El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) presentó ayer los datos oficiales sobre la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Como todos los candidatos en la contienda eran oficialistas –ya que la oposición se negó a participar en las elecciones del domingo–, el dato más trascendente era el de la participación, un dato que la oposición puso rápidamente en duda. Según el CNE, participó en las elecciones 41% del padrón electoral; según la oposición, lo hizo sólo 12%.

La oposición venezolana volvió a movilizarse ayer con cortes de calles y diversas manifestaciones para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y el “fraude constituyente”, mientras la coalición Mesa de la Unidad Democrática rechazaba los resultados electorales que dieron a conocer las autoridades.

De acuerdo con el gobierno, en la votación del domingo, en la que se elegía a los 545 integrantes de la Asamblea Constituyente que elaborará una nueva Constitución, participaron unos ocho millones de ciudadanos, casi un millón más que los que habían ido a votar el domingo 16 de julio, cuando la oposición convocó a una consulta popular sobre el gobierno y su iniciativa de la Constituyente. Ese número de votos equivale a 41% del padrón electoral, según el CNE, pese a lo cual Maduro dijo que se trató de “la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en toda la historia”. La oposición, en cambio, calculó que la participación fue de unos tres millones de personas, 12% de los habilitados.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, dijo que Venezuela amaneció “más dividida” ayer, después de la votación, y consideró que la cifra de participación “no es creíble” porque lo que se vio el domingo fue “centros [de votación] vacíos”. Borges utilizó las cifras de participación para recordar que la Asamblea Nacional, electa en 2015, tuvo un respaldo electoral mayor, ya que en esa votación participaron 14 millones de personas.

“Esta Asamblea Nacional va a seguir sesionando [...] Este es el sitio donde nos colocó el pueblo, y vamos a seguir trabajando normalmente”, agregó. Borges hacía referencia a la posibilidad de que la Asamblea Constituyente decida disolver o reemplazar a la Asamblea Nacional. Esta posibilidad fue manejada, entre otros, por Diosdado Cabello, quien ocupó varios cargos en el Ejecutivo, el Legislativo y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, y que ahora integra la Asamblea Constituyente. Cabello manifestó que este nuevo órgano “tiene poderes plenipotenciarios, así que puede sustituir al parlamento, puede asumir sus funciones”.

Formalmente, sólo estaba previsto que las dos asambleas –la legislativa y la constituyente– sesionarían en el mismo edificio. Esta posibilidad también fue rechazada por la oposición: el diputado Henry Ramos Allup, ex presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que no habrá “convivencia ni coexistencia” con la Constituyente oficialista, y dijo que los diputados deben prepararse para “circunstancias excepcionales”, porque el gobierno “es capaz de cualquier cosa”.

Por verse

El gobierno no ha dejado en claro cuáles son las normas que rigen a la Asamblea Constituyente, y no hay documentos en los que esta información esté registrada y pueda verificarse. La semana pasada el presidente, Nicolás Maduro, aseguró que la Asamblea Constituyente permitirá al gobierno “tomar el mando” de la Fiscalía. Lo dijo en referencia a la situación que se ha generado con la fiscal general, Luisa Ortega, que hace más de un mes dejó de respaldar al gobierno y a la convocatoria electoral y se enfrentó con el Poder Ejecutivo. La de Ortega fue quizá la crítica más dura que surgió desde el chavismo a la reforma constitucional, pero no la única. Varias personas que participaron en el gobierno de Hugo Chávez o que se sumaron al socialismo bolivariano en esa primera etapa ahora rechazan la reforma impulsada por Maduro para aplicar a la Constitución que promulgó el ex presidente.

Maduro ha dicho que la nueva Constitución será un “perfeccionamiento” de la promulgada por Chávez y que se dispondrán cambios en el sistema económico y se incluirán los programas sociales, con el objetivo de garantizar su continuidad. Según lo que ha dicho el presidente, la Asamblea Constituyente podrá transformar a los poderes del Estado, así como crear un nuevo ordenamiento jurídico, por lo que no hay nada que escape de su alcance. Se prevé que alguno de estos cambios vaya en contra de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde las elecciones de 2015.

Una vez que asumió el parlamento unicameral opositor, el Ejecutivo prescindió de él para seguir gobernando, y recurrió a diversos mecanismos para atribuirse funciones extraordinarias. Ya en ese entonces anunció que buscaría fortalecer el Parlamento Comunal, una instancia parlamentaria en la que participan representantes de las comunas. La oposición venezolana advierte que la Asamblea Constituyente recurrirá a este Parlamento Comunal o a cualquier fórmula alternativa para socavar el poder de la Asamblea Nacional.

La oposición también ha denunciado que el gobierno de Maduro está creando las condiciones adecuadas para postergar las elecciones regionales y municipales previstas para este año y las presidenciales de 2018. De esta forma, asegura, el chavismo podrá decir que sigue teniendo el respaldo de la población, aunque esto no sea cierto, y mantenerse en el poder. En este sentido, la consejera del CNE Socorro Hernández dijo el fin de semana en una entrevista con el diario Panorama que el cronograma electoral para este año puede verse afectado por los tiempos y las definiciones de la Asamblea Constituyente.

Ayer empezaron a verse algunas pistas de por dónde irán esos cambios. La constituyente electa y ex canciller Delcy Rodríguez anunció que presidirá una Comisión de la Verdad, de Reparación a las Víctimas y la Paz que va a establecer un nuevo sistema de justicia penal, informó el canal oficial VTV. Esta comisión, indicó, va a investigar “los crímenes de odio, espantosos” que ha cometido “la derecha venezolana”, para “determinar la verdad” y “aplicar la justicia”. Rodríguez agregó: “Para poder preservar la paz debemos aplicar justicia a quien sea responsable de estos hechos de violencia”.

A lo lejos

Varios países anunciaron que desconocen los resultados de las elecciones del domingo y en los próximos días se mantendrán varias reuniones multilaterales para evaluar la situación de Venezuela. En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que Venezuela sigue violando el derecho a manifestación al dispersar de forma “violenta” las movilizaciones. Además de instar a las autoridades a “cesar el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones”, pidió que se restablezca el derecho a reunirse y que se investiguen de forma independiente las muertes ocurridas hasta ahora.

Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Maduro por “las elecciones ilegítimas” del domingo.