Un juez de Brasilia dictó una suspensión cautelar para cualquier medida administrativa que tenga como objetivo habilitar la explotación por parte de privados de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), una zona de más de 46.000 kilómetros cuadrados que el gobierno pretende entregar a la minería privada. El fallo del juez Rolando Spanholo establece que cualquier modificación sobre Renca “solamente será posible mediante una ley” aprobada en el Congreso.

De esta forma, Spanholo frenó cualquier nuevo intento del gobierno de Michel Temer de conseguir inversiones mediante la extinción de la reserva, que tiene una extensión similar a la de Dinamarca. Esta reserva se sitúa entre los estados de Pará y Amapá y se creó en 1984, al final de la dictadura, con el objetivo de que en ese territorio sólo pudiera operar el poder público –el gobierno nacional, estadual o local, así como los distintos organismos de cada uno de ellos– para investigaciones vinculadas con la exploración en busca de minerales. Podía haber actividad privada en ese predio, siempre que fuera mediante un convenio con el poder público.

En ese entonces, el objetivo del gobierno dictatorial era conocer las reservas de cobre que hay en la zona y verificar las sospechas de que hay oro, hierro, manganeso y tántalo. En el decreto no se establece que sea un área protegida por motivos ambientales, pero las restricciones que rigen sobre la zona desde ese entonces terminaron por transformarla, de hecho, en un área protegida. Esto también se vio fomentado porque en la reserva se encuentran la Estación Ecológica de Jari, el Parque Nacional Montañas del Tumucumaque y la Reserva Biológica de Maicuru, que sí son áreas protegidas. Adentro de la Renca hay, además, tierras ancestrales de distintas comunidades indígenas.

La Renca pasó al centro de la agenda en Brasil la semana pasada, cuando Temer firmó un decreto que habilitaba la explotación privada de la reserva y permitía la exploración de minerales por parte de privados. El gobierno trabaja desde principio de año en varias medidas dirigidas a atraer las inversiones privadas, especialmente las extranjeras, y crear puestos de trabajo. Para esto, una de las herramientas a las que pretende recurrir es la ampliación de las zonas habilitadas para la exploración y extracción de minerales. El decreto no sólo generó rechazo porque desprotegía el área, sino también porque se teme que sea un primer paso para permitir el avance de actividades que destruyen el medioambiente en la Amazonia. En este sentido, la organización ecologista WWF Brasil señaló en su página web que en 69% del territorio de Renca está prohibida la exploración mineral y se preguntó si el gobierno pretenderá levantar esas restricciones para fomentar la inversión.

Decenas de organizaciones y activistas se pronunciaron contra el decreto del gobierno, así como diputados y senadores, tanto opositores como oficialistas. Incluso organismos estatales informaron que no habían sido consultados y manifestaron su preocupación por la decisión, sobre todo cuando trascendió que el Ministerio de Medio Ambiente se había pronunciado en contra. La Procuraduría General de Brasil presentó un recurso ante la Justicia en el que pidió la suspensión del decreto, por considerar que sienta las bases para un “ecocidio”, que pone en riesgo el medioambiente, y que la falta de consulta previa vuelve el decreto inconstitucional. Sin embargo, el fallo del juez Spanholo fue emitido a partir de la denuncia de un particular y no del recurso presentado por la Procuraduría. Entre otras cosas, los críticos argumentaban que el daño ambiental no sería sólo el causado por la minería, sino también el generado por las actividades asociadas a la actividad minera en la zona, como la construcción de caminos y la instalación de casas y servicios.

El gobierno anuló el decreto y anunció que presentaría otro, en el que aclararía algunas “confusiones” que se presentaron con el primero. El fallo en su contra se emitió antes de que pudiera presentar una nueva norma.