En abril comenzó a instalarse en la opinión pública italiana, definitivamente, un discurso que valida el egoísmo en nombre del interés nacional. Fue entonces que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, uno de los miembros del directorio del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, declaró que las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el Mediterráneo en el rescate de los migrantes son “taxis del mar” financiados por canales oscuros. A mitad de abril, fueron auxiliadas en dos días, en la zona del Mediterráneo llamada mar de Libia, más de 8.000 personas en operaciones realizadas por naves de la Guardia Costera italiana y de las nueve ONG involucradas en esos rescates.

Desde hace años el Mediterráneo es testigo de uno de los fenómenos migratorios mas relevantes de esta época; desde las costas de África, millares de desesperados suben a barquitos desvencijados para llegar a Europa, pagando una fortuna por la travesía y arriesgando o perdiendo la vida. El país de destino más frecuente es Italia.

Según los últimos datos divulgados el 1º de agosto por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2017 llegaron a Italia 94.802 personas, y se estima en 2.221 el número de quienes murieron en el mar, sobre todo cerca de la costa de Libia. En 2015 los muertos habían sido 3.500, y en 206 fueron 4.700.

En países vecinos las cifras están muy por debajo de estas. En 2017 llegaron a Grecia 11.280 personas; a España, 7.847; a Chipre, 358. La ruta balcánica, que fue utilizada en 2015 y 2016 por los migrantes, fue cerrada meses atrás –alambres de púas, muros y militares controlan de manera bastante eficaz el territorio– y, siempre según la OIM, la cifra de migrantes bloqueados o en tránsito asciende a 60.000 en Grecia, aproximadamente 2.600 en Bulgaria, 5.500 en Serbia, 500 en Hungría, 600 en Croacia, 250 en Eslovenia y 39 en Macedonia.

Las operaciones de rescate en el mar Mediterráneo son coordinadas por la agencia europea Frontex, que dirige la Armada italiana y que desde el comienzo de este año ha reducido drásticamente su radio de acción de rescate en el mar, estableciendo como límite el sur de la isla de Malta. No se alinearon a esa disposición los barcos de las ONG, que continuaron patrullando el espacio marítimo donde con más frecuencia ocurren los naufragios, es decir, entre 20 y 40 millas náuticas de la costa de África.

Así empezó la acusación a las ONG de fomentar la salida de los migrantes, acusación que encontró el interés de la Fiscalía de Catania, primero, y de la de Trapani, después, con la apertura de expedientes. En ese marco, se desataron insinuaciones de distinta naturaleza contra las ONG. Todo eso no es otra cosa que el capítulo final de una guerra ideológica iniciada en Italia hace años, y que es directa responsabilidad de la derecha xenófoba, que ha utilizado en contra de los desesperados que llegan por el mar eslóganes como el “deber de rechazar los migrantes”, y ha instalado un discurso de miedo y odio. Del otro lado, se encontró con la incapacidad y falta de voluntad de la izquierda en el gobierno para frenar el uso político del miedo a los migrantes, a veces por puro cálculo electoral.

Es en ese contexto que ciudadanos, grupos informales y ONG se las ingenian todos los días para encargarse de tareas que el Estado no logra cumplir; millares de pequeñas iniciativas privadas surgieron para ayudar a quien transita por el territorio italiano a alimentarse, dormir, satisfacer las necesidades básicas, contar con asistencia legal y sanitaria y aprender el idioma.

La incapacidad política de administrar fenómenos de este tamaño descarga sobre las ONG un doble peso, y se las acusa de rescatar en el mar a los prófugos y de ser cómplices de los traficantes. Se acuña así la figura de “crimen humanitario”, un oxímoron que revela la completa confusión que domina la escena pública. Así surgió, a finales de julio, el pedido del ministro italiano del Interior, Marco Minniti, a las ONG que actúan en el Mediterráneo, conjuntamente con la Guardia Costera, de firmar un Código de Conducta. Ese reglamento prevé una serie de medidas que esas organizaciones consideran obvias, como la prohibición de entrar en aguas territoriales libias o el deber de coordinar cualquier acción de rescate con el centro de operaciones de Roma, pero también algunos puntos controvertidos, como el requisito de admitir la presencia de agentes armados a bordo de sus embarcaciones y la prohibición de transferir los sobrevivientes de un barco a otro durante las operaciones de rescate.

Gabriele Eminente, representante de Médicos sin Fronteras, dijo que esta organización no puede aceptar que suban a la nave policías armados, y en un documento manifestó: “Desde 2016, hemos visto los barcos con migrantes partir en oleadas, en algunos casos de hasta 20 embarcaciones de una vez, que se vieron en la necesidad urgente de rescate. La capacidad de los pequeños barcos de rescate para estabilizar estas barcazas en espera de los barcos más grandes fue crucial para salvar vidas en el mar. Las transferencias [de personas] entre buques fueron solicitadas por el centro de control de Roma desde que comenzamos nuestras operaciones en el mar, en 2015, y eso permitió llevar a cabo las operaciones de socorro de conformidad con las mejores prácticas, dejando a los barcos más pequeños disponibles para otras maniobras de ayuda y a los grandes para regresar a Italia”. Médicos sin Fronteras, SOS Mediterranée, Sea-Watch y la ONG alemana Jugend Rettet no firmaron el Código de Conducta; Save the Children y MOAS, Sea-Eye y Proactiva Opens Arms sí lo hicieron; otros lo están pensando.

Hace siete días, el buque Iuventa, de la ONG Jugend Rettet, fue secuestrado por la Fiscalía de Trapani y su tripulación es investigada por el delito de complicidad en inmigración ilegal. El fiscal Ambrogio Cartosio dijo que esas medidas no tienen nada que ver con el hecho de que Jugend Rettet no hubiera firmado el Código de Conducta y que, “aunque este buque en algunos casos intervino para salvar vidas, en la mayoría de los casos, sin embargo, sus acciones no se llevaban a cabo con la existencia de un peligro inminente de muerte a la vista”. Además, de acuerdo con investigaciones adicionales, los operadores del Iuventa habrían “devuelto” tres barcos a contrabandistas, dejándolos a la deriva y permitiendo así su recuperación.

Herir a uno para educar a cien, se podría decir. Es cierto que los desembarcos aumentaron en la primera mitad del año, pero si se mira los números se puede concluir que no existe la tan temida “invasión”, y la única guerra que tiene lugar en el Mediterráneo en este momento es entre los racistas y los oportunistas. Es una guerra ideológica, pero los muertos son auténticos.