El gobierno de Mariano Rajoy decidió esperar antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar, nuevamente, un intento del gobierno catalán de votar en un referéndum la opción de la independencia. La decisión del Ejecutivo español fue adoptada después de que el gobierno catalán presentara en el Parlamento el proyecto de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que se ha denominado, “ley de ruptura”, la norma que regulará el proceso de independencia si esta opción es la ganadora del referéndum.

Por su propia condición de proyecto que busca romper con España y establecer una nueva institucionalidad, la “ley de ruptura”, entra en contradicción en varios aspectos con la Constitución del país, en el que ni siquiera es legal que un gobierno autonómico convoque un referéndum independentista.

La coalición gobernante catalana, formada por Juntos por el Sí y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), informó que la norma se votará en el Parlamento antes del 1 o de octubre, día en el que está convocado el referéndum. Como si fuera una nueva Constitución, el proyecto, que se conoce desde julio, traslada atribuciones en Cataluña del gobierno español al catalán, entre otras medidas dirigidas a garantizar la eventual independencia catalana. Incluye, por ejemplo, la conformación de un Ejército. En una Cataluña independiente, esta norma tendría una validez de un año, durante el cual se redactaría una Constitución.

“Esta ley es también una herramienta de determinación, de dejar claro que tras el 1º de octubre no habrá un nuevo debate procesista sobre qué hacer, porque se crearán las instituciones y la república catalana”, dijo Benet Salellas, uno de los cuatro diputados independentistas que presentaron el proyecto. Así se refería a uno de los aspectos que han generado más discusiones entre los partidos independentistas: el proceso posterior al referéndum. Las principales dudas al respecto residen en la firmeza con la que se parará Cataluña ante Madrid si en el referéndum gana la posición independentista.

Ni Salellas, que pertenece a la CUP, ni los otros tres diputados involucrados en el proyecto explicaron cómo continuará el camino a partir de ahora. Se desconoce cuándo se aprobará la norma, pero se prevé que esto suceda a último momento para que el Tribunal Constitucional apenas tenga tiempo de declararla inconstitucional y exigir la suspensión del referéndum. Tampoco se sabe qué actitud adoptarán el gobierno y el Parlamento catalán si el Tribunal Constitucional intenta forzarlos a detener su implementación.

El gobierno de Rajoy manifestó el lunes que no recurrirá la norma hasta que empiece a ser tramitada en el Parlamento catalán, al considerar que de otra manera “no tiene sentido” actuar, ya que la presentación de la ley no tiene consecuencias jurídicas. Esta es la misma postura que tiene el gobierno con respecto al proyecto de ley cuya aprobación permitirá convocar el referéndum, que tampoco fue tramitado todavía en el Parlamento catalán para evitar que Madrid presente un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Rajoy conversó telefónicamente el lunes con Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, el principal de la oposición, para presentar un frente común ante el referéndum catalán. Ambos rechazan la consulta, aunque Rajoy defiende la situación actual y Sánchez apuesta por una España federalista que otorgue una mayor autonomía a las distintas comunidades.

La oposición catalana también rechazó el proyecto de “ley de ruptura” presentado el lunes. Miquel Iceta, secretario general del Partido Socialista en Cataluña, dijo que se trata de “un nuevo engaño de un proceso engañoso”. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró que ese proyecto y el que permite convocar el referéndum podrán convertirse en ley, pero no entrarán en vigor, porque esas normas “serán suspendidas por el Tribunal Constitucional”.