Miles de personas se manifestaron ayer en Guatemala contra la decisión del presidente de expulsar a Iván Velásquez, un fiscal anticorrupción designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La decisión fue tomada por el presidente Jimmy Morales después de que el fiscal intentara investigar sus gastos de campaña, y generó reacciones de repudio de la sociedad civil, de distintos organismos del Poder Judicial y de integrantes de su gobierno, que optaron por renunciar a sus cargos.

“No podemos depender de una persona para garantizar o no la continuidad de una institución”, dijo la semana pasada el portavoz de la presidencia de Guatemala, Heinz Heimann, al ser consultado por los rumores de que Morales destituiría a Velásquez, quien desde 2013 está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este organismo fue creado por un acuerdo entre el gobierno, el Poder Judicial y la ONU para investigar la presencia de grupos ilegales armados y la corrupción en el país.

La CICIG se instaló en 2006 y desde entonces, en conjunto con el Poder Judicial, investigó a los presidentes Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015), que renunció al cargo a raíz del avance de las investigaciones. Hace dos semanas se intensificaron los rumores de que Velásquez y la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, se disponían a sumar a Morales a esa lista de presidentes investigados, en este caso por un presunto financiamiento ilegal en la campaña. Enseguida se empezó a hablar de la posibilidad de que Velásquez fuera destituido, y Aldana aseguró que Morales iría a la ONU a pedir que fuera separado del cargo.

En una conferencia de prensa brindada el martes 22, la fiscal general también dijo que ella presentaría su renuncia si se confirmaba esa destitución, porque era “el único mecanismo” que tenía “para protestar”. Aldana agregó: “En nuestro trabajo conjunto en la lucha contra la corrupción y la impunidad hemos contribuido a la construcción de un mejor país”. En paralelo, el gobierno aseguraba mediante su portavoz que la reunión que Morales mantendría con el secretario general de la ONU, António Guterres, tenía como objetivo pedir “apoyo” para la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado.

Jerarcas del gobierno y legisladores oficialistas también advirtieron en declaraciones a los medios que la destitución de Velásquez podía ser una decisión imprudente, que impulsara un fuerte enfrentamiento con el Poder Judicial y la ciudadanía en un país cuyos gobiernos han sido marcados por la corrupción. De hecho, a los rumores y las declaraciones se sumaron, el jueves, las primeras protestas. “Iván se queda en la CICIG. Fuera Jimmy del gobierno”, era una de las frases que gritaban los manifestantes.

El viernes los hechos empezaron a agolparse. En Nueva York, Morales se reunió con Guterres, a quien le planteó “la necesidad de que la CICIG se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional” de Guatemala, según informó el gobierno en un comunicado. Mientras tanto, en Guatemala, la CICIG y la Fiscalía General presentaban una solicitud de antejuicio contra Morales, a quien acusaron de haber cometido el delito de financiación ilícita en la campaña de 2015, que lo llevó a la presidencia por el Frente de Convergencia Nacional.

La solicitud de antejuicio tiene como efecto automático el envío a la Corte Suprema de Justicia de un pedido de desafuero del mandatario. Según la acusación, Morales no presentó los informes contables y financieros que debía entregar durante la campaña y bloqueó las auditorías del Tribunal Supremo Electoral, para que no se detectaran movimientos que hizo de forma irregular y que suman ingresos por 320.000 dólares y egresos por 600.000. Además, la Fiscalía y la CICIG quieren investigar algunos otros elementos de la campaña, como que Morales utilizó un helicóptero que pertenecía a un ex ministro de Pérez Molina que está prófugo de la Justicia. La solicitud de antejuicio debe ser aceptada por la Corte Suprema y luego aprobada por los diputados del parlamento unicameral guatemalteco.

Antes de intentar investigar al presidente, la Fiscalía y la CICIG denunciaron y procesaron a Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, respectivamente, por otro caso de corrupción.

El viernes, cuando se conoció la solicitud de antejuicio, el gobierno emitió un comunicado diciendo que el presidente “ha sido y es respetuoso de las leyes y el debido proceso, por lo que confía en la objetividad de la Justicia”. Sin embargo, esa postura cambió de manera radical para el domingo, día en el que Morales, ya de regreso en su país, declaró persona no grata a Velásquez y le ordenó que abandonara Guatemala “inmediatamente”. Su decisión generó múltiples reacciones de rechazo, entre ellas la de la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano judicial del país. A raíz de un pedido de amparo presentado por dos abogados, esta corte decidió, con tres votos a favor y dos en contra, suspender la ejecución de la orden de expulsión de Morales.

Además de la Corte de Constitucionalidad, también reaccionaron miles de ciudadanos, que nuevamente se volcaron a las calles, y de integrantes del gobierno que presentaron su renuncia. Pese a ello, y a llamados de la Fiscalía y de otros organismos para que respetaran la decisión judicial, Morales reiteró la orden de expulsar a Velásquez en un video dirigido a la nación. En esa grabación acusó al fiscal anticorrupción de ejercer presiones “ilegítimas, ilegales e inconstitucionales” sobre diputados y jueces a través de los medios de comunicación. Aseguró que la decisión busca el “fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad” y no obedece a “razones personales”. Además, Morales destituyó a su canciller, Carlos Raúl Morales, y al vicecanciller, Carlos Ramiro Martínez, antes de que ejecutaran la orden de expulsión contra Velásquez.

Ayer, después de una extensa reunión de gabinete y de que casi una decena de altos cargos presentaran su renuncia, el portavoz del gobierno informó que “hay todo un análisis jurídico sobre el tema”. Algunos consideran que la CICIG está dentro del Poder Judicial, por lo que Morales no podría disponer una destitución, y otros opinan que es una cuestión vinculada a la diplomacia, lo que sí le permite a Morales tomar esta decisión.

Mientras el debate continúa, se presentaron dos nuevas solicitudes de antejuicio contra Morales, una de ellas por desobedecer a una decisión de la Corte de Constitucionalidad al insistir con la expulsión de Velásquez, y otra por obstrucción a la Justicia y abuso de autoridad.

Además de las reacciones en Guatemala, la noticia tuvo efectos fuera de fronteras. La ONU manifestó todo su respaldo a Velásquez, mientras el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, advirtió que la expulsión hará que se revise la asistencia económica que su país brinda a Guatemala. Organizaciones civiles guatemaltecas, regionales e internacionales también rechazaron esta decisión, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.