cantidad de horas que trabajan –y, por lo tanto, su sueldo–, con el objetivo de reducir el costo del Estado.

También opinó Temer sobre el aumento del impuesto y dijo que era “necesario” porque en el Congreso no se aprobaron de forma expedita las reformas impulsadas por el gobierno, lo que lo obligó a buscar recursos por otro lado. Además, el presidente dijo que, cuando asumió, él anunció que aplicaría este “pequeño aumento” del impuesto al combustible para equilibrar las cuentas públicas, por lo que la población “va a comprenderlo”.

No fue comprensiva con la medida la mayor patronal de Brasil, la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), que es liderada por Paulo Skaf, afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, igual que Temer. Indignada con este aumento, la FIESP volvió a sacar a las calles, en la noche del viernes, el pato amarillo que la representó durante las movilizaciones contra Dilma Rousseff, con el lema “No vamos a pagar el pato”.

“Estamos indignados”, dijo Skaf en un comunicado, en el que considera que el aumento del impuesto es “perjudicial para el conjunto de la sociedad”. Coincidiendo con algunos economistas vinculados con la izquierda, Skaf consideró que esta medida, que podría generar un aumento en el precio de los alimentos, está dirigida contra los consumidores y hará que la economía de consumo, que mostraba señales de mejora, se retraiga.