El gigante estado de California se unió a la rebeldía de la ciudad de Chicago en su denuncia contra el Estado federal ante la posibilidad de no recibir financiación proveniente del fondo Edward Byrnes Memorial Justice Assistance Grant, que se destina a la dotación de equipos para la Policía.
El motivo que esgrimió el gobierno federal para paralizar la financiación fue la incompatibilidad de recibir ese dinero a la vez que se incumplían las leyes federales, en este caso, la ley antiinmigración contra la que se declararon en rebeldía las llamadas “ciudades santuario”.
Hace unas semanas, el gobierno de Chicago interpuso una denuncia contra el gobierno federal al considerar ilegal la paralización de fondos federales por motivos que nada tienen que ver con la finalidad de dichas subvenciones ni con los requisitos estipulados para recibirlas. Según el fiscal general de California, Xavier Becerra, se trata de un “intento inconstitucional” de “manipular los requisitos de concesión de fondos federales para presionar a los estados, condados o municipios para que ejecuten las leyes federales de inmigración”. Agregó que “esto es pura intimidación con la intención de obligar a nuestros cuerpos de seguridad a actuar de una manera distinta a la que establecen las políticas que han determinado nuestra seguridad pública”, en referencia al intento del gobierno federal de que la Policía local coopere con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, volvió a decir que esa denuncia no serviría para recibir los fondos: “El dinero de los contribuyentes federales no ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios ciudadanos”.