En un apretado período que empezó ayer de mañana y termina en la noche de hoy, un total de 135 representantes de organizaciones civiles, universidades, sindicatos e iglesias darán sus argumentos a favor y en contra del aborto ante los diez jueces que integran el TC. Se prevé que mañana, antes de que el Constitucional dé a conocer su fallo, presenten también sus alegatos distintos diputados y senadores, tanto oficialistas como opositores.

En las intervenciones, los integrantes del tribunal no formularán preguntas y no serán admitidas réplicas de los expositores, que no pueden extenderse por más de diez minutos. En tanto, oficialismo y oposición tendrán una hora cada uno para defender sus respectivas posturas. Se trata de una cifra de participación récord de organizaciones en audiencias públicas, una modalidad que el Constitucional estrenó en 2007, durante el debate por la entrega de la pastilla “del día después”. En ese entonces, siete organizaciones se anotaron para exponer sus argumentos. Desde esa fecha, la iniciativa que generó más interés fue la del debate por la reforma laboral, que sumó 47 presentaciones públicas.

La convocatoria a las audiencias sobre el aborto se realizó después de que Chile Vamos, la coalición liderada por el candidato presidencial y ex mandatario Sebastián Piñera, presentara un recurso para desestimar el proyecto de ley aprobado por el Congreso el miércoles 2. En ese documento, la derecha se basa en el principio de que el Estado debe proteger la vida de las personas desde la concepción hasta la muerte natural, por lo que, a su entender, el proyecto de ley “no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sino que legaliza el aborto directo o provocado”.

En contra de ese recurso, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó ante el TC un documento en el que expresa que “el proyecto de ley no legaliza el aborto libre”, sino que lo “despenaliza en tres causales extremas”. Los principales argumentos oficialistas son que la iniciativa no transgrede la Constitución y que existe una “incorrecta interpretación de parte de la oposición”. También expone que, en los últimos diez años, hubo 322.814 interrupciones voluntarias de embarazos en el país y que cerca de 400 mujeres fueron condenadas por el delito de aborto. La sanción penal “no es la respuesta adecuada para las niñas, adolescentes y mujeres de Chile” que pueden encontrarse en una de las tres circunstancias que la ley contiene, concluye el texto.

Además de la intervención de las organizaciones y de los políticos, otros 34 representantes de la sociedad civil presentaron argumentos escritos mediante el recurso amicus curiae, previsto para entidades formalmente ajenas al debate. Entre ellas se encuentran la Conferencia Episcopal –en representación de la iglesia católica–, abogados constitucionalistas y expertos en el área de la salud. También entran en este paquete una serie de organizaciones extranjeras, como la Organización Mundial contra la Tortura, Human Rights Watch y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En tanto, el senador del izquierdista Partido por la Democracia y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, anunció que en caso de que el proyecto de aborto sea rechazado por el TC recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A la vez, adelantó que senadores de su partido, del Partido Socialista y tres candidatos presidenciales independientes –Alejandro Guillier, Alejandro Navarro y Pedro Araya– presentarán ante el TC sus propios argumentos para defender el proyecto de ley y exigir “que en Chile se dejen de violar los derechos humanos”. Girardi advirtió que las mismas instituciones “que en la dictadura cuestionaban a Chile por violar los derechos humanos” hoy lo señalan como un país que “no los estaría respetando” al “condenar a las víctimas a la cárcel”.