La oposición venezolana llevó adelante ayer una “consulta popular” que convocó para que los votantes se pronunciaran en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro, y a favor de la celebración de elecciones anticipadas. El mismo día, en paralelo, el gobierno llevó adelante un simulacro del proceso de votación, previsto para el domingo 30, en el que quedarán definidos los redactores de una nueva Constitución.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo campaña para que ayer los votantes respondieran “Sí” a las tres preguntas que planteaba la papeleta que elaboró para su consulta. La primera era directamente: “¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?”. También se consultó a cada votante si “¿demanda a la Fuerza Armada Nacional defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional” y si aprueba “la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional”.

Los convocantes esperaban que acudieran a las urnas más de diez millones de personas, en los 2.030 centros de votación que se abrieron en todo el país. Según el líder opositor Henrique Capriles, ese número de votantes se traduciría en un “mensaje bien claro” contra el gobierno, que debería “respetar” la decisión de una “inmensa mayoría”. También podían participar los venezolanos en el exterior, que sufragaron en más de 200 ciudades, entre ellas Montevideo.

La campaña opositora duró apenas diez días: la MUD hizo el anuncio después de que el miércoles 5 la iniciativa fue aprobada por el Parlamento, que invocó el derecho constitucional a la “desobediencia” cuando el gobierno “atenta contra la democracia”. La coalición opositora llegó a reconocer, incluso, que esta medida significaba su “mayor acto de desobediencia civil” contra Maduro desde el inicio de su mandato, en 2013.

El líder opositor Leopoldo López, que se encuentra en prisión domiciliaria, votó en su casa y publicó en Twitter: “Hoy millones decidimos y damos un mandato. Que a nadie le queden dudas que es vinculante y que debemos defenderlo y hacerlo cumplir”.

Sin embargo, el oficialismo sostiene que la consulta no es vinculante porque no cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se realiza al margen de todos los poderes públicos. De hecho, la iniciativa fue denunciada ante el Tribunal Supremo de Justicia por el diputado oficialista Pedro Carreño, que pidió que sea declarado nulo lo que consideró un “plan golpista”.

Más allá de las acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición, lo cierto es que, al no estar auspiciada por el CNE, la consulta careció de algunos mecanismos de control. Por ejemplo, nadie pudo asegurar que un ciudadano no haya votado más de una vez, ya que se podía votar en cualquier centro, sin importar en cuál se estuviera inscripto. Los líderes de la MUD intentaron atenuar esta carencia apelando a la “conciencia” de los venezolanos a la hora de votar.

Para contrarrestar estas informalidades, los convocantes designaron a cinco rectores universitarios para que actuaran como garantes e invitaron a varios presidentes y ex presidentes de otros países para que participaran como observadores.

El sábado Maduro intentó restarle importancia al referéndum y lo redujo a una “consulta interna” entre los partidos de “la derecha”. Durante un discurso televisado, el presidente afirmó: “Han convocado una consulta interna de los partidos de la oposición con sus propios mecanismos, sin cuadernos electorales, sin captahuellas, sin auditorías”. A la vez, pidió que la jornada transcurriera “en paz”, especialmente porque la convocatoria de la oposición se realizó en paralelo al simulacro de las elecciones de la Constituyente que impulsa el chavismo.

A pesar de los llamados a la paz de ambas partes, dos personas murieron y cuatro fueron heridas ayer cuando un grupo de hombres armados disparó en un acto a favor de la consulta opositora. El incidente, que tuvo lugar en un barrio de Caracas, Catia, fue confirmado por el jefe de la campaña opositora, Carlos Ocariz, y por el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, que atribuyeron el ataque a “grupos paramilitares”. La Fiscalía aseguró, por su parte, que ya investigaba las circunstancias de este episodio que describió dentro de una “situación irregular”.

Durante el fin de semana, la oposición había expresado su temor ante la posibilidad de actos de violencia por parte de los llamados “colectivos”, grupos civiles armados que han atacado a manifestantes antichavistas en los últimos meses. Hace 12 días, uno de estos colectivos llegó a asaltar el Parlamento e hirió a varios diputados que se encontraban en plena sesión.

Por su parte, antes de que ocurrieran esos hechos, Maduro celebró “el ensayo electoral más grande e impactante de todos los que se han hecho en estos años”, en referencia al simulacro que convocó su gobierno, y dijo al canal de televisión estatal VTV que el pueblo, al participar en esa votación, dijo “basta de violencia”.