A lo largo de 1983 y 1984, 138 personas fueron secuestradas, torturadas o asesinadas y desaparecidas por agentes del Estado en Los Cabitos, un cuartel militar ubicado en Ayacucho, una ciudad del sur de Perú, y en la Casa Rosada, una unidad de inteligencia cercana. Los hechos ocurrieron durante la presidencia de Fernando Belaúnde, en pleno enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado Sendero Luminoso.

Las denuncias por las desapariciones se presentaron por primera vez en la década de 1980, pero fueron archivadas. La Justicia las retomó después de que en 2003 se conociera el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, que investigó la violencia que tuvo lugar durante esa década. En ese informe se revela que hubo decenas de casos en los que policías y militares ingresaban de forma violenta a las viviendas para secuestrar personas a las que acusaban de pertenecer a Sendero Luminoso y las sometían a torturas. Las golpeaban, las mantenían durante horas en posiciones forzadas y les aplicaban el submarino. Además, en el informe se confirma una denuncia de los familiares de las víctimas: la existencia de fosas clandestinas y de un horno en el que incineraban los cuerpos para que no fueran encontrados.

En julio empezó la etapa final del juicio. La fiscalía había pedido la condena de nueve militares, algunos de los cuales murieron durante el proceso, y del ministro de Guerra de la época por la desaparición de 53 civiles en Los Cabitos. Los delitos que se les imputaban eran los de asesinato, abuso de autoridad agravada, detenciones arbitrarias y secuestro agravado. El viernes el tribunal informó que condenaba a 30 y 23 años de prisión a dos antiguos militares: los coroneles retirados Humberto Orbegozo (75 años) y Pedro Paz Avendaño (79), que fueron jefes de inteligencia en Los Cabitos en dos períodos diferentes. Un cuarto militar fue absuelto y otros tres tuvieron reserva de condena, una figura intermedia de la Justicia peruana que no es una absolución ni una condena, sino una declaración de culpabilidad que no tiene dictamen de pena, pero podría tenerlo en caso de que el culpable vuelva a delinquir. Por último, el tribunal obligó a los militares a pagar reparaciones civiles por más de 120.000 dólares.

Tanto la fiscalía como los abogados defensores anunciaron que apelarán la decisión judicial. La fiscalía pedirá una sentencia más dura y la inclusión del delito de secuestro agravado, que el tribunal excluyó a último momento al considerar que no se aplicaba a estos casos.

La Justicia emitió inmediatamente una orden de captura, porque Orbegozo y Avendaño no concurrieron a la audiencia del viernes. Hasta ayer, los dos seguían prófugos.