“El Ejecutivo no respeta la independencia de poderes”, dijo el diputado Sergio Zveiter, uno de los protagonistas de los sucesos políticos de la semana pasada en Brasil. Zveiter, integrante del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño, presentó en la Comisión de Constitución y Justicia su opinión sobre la denuncia presentada en contra del presidente Michel Temer por el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot. Su postura era por entonces similar a la de la mayoría de sus compañeros en la comisión: consideraba que la denuncia debía ser procesada por el Supremo Tribunal Federal, lo que implicaría una suspensión del presidente de Brasil por hasta 180 días.

Los días pasaron y Zveiter vio cómo los distintos partidos cambiaban a sus representantes en la Comisión de Constitución y Justicia hasta que finalmente su informe fue rechazado y se hizo otra votación, favorable a Temer. Después de este resultado, Zveiter acusó al gobierno de no respetar la independencia del Poder Legislativo y de haber presionado con dinero a sus compañeros de comisión. Acusaciones similares fueron realizadas por algunos de los diputados a los que sus partidos excluyeron de la comisión y los reemplazaron con otros predispuestos a votar a favor de Temer.

Consultado al respecto, el líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, André Moura, dijo a medios brasileños que no había irregularidades en los cambios en la comisión. Aseguró que estos correspondieron a decisiones de los partidos, que optaron por seguir apoyando al Ejecutivo de Temer.

Sin embargo, es posible que el voto dictaminado por los partidos no fuera el único factor que haya pesado en el resultado: 39 de los 40 diputados que votaron a favor de Temer en la Comisión de Constitución y Justicia recibieron “enmiendas parlamentarias” por un valor de 266 millones de reales –83,5 millones de dólares– en el último mes y medio, informó el diario brasileño O Estado de São Paulo. Las enmiendas parlamentarias son partidas presupuestales extra que los diputados piden al Ejecutivo para el distrito que representan –por ejemplo, para construir una escuela o una plaza– y que está en manos del gobierno aprobar o no. Los mismos 40 que votaron a favor del gobierno en la comisión recibieron, entre enero y mayo de este año, enmiendas por más de 500 millones de dólares.

Entre ellos figura Paulo Abi-Ackel, el diputado que fue elegido para presentar un informe que rechazaba la denuncia contra Temer, después de que se votara en contra del informe de Zveiter. Consultado sobre la relación entre la enmienda y su voto, Abi-Ackel dijo que él no accedería a ese tipo de prácticas y que votó según su “convicción absoluta” de que la denuncia por corrupción pasiva presentada por Janot es “frágil e insuficiente” como para hacer caer a un presidente.

La misma práctica pero con otras cifras fue dada a conocer por una organización civil, Cuentas Abiertas, según la cual las enmiendas fueron recibidas por 36 de los 40 diputados que votaron a favor de Temer en la Comisión de Constitución y Justicia, y tuvieron un valor total de 42 millones de dólares en junio, mientras que quienes votaron en contra del presidente recibieron menos de la mitad. Según la organización, Abi-Ackel fue el que más dinero recibió: 1,5 millones de dólares; Zveiter no recibió nada.

Ante las denuncias, que dos diputados y un senador de Rede Sustentabilidad presentarán ante Janot, el gobierno asegura que no se cometió ninguna irregularidad. El Ministerio de Planeamiento emitió un comunicado en nombre de todas las carteras en el que aseguró que la liberación de los recursos es parte de “un procedimiento absolutamente normal” que está “previsto en la Constitución y la legislación presupuestal”.

Sin embargo, según datos de Cuentas Abiertas, la liberación de enmiendas pegó un salto fuerte en junio –cuando totalizó más de 600 millones de dólares–, si se compara por ejemplo con mayo, cuando la cifra fue de casi 28 millones, o enero, cuando fue de unos 300.000 dólares.